El Ejecutivo cerró la Unidad que indagaba sobre $Libra, el criptoactivo impulsado por Javier Milei, en medio de una investigación por presunta estafa.
El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada en febrero para indagar sobre el escándalo de la criptomoneda $Libra, impulsada en redes sociales por el propio presidente Javier Milei. El Decreto N°332/2025, publicado en el Boletín Oficial, lleva las firmas del mandatario y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
La UTI había sido constituida el 19 de febrero, apenas 5 días después del tuit con el que el mandatario argentino promovió el criptoactivo; y su función era reunir información sobre $Libra y colaborar de forma directa con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. En ese marco, se encontraba bajo la órbita de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y había recibido datos de múltiples organismos estatales: la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Secretaría General de la Presidencia, la Casa Militar, la Dirección Nacional de Migraciones, la Oficina Anticorrupción y la Secretaría Legal y Técnica, entre otros.
El Gobierno argentino anunció una reforma migratoria que endurecerá el otorgamiento de residencias e impondrá el cobro de servicios básicos para extranjeros.
Con Manuel Adorni a la cabeza, el partido de Javier Milei ganó las legislativas en CABA. El PRO quedó tercero y no venció en ninguna comuna de la Ciudad.
Según argumentó el Gobierno, la UTI cumplió su propósito al elaborar un informe que ya fue entregado al Ministerio Público Fiscal y, por este motivo, se resolvió su cierre, tras apenas 3 meses de funcionamiento.
La medida también se interpreta como un intento del Ejecutivo por cerrar el frente político que generó el escándalo en el Congreso. La comisión especial de la Cámara de Diputados que debía investigar la polémica quedó empantanada luego de una jugada de Martín Menem: al dividir los bloques afines al oficialismo, logró una paridad de catorce votos que impidió designar autoridades.
La oposición buscará reactivar esa comisión este miércoles, aprovechando una sesión convocada para debatir iniciativas previsionales. Mientras tanto, los ministros de Economía y Justicia, Luis Caputo; y de Justicia evitaron dos citaciones legislativas y podrían ser convocados directamente a declarar ante la comisión investigadora, si se logra su constitución.
En la Casa Rosada, la estrategia es diluir el debate institucional dentro de las comisiones ya existentes, apelando a informes oficiales. No obstante, referentes dialoguistas cercanos al oficialismo insisten en que el caso debe ser resuelto en el ámbito judicial.
En paralelo, la causa judicial avanza de la mano de la jueza María Servini de Cubría, quien ordenó el congelamiento de bienes y activos financieros de los principales implicados en el supuesto fraude. Además, instruyó medidas reservadas para investigar el patrimonio de Javier y Karina Milei, esta última secretaria general de la Presidencia.
El fiscal del caso también solicitó a expertos en investigación patrimonial que elaboren propuestas de medidas para analizar la evolución económica de los hermanos Milei y de los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, vinculados al evento Tech Forum, donde habría nacido el proyecto $Libra.
En el mismo fuero penal federal, se sumó una nueva denuncia contra Karina Milei, acusada de cobrar coimas para facilitar entrevistas con su hermano. La presentación la señala como “la valijera” del Gobierno.