El gobierno nacional oficializó este martes, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, la postergación hasta diciembre de la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el sistema obligatorio previsto en la reforma laboral para financiar indemnizaciones por despidos. Además, extendió a un año el plazo durante el cual las empresas no podrán utilizar los recursos acumulados.
La medida modifica el cronograma original, que establecía el inicio del esquema para el 1° de noviembre, y responde a un pedido de las cámaras de fondos comunes de inversión, que solicitaron más tiempo para completar la implementación de los instrumentos financieros.
Sin embargo, el cambio más importante está relacionado con la disponibilidad del dinero. Aunque las empresas comenzarán a realizar sus aportes, los fondos deberán permanecer invertidos durante 12 meses antes de poder utilizarse para pagar indemnizaciones o afrontar juicios laborales. De esta manera, los primeros rescates recién podrán concretarse en 2028.
Las empresas deberán afrontar las indemnizaciones con recursos propios durante el primer año de vigencia del FAL
La reforma laboral había establecido inicialmente un período de carencia de seis meses, pero el Ejecutivo consideró que ese plazo resultaba insuficiente para constituir un patrimonio capaz de responder de manera sostenible a las obligaciones de las compañías.
¿Cómo funcionará el FAL y qué pasará con las indemnizaciones?
El FAL será obligatorio para todas las empresas con trabajadores en relación de dependencia, desde pequeñas y medianas firmas hasta grandes compañías. Su financiamiento no implicará, en términos generales, una carga tributaria adicional, sino una redistribución de parte de las contribuciones patronales que actualmente se destinan a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
En concreto, las pymes destinarán el 2,5% de sus contribuciones patronales al fondo, mientras que las grandes empresas aportarán el 1%. Esos recursos serán canalizados hacia el mercado de capitales y podrán invertirse en un conjunto limitado de activos, principalmente bonos del Ministerio de Economía y acciones de determinadas compañías.
Las pymes destinarán el 2,5% de sus contribuciones patronales al FAL y las grandes empresas aportarán el 1%
Durante el primer año, las empresas no podrán retirar el dinero acumulado. Por lo tanto, aquellas que necesiten despedir trabajadores o afrontar sentencias judiciales laborales deberán continuar pagando esas obligaciones con recursos propios, independientemente de los aportes que realicen al nuevo sistema.
"Aportan al FAL pero no lo pueden usar. Igualmente, salvo casos puntuales, lo que se aporta al FAL resta de las contribuciones patronales por lo cual no hay un perjuicio económico", explicó Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.
El impacto del fondo para despidos en el mercado financiero y la ANSES
El Gobierno estima que, una vez consolidado, el Fondo de Asistencia Laboral podría incorporar alrededor de US$ 2.000 millones al mercado de capitales. La extensión del período de carencia busca garantizar que esos recursos permanezcan invertidos durante todo 2027, sin retiros destinados al pago de indemnizaciones.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que la implementación requiere una etapa gradual para “verificar su adecuado funcionamiento y detectar y corregir eventuales errores, inconsistencias o demoras”. También señaló que el volumen de aportes acumulados será determinante para preservar la “solvencia, liquidez y estabilidad financiera” del sistema.
El Gobierno estima que el nuevo fondo para despidos tendrá un costo fiscal para la ANSES de casi el 0,2% del PBI anual
La modificación también tendrá consecuencias fiscales. Según las estimaciones del Ministerio de Economía incluidas en el Presupuesto 2027, el desvío de contribuciones patronales hacia el FAL representará para la ANSES un costo equivalente a casi el 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI) anual. En ese contexto, el aplazamiento hasta diciembre permitirá demorar el impacto sobre los ingresos previsionales.
Desde el sector financiero, la decisión fue recibida favorablemente: "La prórroga representa un alivio para todos los proveedores, ya que estamos en plena etapa de implementación de los productos. Al mismo tiempo, permite ordenar mejor el ingreso de los aportes, que comenzarán a efectivizarse a partir de enero, bajo un nuevo período fiscal", señaló Leonardo Pirolo, director de Capital Markets en TMF Group.
