El proyecto de ordenanza fue presentado en el Concejo Deliberante de La Plata por ediles de La Libertad Avanza. Prevé recuperar los costos por destrozos.
El bloque de concejales de La Libertad Avanza (LLA) presentó en el Concejo Deliberante de La Plata un proyecto de ordenanza para crear un protocolo de actuación de la Municipalidad ante protestas y cortes de calles que afecten la circulación en la ciudad.
La iniciativa establece cómo deberán intervenir las áreas comunales, protege el acceso a lugares considerados esenciales como hospitales y escuelas, crea un registro público y prevé demandar a los responsables para que paguen los gastos derivados de daños al patrimonio municipal.
La denuncia de la Municipalidad de La Plata tras los incidentes durante la protesta del MTE es por daño agravado, lesiones y atentado a la autoridad.
Los proyectos apuntan a relevar los daños, calcular el costo de las reparaciones y saber cómo se financiarán las obras en el edificio histórico.
La propuesta ingresó este lunes al cuerpo deliberativo y lleva las firmas de los concejales libertarios Gastón Álvarez, Guillermo Bardón, Florencia Defeo, Sabrina Morales, Florencia Barcia, Soledad Pedernera y Juan Manuel Allan.
El texto establece el "Protocolo Municipal de Actuación ante Cortes de Calles y Alteraciones a la Libre Circulación" que podrá activarse frente a manifestaciones, concentraciones, movilizaciones, marchas, acampes, cortes totales o parciales de calles, avenidas y accesos, así como ante la ocupación de espacios públicos o cualquier situación que dificulte la circulación vehicular o peatonal en la ciudad.
Las secretarías de Control Urbano y Convivencia y de Seguridad serán las encargadas de aplicarlo. Una vez detectado un corte, los inspectores municipales deberán verificar la situación e identificar el lugar, horario y características de la interrupción. También tendrán que informar a los organismos provinciales cuando corresponda, implementar desvíos de tránsito, garantizar el acceso a servicios esenciales y mantener un canal de diálogo con los manifestantes.
"Si la situación excediera las facultades municipales o pudiera configurar una infracción penal o contravencional, el Ejecutivo deberá poner los hechos en conocimiento de la Justicia y de las fuerzas de seguridad competentes", determina el proyecto.
En el proyecto, los libertarios citan como antecedente directo los incidentes ocurridos el 26 de junio frente al Palacio Municipal, durante la protesta de cooperativistas contra la licitación impulsada por la gestión del intendente Julio Alak. "Los acontecimientos ocurridos el 26 de junio pasado pusieron de manifiesto la necesidad de que el Municipio cuente con un Protocolo Municipal de Actuación ante Cortes de Calles y Alteraciones a la Libre Circulación", afirman.
Aquella protesta terminó con incidentes y destrozos en la puerta del Municipio, en medio de un reclamo de cooperativistas contra el nuevo esquema de licitaciones para tareas como limpieza de zanjas, corte de césped, barrido y reciclado. Hubo quema de neumáticos, roturas de vidrios y un intento de ingreso al edificio comunal, además de un amplio operativo de seguridad y 19 personas detenidas.
En los fundamentos, los concejales sostienen que "las manifestaciones públicas constituyen una expresión legítima de los derechos de reunión, petición y libertad de expresión", pero remarcan que el Estado también debe garantizar derechos como "la libre circulación, el acceso a hospitales, establecimientos educativos, edificios públicos y la continuidad de los servicios esenciales".
Uno de los puntos centrales del proyecto determina explícitamente una serie de lugares cuyos accesos no podrán ser obturados en ningún caso durante una protesta o corte. La prohibición alcanza a hospitales y centros de salud, cuarteles de bomberos, comisarías, establecimientos educativos durante los horarios de ingreso y egreso, servicios públicos esenciales y rutas de evacuación o emergencia.
La iniciativa de LLA también crea el Registro Municipal de Cortes y Alteraciones de la Vía Pública, que será de carácter público y de libre acceso. Allí se deberá consignar la fecha y horario de inicio y finalización de cada corte, lugar, duración, motivo y organismos municipales, provinciales o nacionales que intervinieron, así como medidas preventivas adoptadas y costos del operativo desplegado.
Para los autores, el registro permitirá centralizar la información sobre las protestas y transparentar cuánto dinero público insume cada operativo cada vez que hay un piquete.
Otro aspecto destacado del proyecto está en los artículos destinados a calcular y recuperar los costos ocasionados durante las protestas, un punto que cobra especial relevancia después de los destrozos registrados en el Palacio Municipal.
Por cada intervención, el Municipio deberá elaborar un informe técnico que determine "cuánto costó" el operativo. El cálculo deberá incluir la cantidad de agentes afectados, horas extras, vehículos y maquinarias utilizadas, señalización, vallados y desvíos, además de los gastos de limpieza y de reparación o reposición de bienes públicos dañados.
El artículo 16 establece que cuando una manifestación, corte o alteración de la vía pública provoque daños en bienes municipales o genere gastos extraordinarios por limpieza, reparación, reposición o recomposición del patrimonio público, el Departamento Ejecutivo deberá promover acciones administrativas y judiciales para recuperar el dinero, una vez determinada la responsabilidad correspondiente.
