Vecinos de Ignacio Correas denuncian construcciones y movimientos de tierra en la cuenca del arroyo El Pescado, pese a una orden judicial.
Vecinos y organizaciones ambientales denunciaron la violación de una medida cautelar y de la normativa municipal vigente en un sector protegido de Ignacio Correas, donde se detectaron obras particulares pese a la prohibición judicial de realizar construcciones que puedan afectar la cuenca del arroyo El Pescado y su entorno natural.
La denuncia apunta a trabajos realizados dentro del loteo ubicado en la zona comprendida entre las calles 694 a 696 bis, entre 26 y 27 bis. Se trata de un sector alcanzado por una medida judicial de “no innovar” que ordena suspender cualquier actividad que pueda dañar el humedal y su área de influencia.
El Gobierno bonaerense habilitó la vigencia del COUT, que introduce parámetros urbanísticos para organizar alturas, densidades y expansión en La Plata.
Para los desarrolladores, el nuevo COUT de La Plata reduce alturas y metros edificables, recorta oferta futura y presiona al alza el valor del metro cuadrado.
Según indicaron vecinos y vecinas del lugar, durante diciembre se detectaron movimientos de tierra y construcciones, por lo que se dio aviso a autoridades locales y a la Subsecretaría de Planeamiento municipal. La zona forma parte de la cuenca del arroyo El Pescado, declarado Paisaje Protegido por la Provincia de Buenos Aires.
La medida cautelar fue ampliada hace un año por la Justicia Contencioso Administrativa de La Plata, luego de aceptar un recurso destinado a preservar la calidad ambiental del único curso de agua no contaminado de la región. La resolución establece la suspensión de movimientos de suelo, apertura de calles, producción y construcción de obras particulares, entre otras acciones.
A las disposiciones judiciales se suma el Código de Ordenamiento Urbano municipal recientemente sancionado, que clasifica el área como “rural extensivo”. Esta normativa restringe la construcción de viviendas particulares y solo habilita obras vinculadas a actividades rurales, prohibiendo expresamente la generación de núcleos residenciales dispersos o loteos encubiertos.
Pese a ello, el pasado 3 de diciembre se advirtió la colocación de una piscina y otras tareas de obra. Los vecinos aseguran que los trabajos continuaron en los días posteriores, lo que incrementó la preocupación en la comunidad.
El conflicto se agrava por antecedentes de intimidación: una vecina de la zona denunció ante 0221.com.ar haber recibido amenazas por parte de uno de los presuntos compradores de los terrenos cuestionados.
Desde la Asamblea Vecinal Cuidemos Correas solicitaron la intervención urgente de los organismos competentes para garantizar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar. También reclamaron que se informe adecuadamente a potenciales compradores sobre la existencia de la resolución judicial, mediante la colocación de cartelería, una medida que -según señalaron- la Municipalidad se había comprometido a implementar.