Todos están acusados de formar un entramado de facturación apócrifa, evasión y lavado de dinero con ramificaciones en múltiples firmas y personas físicas.
En una megacausa radicada en la Justiciaque sacude los cimientos del control fiscal en la región, el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, avanza en una compleja investigación que involucra a contadores, empresarios y prestanombres en un presunto esquema de asociación ilícita fiscal, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.
La contadora Natalia Foresio, junto a su pareja Luis Mauricio Cortazzo, Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti, se encuentra en el centro de escena por una maniobra que —según la acusación— operó al menos desde 2020 a través de un andamiaje de empresas ficticias utilizadas para generar créditos fiscales truchos y facilitar la salida ilegal de dinero del circuito formal.
La contadora, oriunda de La Plata, fue detenida tras una investigación que reveló facturas truchas vinculadas a empresas constructoras y obra pública.
La investigación, que comenzó por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), derivó en el procesamiento de decenas de personas físicas y jurídicas, el embargo de bienes y cuentas bancarias, la inactivación de CUITs y, en el caso de Foresio, la prisión preventiva por riesgo procesal. El resto de los acusados, Soria, Gatti y Cortazzo, fueron liberados bajo condiciones especiales mientras avanza el expediente.
El entramado, según reconstruyó la Justicia Federal, estaba encabezado por Foresio, identificada como jefa de la asociación ilícita. Desde su estudio contable en La Plata —siempre según la investigación—, coordinaba la creación de firmas "de papel" y gestionaba las claves fiscales de las empresas, muchas de ellas registradas en su propio domicilio o el de su pareja. Estas sociedades actuaban como "usinas" de facturación trucha, generando comprobantes falsos por servicios o bienes inexistentes, con el único propósito de simular gastos y reducir la carga tributaria de otras firmas que eran los verdaderos beneficiarios del ardid. Así, la maniobra se desplegaba en tres niveles empresariales:
Las empresas en la cima de esta cadena eran firmas con actividad real, algunas de ellas relacionadas con emprendimientos turísticos y hoteles vinculados a la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) en Mar del Plata, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde se canalizaba el dinero evadido. En la mira también está el Sindicato de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires (SSP). En la misma lista a investigar también aparece la pizzería Abra Maestro, ubicada en 14 y 42 de La Plata.
En la causa figuran decenas de nombres de empresas que se presumen "fantasmas" y habrían sido creadas al solo efecto de tener un domicilio fiscal. Tal es el caso de la firma "Romaco Mantenimiento y Construcciones SA", que declaró su sede en diagonal 73 N°2702 y al realizarse un allanamiento en dicho inmueble resultó ser una ferretería de nombre La Lucha. Los empleados del local desconocieron el nombre de "Romaco". Las actuaciones remitidas indican que la firma "Distribuidora Alcaraz SA" también funciona en ese lugar.
En cuanto a las empresas investigadas, se detalla un complejo entramado de personas físicas y jurídicas relacionadas con un esquema de facturación apócrifa, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Se identificaron más de 140 personas físicas y jurídicas cuyo común denominador era la contadora Foresio, vinculada a ellas como profesional.
ARCA agrupó a los contribuyentes investigados en seis bloques según sus indicios de falsedad y estado de fiscalización o investigación:
Además de estas categorizaciones por grupos, se profundiza en el rol de ciertas empresas dentro del esquema ilícito:
La investigación involucra a un gran número de empresas, muchas de ellas clasificadas como apócrifas o bajo fiscalización, que participaban en un esquema diseñado para generar crédito fiscal ficticio y facilitar la evasión impositiva y el lavado de activos.
Foresio, contadora pública, es señalada como la ideóloga y administradora de la estructura. Con acceso a sellos oficiales, claves fiscales, documentación societaria y el respaldo de una red de colaboradores, articulaba un sistema que funcionaba casi como una oficina paralela de emisión de facturas truchas.
El expediente consigna que usó fondos de una cooperativa ficticia —El Triunfo Ltda.— para pagar gastos personales y girar dinero a cuentas propias, lo que cierra el circuito de blanqueo del dinero generado en el primer eslabón del fraude.
Cortazzo, pareja de Foresio, aparece como coorganizador del esquema. Fue clave en la gestión de empresas pantalla, uso de cuentas bancarias y en la emisión de comprobantes apócrifos desde su propio domicilio. En la causa está vinculado con varias firmas, como socio, empleado o representante, y se lo acusa de haber usado el nombre de terceros para abrir sociedades y colocar fondos en circulación. También está vinculado a una residencia universitaria, utilizada para lavar dinero; y a la Cooperativa El Triunfo Patagónico, otra de las entidades fantasma.
Hugo Fernando Gatti, por su parte, fue socio en varias de las sociedades y titular de cuentas utilizadas para mover dinero en efectivo. Reconoció haber retirado sumas millonarias de entidades bancarias y haber actuado como representante de empresas como Pegattihu SA y la Cooperativa Dardo Rocha Ltda., ambas sin actividad comercial real. También aparece vinculado a Nicapon Comercializadora SAS, donde su tío figura como socio formal.
Claudia Mariela Soria, pareja de Gatti, figura como socia y gestora de varias firmas: Bakken Gruppe SRL, Tetsu Bethari SAS y Maiko Arya SAS, entre otras. Su participación fue activa: gestionó cuentas bancarias, firmó documentación y reclutó a familiares para figurar como socias en empresas pantalla. Admitió en la causa haber cobrado por estas gestiones.
Además de los cuatro principales imputados, la Justicia investiga a un número aún no cerrado de empresas y personas físicas que habrían sido utilizadas como pantallas o como clientes beneficiarios de los créditos fiscales simulados. Entre ellas, varias sociedades con domicilio en la región, CABA, Córdoba y Mar del Plata, y firmas con nombres tan disímiles como:
En muchos casos, las sociedades no tenían empleados registrados, carecían de estructura comercial, no poseían redes sociales ni web, y estaban registradas en domicilios residenciales. ARCA señaló inconsistencias en sus declaraciones juradas, flujos de fondos incoherentes con su capacidad económica, y reiteradas relaciones comerciales cruzadas con otras firmas del mismo entramado.
El expediente, que cuenta con miles de fojas y peritajes informáticos, contables y bancarios, avanza en la reconstrucción de la ruta del dinero. En varios casos se detectaron notas de crédito apócrifas emitidas por las "usinas" por valores superiores a las facturas originales, lo que multiplicaba artificialmente el crédito fiscal. También se verificaron operaciones bancarias trianguladas, con transferencias entre sociedades y personas físicas sin justificación económica.
Uno de los aspectos más relevantes que investiga el juez Kreplak es si parte del dinero terminó siendo utilizado en emprendimientos turísticos, inmobiliarios o políticos, y si existen funcionarios públicos activos o exlegisladores que se beneficiaron directa o indirectamente con esta estructura.
La causa ya tiene procesamientos firmes para Foresio, Cortazzo, Soria y Gatti. La Justicia dictó embargos millonarios, solicitó informes patrimoniales y pidió a la ex Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la inactivación de los CUITs de los investigados. Foresio sigue detenida, mientras los otros imputados fueron excarcelados bajo condiciones de comparecencia y prohibición de salir del país.
El expediente está lejos de cerrarse. No se descarta la incorporación de nuevos imputados y más empresas involucradas. La clave está en seguir el rastro del dinero.
La investigación por asociación ilícita fiscal, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada podría convertirse en una de las causas penales más relevantes de los últimos años en la Justicia Gederal de La Plata, tanto por su complejidad como por la red de intereses que parece haberse tejido en torno a las operaciones. Mientras tanto, ARCA mantiene la lupa sobre el entramado: la sombra de las empresas fantasma aún proyecta su amenaza sobre el control tributario argentino.