Por primera vez en la historia judicial de La Plata, se adjunta un petitorio con georreferenciación de vecinos en apoyo a un condenado que asegura ser inocente.
En un hecho sin precedentes para el sistema judicial de La Plata, la defensa de un hombre condenado en primera instancia presentó un petitorio con decenas de firmas de vecinos de Punta Lara, geolocalizadas y validadas digitalmente, como una contundente prueba de su arraigo y de la convicción comunitaria sobre su inocencia.
Este innovador respaldo se enmarca en un caso que ha reavivado el debate sobre las investigaciones penales, la presunción de inocencia y el riesgo de error judicial.
A 15 años de la salidera bancaria que terminó con la vida de Isidro, el bebé de Carolina Piparo, un repaso por la situación actual de los cinco condenados.
El padre de Iván Gómez rompió el silencio tras la condena por la picada fatal en el Bosque y apuntó con dureza al acusado.
El origen del caso se remonta al 19 de julio de 2024, cuando un remisero fue asaltado a punta de cuchillo en Punta Lara, partido de Ensenada. Un año después, en un debate oral unipersonal a cargo del juez Hernán Decastelli, A.E.G. –el vecino que había solicitado ese viaje– fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión como autor del robo. Una sentencia que, para su familia, abogados y ahora sus vecinos, está fundada en una investigación deficiente que ignoró pruebas clave y alternativas.
El documento presentado, del que este medio tuvo acceso, contiene las firmas de decenas de residentes de la zona, cada una asociada a su domicilio, creando un mapa tangible de apoyo. Apellidos como Soto, Lemos, Vega, Godoy, y Martínez, entre muchos otros, se listan en el petitorio que acompaña la apelación.
No es una simple lista de identidades; es una prueba de comunidad. Geolocalizar cada firma busca otorgar una veracidad incontestable, demostrando que son vecinos reales, que conocen al acusado y que creen en su versión de los hechos.
"Es la voz de un barrio que ve cómo uno de los suyos, un trabajador con familia, es llevado preso por un hecho que no cometió. Estas firmas son un grito de auxilio a la Justicia, una prueba de que su vida entera, su arraigo, fue ignorado en la sentencia", argumenta Ignacio Fernández Camillo, abogado defensor de A.E.G.
La defensa de A.E.G. siempre mantuvo una línea clara: su cliente pidió un remis, un vecino se subió con él con el pretexto de acompañarlo a comprar medicamentos para su hijo, y fue este tercero quien cometió el asalto. Fernández Camillo asegura que las pruebas que avalaban esta versión –registros de cámaras de seguridad, informes laborales que certifican sus más de 12 años de trabajo registrado, declaraciones testimoniales– fueron "desestimadas o no valoradas en su justa medida". Además, denuncia que la persona señalada por A.E.G. como el verdadero autor nunca fue investigada en profundidad. "Únicamente se le preguntó a la víctima si lo conocía. Nadie controla el trabajo de los fiscales de instrucción", denuncia el letrado. "El juez no valoró el hecho de que el sindicado este preso por otro hecho también con cuchillo", resaltaron en la defensa.
La paradoja es cruel: el individuo señalado por el condenado hoy se encuentra detenido, pero por otro hecho violento completamente diferente (violación de domicilio y apuñalamiento). "El autor está preso, pero por otro delito. Mientras tanto, un inocente paga por un hecho que no cometió”, remarcan desde el entorno de A.E.G.
El impacto de la condena ha sido devastador para A.E.G., papá de cinco hijos y con empleo en blanco desde hace más de 12 años. Fuentes cercanas a su familia relatan que "llora todas las noches en el calabozo" y que desde que escuchó el fallo sufre una profunda depresión, con pensamientos suicidas y una urgente necesidad de atención psicológica que, alegan, no está siendo suficientemente atendida en la unidad carcelaria donde se encuentra recluido. "No solo le quitaron la libertad, le están quitando las ganas de vivir", afirman.
El caso ahora será elevado al Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. La defensa fundamentará su apelación en la falta de una investigación exhaustiva, la incorrecta valoración de las pruebas presentadas y la violación al principio de presunción de inocencia y al debido proceso.
La condena de primera instancia deja preguntas abiertas y peligrosas: ¿basta con una duda para condenar a una persona a casi una década de prisión? ¿qué garantías tiene un ciudadano común cuando la investigación elige ignorar líneas de pesquisa que podrían exculparlo?
El caso de A.E.G. ya empieza a resonar en los pasillos de los tribunales de La Plata como un potencial error judicial. Las firmas geolocalizadas de sus vecinos son más que un papel; son un testimonio moderno y colectivo de que a veces, la justicia puede pasar por alto la verdad, pero la comunidad que lo rodea, no.