El abogado Germán Oviedo cuestionó la resolución del juez Silva Pelossi y pedirá la libertad de los detenidos. Sostiene que no hay pruebas de un plan homicida.
Tras la decisión del juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi de dictar la prisión preventiva para siete de los ocho imputados por la violenta interna de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en La Plata, la defensa de los acusados anunció que recusará la medida ante la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal.
El abogado Germán Oviedo, que representa a varios de los detenidos, anticipó que en la resolución judicial que "no hay elementos suficientes para sostener que hubo una tentativa de homicidio". En ese marco, el planteo formal será presentado en los próximos días y buscará revertir la situación procesal de los integrantes de la Agrupación Blanca y Azul del gremio, liderada por Iván "El General" Tobar, a quienes el fiscal Gonzalo Petit Bosnic acusa de haber protagonizado una emboscada brutal contra sectores rivales en la vía pública y en el Hospital San Roque de Gonnet.
Cristian Camilleri responsabilizó a Tobar por los incidentes en La Plata y apuntó a su vínculo con la Policía y el manejo de la UOCRA.
Según pudo saber 0221.com.ar de fuentes judiciales, la estrategia de la defensa apunta a desacreditar la calificación legal impuesta por el Ministerio Público: Oviedo sostiene que "no hubo un acuerdo previo, ni una estructura organizada con fines homicidas", sino un enfrentamiento entre facciones rivales del sindicato en un contexto de tensión creciente. En su presentación ante la Cámara, insistirá en que el hecho debe encuadrarse como lesiones y no como tentativa de homicidio agravada, lo que cambiaría radicalmente el escenario judicial para los acusados.
El abogado también buscará desacreditar la figura del "instigador" atribuida a Tobar, quien quedó comprometido como el presunto cerebro del ataque en función de su rol de liderazgo en la agrupación gremial, el vínculo con los autores materiales y su aparición en los videos que reconstruyen el recorrido de la caravana de agresores.
El juez Silva Pelossi resolvió dictar la prisión preventiva para Tobar, sus dos hijos Rodrigo y Santiago Tobar, Luis Nievas, Nehuén García, Emiliano D'Amico, Braian Gamarra y Franco Gamarra, todos acusados de "tentativa de homicidio agravada por el concurso premeditado de personas y el uso de armas de fuego, en concurso real con daño agravado". El único beneficiado con la libertad fue Víctor Alexis Ybarra, quien fue filmado conduciendo uno de los vehículos que formaron parte de la caravana, pero según el juez no hay evidencia de su participación activa en la agresión dentro del hospital.
Los hechos investigados ocurrieron el 25 de marzo de 2025 y tuvieron dos episodios centrales: una golpiza y apuñalamiento contra Fernando Sacconi en la vía pública y una posterior irrupción violenta en el citado centro de salud, donde al menos cuatro personas fueron heridas con cuchillos, varillas, hachas y armas de fuego. Entre los lesionados se encuentra Cristian Camilleri, jefe de la barrabrava de Gimnasia conocido como "El Volador".
Los enfrentamientos generaron una fuerte conmoción en la zona y parte de ellos incluso fueron filmados por los testigos.
Las instalaciones del reconocido hospital público quedaron seriamente dañadas e incluso varios de los trabajadores del centro de salud resultaron heridos, aunque afortunadamente ninguno de ellos de gravedad.
Con el recurso en preparación, la Cámara Penal de La Plata será el nuevo escenario donde se librará la próxima batalla judicial. Si bien los plazos son acotados, fuentes cercanas al tribunal anticiparon que la resolución del juez Silva Pelossi es sólida y con fuerte sustento probatorio, por lo que revertirla no será fácil.
En paralelo, el expediente sigue en plena instrucción. El fiscal Petit Bosnic aguarda pericias complementarias sobre telefonía, comunicaciones, geolocalización y ADN, que podrían reforzar o ampliar la acusación, por lo que no se descarta que aparezcan nuevas imputaciones, incluso por asociación ilícita, si se confirma que la estructura actuó bajo una lógica de organización criminal con reparto de funciones.
La interna gremial, en tanto, sigue generando tensión en el territorio platense. La conducción formal de la UOCRA nacional intenta despegarse de los hechos y mantener las obras en marcha, pero la sombra de la violencia sigue pesando. La aparición de barras bravas en el corazón del conflicto y la exhibición de armas en plena vía pública reavivaron las alarmas.
Hasta el momento, la conducción nacional del sindicato emitió declaraciones sobre el avance judicial del caso, pero en los tribunales locales, sin embargo, reconocen que la causa se convirtió en un ejemplo de cómo la violencia sindical puede trasladarse a escenarios públicos con niveles de riesgo inusitados. Mientras tanto, la apelación de la defensa busca abrir un compás de espera que frene el desgaste judicial de los Tobar y su círculo más cercano. Pero el cerco probatorio es cada vez más sólido, y los jueces de la Cámara deberán analizar si los acusados merecen esperar el juicio en libertad o tras las rejas. En La Plata, el poder gremial se disputa en todos los frentes: en la calle, en los hospitales… y en los tribunales.