Colegios profesionales rechazan un proyecto de Javier Milei que elimina la matrícula obligatoria. Advierten por el riesgo de vaciamiento de los controles.
El gobierno de Javier Milei avanza con un proyecto de ley que busca eliminar la matrícula obligatoria y debilitar el rol de los colegios profesionales. La iniciativa generó un fuerte rechazo de distintas entidades, que denuncian el vaciamiento del sistema de control ético y técnico del ejercicio profesional.
El proyecto fue presentado por la diputada de La Libertad Avanza Marcela Pagano y plantea una modificación al Decreto 2293/92. La propuesta elimina la obligación de matricularse en los colegios profesionales y establece la creación de un Registro Nacional de Profesionales bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, dejando sin efecto las cuotas obligatorias y reduciendo a los colegios a meras entidades administrativas.
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Desde los colegios advierten que la iniciativa desarticula un sistema centenario que garantiza la calidad en el ejercicio profesional. Entre otras funciones, los colegios se encargan del control ético, la fiscalización, la formación continua y la defensa legal de los matriculados, tareas que quedarían sin sustento ante el vaciamiento propuesto por el oficialismo.
Además de eliminar el financiamiento a través de las cuotas, el proyecto establece un plazo de 120 días para que los colegios cedan sus bases de datos al nuevo registro nacional. También perderían su capacidad sancionatoria, regulatoria y recaudatoria, lo que en la práctica significa su disolución como órganos de control profesional.
El rechazo fue contundente. La Confederación General de Profesionales de la República Argentina (CGP) y la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su rechazo "unánime y categórico" a una iniciativa que consideran inconstitucional, centralista y peligrosa para la calidad de los servicios.
Ambas entidades recordaron que el artículo 121 de la Constitución Nacional garantiza que las provincias conserven todo poder no delegado, incluyendo la regulación del ejercicio profesional. En ese sentido, advirtieron que el proyecto representa una clara intromisión del gobierno nacional en competencias reservadas a las jurisdicciones.
"El proyecto desfinancia, desregula y desprotege", advirtieron desde el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. Según explicaron, sin la estructura que hoy sostienen los colegios, se verían afectadas tareas esenciales como la auditoría ética, las capacitaciones y el resguardo frente a la mala praxis. "Va contra la salud pública, la seguridad jurídica y el desarrollo profesional", remarcaron.
La crítica también apunta contra el argumento oficial de "abaratamiento" y "reducción de burocracia". Para las entidades profesionales, ese discurso abre la puerta a prácticas deficientes. Señalan que en provincias donde el sistema de colegiación es débil, se incrementaron los casos de intrusismo, mala praxis y abandono del control profesional.
En paralelo al tratamiento del proyecto en comisiones, el Ministerio de Salud publicó la Resolución 1641/2025, que dispone que todos los profesionales que trabajen en organismos del Estado nacional deberán contar con matrícula nacional como único requisito para ejercer. La medida elimina la necesidad de matrículas provinciales para esos casos y profundiza el plan de recentralización.
El Colegio de Médicos bonaerense respondió con un comunicado donde recordó que el control del ejercicio profesional en la provincia sigue siendo facultad del propio colegio, conforme al Decreto Ley 5413/58. Advirtieron que la medida del Ministerio de Salud no puede imponerse sobre la legislación provincial ni modifica las exigencias para consultorios privados, clínicas o hospitales de gestión mixta.
La reforma también pone en riesgo el sistema previsional de las profesiones, advierte la Coordinadora de Cajas. Las entidades previsionales son financiadas con aportes de los propios trabajadores y responden a las realidades de cada provincia. El nuevo esquema nacional, sin consulta previa y sin participación de las cajas, podría generar incertidumbre y desprotección para miles de profesionales y sus familias, según afirman.