El Gobierno de Javier Milei informó que quienes seguirán en el Estado lo harán bajo un contrato de tres meses. Pasado ese período reverán la situación.
En medio de la ola de despidos, el gobierno de Javier Milei anunció que los contratos renovados de los empleados del Estado se firmaron con una duración máxima de tres meses. Cumplido dicho periodo, reverán la situación y determinarán si vuelven a renovarlos o los dan de baja.
La medida quedó plasmada en el decreto 286 publicado este miércoles en el Boletín Oficial. El Gobierno renovó por tres meses los contratos que históricamente fueron renovados de manera semestral o anual, al tiempo que no cerró la puerta a la posibilidad de que sean dados de baja en un menor tiempo del mencionado.
El Presidente lo anunció en el IEFA Latam Forum, un foro económico con presencia de empresarios que se llevó adelante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El secretario general de ATE sostuvo que podrían realizar "ocupaciones pacíficas" si el presidente Javier Milei efectiviza el despido de empleados estatales.
“Con el fin de garantizar la continuidad de las contrataciones por razones impostergables de funcionamiento de la administración pública nacional, es que resulta necesario ampliar la facultad otorgada a los funcionarios con competencia en la materia para poder disponer la prórroga de los contratos como máximo hasta el 30 de junio de 2024″, especificó el Boletín Oficial.
Según informó la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), son hasta el momento 11 mil los empleados de la administración pública despedidos. Desde el sindicato apoyaron los ingresos masivos de trabajadores efectuados este miércoles a manera de protesta en diversos organismos y ministerios que sufrieron el vaciamiento.
Por otra parte, convocaron a un plenario federal para las 15.30 de este miércoles en la sede del sindicato con delegados de todas las provincias, para debatir la profundización del plan de lucha. "El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular. Provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE en su cuenta de X, y apuntó: “No vaya a ser cosa que el Presidente y sus funcionarios terminen presos antes de lo que cualquiera pudiera imaginar”.
Aguiar explicó que “vulnerar la garantía de estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional decenas de miles de veces a su vez provoca la supresión de otros derechos fundamentales que tiene toda la sociedad”.
“Despedir tantos trabajadores a tal punto que hasta delegaciones enteras tienen que cerrar, como ocurrió con ANSES, restringe de manera grave el derecho a la seguridad social, y lo mismo empieza a ocurrir con otros servicios esenciales que el Estado está obligado a brindar: educación, salud, seguridad alimentaria y hasta la posibilidad de prevenir catástrofes, cuestión ahora afectada porque el recorte alcanzó hasta el Servicio Meteorológico Nacional”, agregó