Tras la protesta de cooperativistas que terminó con incidentes, concejales de la oposición pidieron al intendente Julio Alak que informe cuáles fueron los daños provocados en el Palacio Municipal y cómo se afrontará el gasto que demandarán las reparaciones, al tiempo que propusieron también "inhabilitar por diez años" para prestar servicios en la Comuna a quienes sean declarados culpables de los incidentes por la justicia.
Las iniciativas ingresaron este lunes y apuntan a conocer el impacto material y económico de los hechos ocurridos el 26 de junio, además de preservar pruebas, identificar responsables y definir si los costos de reparación deberán ser afrontados por quienes hayan provocado los daños.
Uno de los proyectos, firmado por los concejales de La Libertad Avanza Juan Pablo Allan, Guillermo Bardón, Gastón Manuel Álvarez y María Florencia Barcia, solicita que el Ejecutivo informe por escrito, en un plazo de 20 días, sobre los daños materiales, estructurales y edilicios sufridos en el Palacio Municipal a raíz del incendio y los disturbios.
El pedido está dirigido a la Secretaría de Espacios Públicos, la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos o las áreas técnicas competentes. En el temario, los concejales reclaman un relevamiento físico de los daños, con detalle de perjuicios en aberturas, mampostería, fachadas, techos, herrajes y elementos ornamentales afectados por el fuego y las agresiones.
Parte de los daños a las afueras de la Municipalidad de La Plata
AGLP
También piden un inventario de bienes muebles dañados o perdidos, incluyendo mobiliario de oficina, equipamiento tecnológico, sistemas de iluminación y archivos documentales del Municipio. Además, solicitan una valuación económica de los costos materiales y de mano de obra necesarios para la reconstrucción, restauración y puesta en valor del edificio.
El mismo expediente requiere que el Ejecutivo precise cómo se financiarán las obras: si mediante reasignaciones presupuestarias de partidas locales o a través de coberturas de seguros patrimoniales vigentes contratados por la comuna.
Piden inhabilitar a quienes causaron los destrozos
El segundo proyecto, presentado por el concejal de la UCR, Gustavo Staffolani, va más allá del pedido de información y solicita al Departamento Ejecutivo que realice un relevamiento y una valuación integral de los daños ocasionados al Palacio Municipal y a otros bienes pertenecientes a la Municipalidad durante los hechos del viernes. En las últimas horas, la Comuna calculó en más de 43 millones el costo de los daños.
La iniciativa también reclama la preservación de registros fílmicos, actas, testimonios y demás elementos probatorios disponibles, además del impulso de actuaciones administrativas y judiciales para individualizar a las personas responsables y determinar, en caso de corresponder, la eventual responsabilidad de personas jurídicas vinculadas con los hechos.
En ese marco, el proyecto pide que se promuevan las medidas necesarias para "inhabilitar por diez años" a las personas humanas o jurídicas cuya responsabilidad por daños al patrimonio municipal resulte acreditada mediante sentencia judicial firme o acto administrativo firme, con resguardo del derecho de defensa.
La inhabilitación "alcanzaría la contratación o prestación directa de servicios para la Municipalidad, pero también la afectación indirecta a tareas, obras o servicios municipales a través de cooperativas de trabajo, adjudicatarios, contratistas, subcontratistas, proveedores o terceros prestadores".
Buscan "inhabilitar por diez años" a quienes hayan participado en los daños al patrimonio municipal
El texto también plantea que el Ejecutivo impulse las acciones necesarias para obtener la reparación integral del perjuicio ocasionado, incluyendo el costo de reparación o reposición de bienes afectados, gastos de limpieza, seguridad, mano de obra, interrupción de actividades y cualquier otro daño acreditado que guarde relación causal directa con los hechos.
Además, propone que en caso de que las personas declaradas responsables tuvieran créditos pendientes de pago frente a la Municipalidad, se evalúe la posibilidad de "compensarlos con la obligación de reparar el daño", es decir que se tome ese crédito a cuenta del gasto que demandó la reparación.
En los fundamentos, Staffolani remarcó que el derecho a manifestarse debe ser respetado y que debe atenderse la preocupación de los trabajadores y sus familias por la continuidad laboral, pero advirtió que “ninguna de estas circunstancias habilita el empleo de la violencia ni la destrucción de bienes públicos como método de presión”.
También consideró que "no corresponde que el costo de los daños vuelva a recaer sobre los vecinos, ni que quienes resulten responsables puedan continuar percibiendo recursos municipales como si nada hubiera ocurrido".
