Un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA) presentó en las últimas horas un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sancionada hace 3 años en el Congreso argentino. El documento propone penas de 3 a 10 años de prisión para quienes practicaran un aborto.
Luego del fracaso legislativo del martes durante la votación de la Ley Ómnibus, el oficialismo ingresó el nuevo proyecto presentado por la diputada Rocío Bonacci, que tiene como fin la derogación de la ley para el aborto seguro, legal y gratuito, y cuenta con las firmas de Oscar Zago, Lilia Lemoine, Manuel Quintar, Beltrán Benedit y María Fernanda Araujo.
La iniciativa no solo pretende derogar la Ley IVE, sino que también busca modificar el Código Penal en relación a los abortos legales y solo permite su práctica cuando haya "peligro inminente" para la vida de la mujer. Además, aumenta las penas de prisión para quienes se sometan a un aborto voluntario y para quienes lo realicen y deroga las penas vigentes para los funcionarios públicos que obstaculicen las prácticas.
En el articulado del polémico proyecto se propone la reclusión o prisión de 3 a 10 años, si el aborto se realiza sin consentimiento de la mujer y agrega: "Esta pena podrá elevarse hasta 15 años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer". La iniciativa también insiste en modificar el artículo 86 que se refiere a los especialistas a cargo de los abortos: y añade en ese sentido que "sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo".
La norma prevé volver a penalizar la interrupción voluntaria de un embarazo y por ello también propone una modificación del artículo 88 del Código Penal para establecer que "será reprimida con prisión de 1 a 3 años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare". Del mismo modo se establece que "la tentativa de la mujer no es punible" y que "el juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho".
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Más de 250 mil personas accedieron a un aborto legal y seguro en instituciones públicas de salud en todo el país desde que entró en vigencia la Ley 27.610 (IVE).
"Nuestra propuesta apunta a eliminar la injusta y arbitraria distinción que la redacción actual traza entre los abortos realizados antes de la semana 14 sin reproche penal- y los realizados luego de dicho plazo -penalizados en los casos en que no se verifiquen las causales de no punibilidad-, en la convicción de que dicha distinción sienta un peligroso precedente al crear, de hecho, categorías de personas", plantearon los legisladores de LLA en los fundamentos de la iniciativa.
LA INTERNA EN EL GOBIERNO
Luego de que se difundiera la presentación del proyecto iniciado por la diputada santafesina, su compañera de bloque Lilia Lemoine negó haber firmado el documento original que ingresó en la Cámara de Diputados. "Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era momento ahora y me metió igual. Es muy dañino", señaló y responsabilizó "a la diputada que lo soltó sin tomar las precauciones necesarias para que no caiga en saco roto".
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La diputada Lilia Lemoine aseguró que su firma fue añadida en el proyecto sin su consentimiento.
Por su parte, una porción de la militancia libertaria cuestionó el momento en que se presentó el proyecto y el hecho de que no fuera consultado al presidente Javier Milei.
Frente a esta situación, Bonacci salió a aclarar en sus redes sociales: "El proyecto es mi iniciativa no del Ejecutivo y ha sido puesto a la consideración del cuerpo que integro. Defiendo la vida. Ni más, ni menos. Los diputados pueden y deben presentar proyectos. No sabía que tenia que pedir permiso para proceder…".