La contadora, oriunda de La Plata, fue detenida tras una investigación que reveló facturas truchas vinculadas a empresas constructoras y obra pública.
Una contadora de La Plata fue detenida acusada de encabezar una organización dedicada a la emisión de facturas truchas que facilitaban la evasión de tributos nacionales como el IVA y el Impuesto a las Ganancias. La maniobra habría provocado un perjuicio fiscal superior a los $4 mil millones.
La investigación, iniciada tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) en mayo de 2024, fue desarrollada por la Dirección General Impositiva (ARCA-DGI), junto con Gendarmería Nacional. La red operaba desde al menos 2020 y habría tenido vínculos con más de 100 empresas, en su mayoría del rubro de la construcción y vinculadas a obra pública.
La detenida, identificada como Natalia Foresio (48), será citada a indagatoria junto a otros presuntos implicados. Se la acusa de liderar una asociación ilícita fiscal y de participar en maniobras de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.
Los investigadores secuestraron 186 millones de pesos, 348.000 dólares, un millón de pesos uruguayos, euros, 5.161 reales y 3.100 libras esterlinas.
Durante los allanamientos, ordenados por el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, se secuestraron archivos digitales, documentación contable y una considerable suma de dinero: $186.900.000, USD 348.000, un millón de pesos uruguayos, euros, 5.161 reales y 3.100 libras esterlinas. Parte del dinero fue hallado en una propiedad vinculada a una firma sospechada de operar fuera de la ley.
Según fuentes oficiales, la detenida habría ingresado al rubro de la construcción en 2018, al crear una sociedad de responsabilidad limitada junto a su pareja. Desde entonces, habría desarrollado un esquema que permitía a empresas inflar gastos y créditos fiscales mediante facturas falsas o con operaciones simuladas.
En el expediente también aparecen empresarios del sector de obra pública, sospechados de utilizar este sistema para inflar presupuestos en licitaciones, lo que podría configurar una defraudación a la administración pública.
La operatoria tuvo ramificaciones en distintas localidades del país, incluyendo La Plata, Mar del Plata, Trelew, Esquel, Rawson, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, lo que lleva a las autoridades a no descartar la existencia de más involucrados que hayan contribuido a la logística y coordinación de la estructura ilícita.