El gobierno de Javier Milei prepara su defensa judicial frente al amparo de la CGT contra la reforma laboral y el traspaso del fuero laboral a CABA.
El gobierno nacional se prepara para enfrentar en los tribunales la ofensiva judicial lanzada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral sancionada durante las sesiones extraordinarias del Congreso.
La central sindical presentó un amparo con el objetivo de frenar la entrada en vigencia de varios artículos de la ley, especialmente los que habilitan el traspaso del fuero laboral de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La reciente reforma laboral abrió interrogantes sobre su alcance real y generó expectativa entre trabajadores y empresas mientras se esperan definiciones clave.
Los tres cosecretarios generales de la CGT se presentaron en la Justicia con escritos ante los fueros Laboral y Contencioso Administrativo
La presentación fue realizada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico. Desde la CGT buscan que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de los artículos vinculados al traspaso del fuero laboral, al considerar que la medida no cumplió con los requisitos constitucionales y podría generar incertidumbre tanto para trabajadores como para funcionarios judiciales.
Además, la central sindical anticipó que podría presentar nuevas medidas cautelares en tribunales de primera instancia y en el fuero laboral para frenar la implementación de la reforma.
En la Casa Rosada dan por descontado que la judicialización de la reforma laboral será inevitable y por eso comenzaron a organizar la defensa legal del nuevo esquema. Según fuentes citadas por Infobae, el peso principal de la estrategia recaerá en el nuevo equipo del Ministerio de Justicia, ahora encabezado por Juan Bautista Mahiques.
"La estrategia depende de ellos, principalmente, aunque va a seguir habiendo coordinación", señalaron desde la anterior conducción del Ministerio.
En ese esquema también tendrá un rol relevante la Procuración del Tesoro, el organismo que reúne a los abogados del Estado. El Gobierno anunció recientemente que el nuevo titular será Sebastián Amerio, exsecretario de Justicia.
Antes del recambio de autoridades, el diseño de la estrategia también incluía a la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, a cargo de María Ibarzabal Murphy, con coordinación del asesor presidencial Santiago Caputo. Desde ese entorno ya anticipaban el escenario judicial: "Estamos trabajando en prevenir la judicialización que sabemos que va a ocurrir. Descontamos que termina en la Corte".
Dentro del oficialismo identifican varios aspectos de la reforma laboral que podrían convertirse en el eje de futuras demandas judiciales. Entre ellos figuran la prioridad de los convenios de empresa por sobre los convenios colectivos nacionales, la limitación de la ultraactividad en los acuerdos laborales y la modificación del cálculo de las indemnizaciones.
Otro foco de conflicto es la transferencia de la Justicia del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, una discusión institucional que se arrastra desde la reforma constitucional de 1994.
A través del Decreto 95/2026, el Gobierno autorizó al jefe de Gabinete Manuel Adorni a firmar los acuerdos para concretar el traspaso del fuero laboral. Sin embargo, la CGT considera que el procedimiento es irregular porque, según su interpretación, debería intervenir la Comisión Bicameral correspondiente.
La controversia también involucra a otros actores del sistema judicial. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó cuestionamientos al tratamiento legislativo del tema, mientras que desde el Gobierno porteño manifestaron su intención de que la transición se realice de manera ordenada. En ese sentido, el procurador de la Ciudad, Javier Martínez Zabaleta, sostuvo que la prioridad es garantizar un proceso institucional claro.
En el entorno del presidente Javier Milei, no obstante, confían en que la reforma logrará superar el test judicial. El oficialismo se apoya en antecedentes de la Corte Suprema que avalaron reorganizaciones del fuero laboral en la Ciudad.
Uno de los involucrados en el diseño de la estrategia había afirmado ante Infobae: "Van a intentar discutir todo, con justicia laboral a medida, pero van a perder".
Mientras avanza el frente judicial, la CGT mantiene su presión política y sindical con movilizaciones y la amenaza de nuevos paros generales. Desde el Gobierno, en cambio, insisten en que los cambios impulsados forman parte de una modernización del sistema laboral.
Según fuentes cercanas a la Casa Rosada, el nuevo ministro de Justicia ya tiene el tema como prioridad. "Juan Bautista (Mahiques) llegó hace muy poco tiempo, pero ya está en autos de que es un tema de especial prioridad para el Presidente", señalaron desde el entorno presidencial.
En paralelo, Mahiques anticipó que en los próximos días podría convocar veedores para que participen en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). "No vengo a tapar ninguna investigación", afirmó en declaraciones a LN+.
En ese contexto, también volvió a manifestar su postura favorable a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). "No es que yo las valide. Hay una causa judicial en trámite que la Corte Suprema tiene que resolver por las SAD. Yo estoy a favor. Me gustaría que cada club elija si quiere tener eso o no. Que los clubes tengan la posibilidad, a través de sus socios, si quieren ser una SAD o no. Me parece mal que la AFA les quite esa posibilidad o no".