El caso Skanska, por el que fue condenado Julio De Vido, investigó el pago de sobornos y el uso de facturas falsas para adjudicar obras de gasoductos.
El Tribunal Oral Federal N° 4 condenó este lunes a los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido y José López a 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el cobro de sobornos y administración fraudulenta contra el Estado en el marco del caso Skanska, el primer gran escándalo de corrupción que salió a la luz durante el primer mandato de Néstor Kirchner.
El veredicto fue dado a conocer este mediodía por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez, quienes también dictaron condenas para ex directivos de la empresa sueca y otros intermediarios involucrados en la maniobra investigada. De los 30 acusados que llegaron al juicio oral, iniciado en 2024, 17 fueron absueltos.
Daniel Rafecas pidió nueva documentación en la investigación sobre las declaraciones juradas de Francisco Adorni, mientras analiza un pedido de indagatoria.
El Gobierno enfrenta trabas para avanzar con la reforma en las elecciones 2027. La eliminación de las PASO y las listas colectoras no reúnen apoyo político.
Entre los ex ejecutivos de Skanska, Mario Piantoni, ex máximo responsable de la compañía en la región; Gustavo Vago, ex presidente de la empresa en la Argentina; y Javier Azcárate, ex gerente comercial, fueron condenados a 4 años de prisión.
En tanto, Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba recibieron penas de 3 años de prisión condicional por su participación en los hechos juzgados.
El caso Skanska fue el primer hecho de corrupción que salió a la luz durante el primer mandato kirchnerista. La investigación se centró en el presunto pago de sobornos y sobreprecios por parte de la constructora sueca para obtener la adjudicación de las obras de ampliación de dos gasoductos en 2004.
Según la acusación, la empresa direccionó licitaciones y sobornó a ex funcionarios públicos, al tiempo que ocultó el esquema mediante un sistema de facturas falsas emitidas por más de 20 empresas fantasma, que simulaban servicios que nunca fueron prestados.
Una de las pruebas centrales de la causa fue una grabación realizada dentro de la propia compañía, en la que un ejecutivo afirmaba que se habían pagado coimas para asegurar la adjudicación de las obras.
