Una propuesta de los concejales libertarios de La Plata busa evitar que las motos se acumulen durante años en el corralón municipal.
Concejales de La Libertad Avanza (LLA) ingresaron un proyecto de ordenanza para que las motos secuestradas por la Municipalidad de La Plata que no sean reclamadas en un plazo de 180 días sean enviadas directamente a compactación.
La iniciativa, presentada por el edil Juan Pablo Allan y acompañada por el resto del bloque, busca modificar el destino de los vehículos retenidos en operativos de tránsito o seguridad que permanecen durante meses e incluso años, en depósitos municipales sin ser retirados por sus propietarios.
Según los datos compartidos por la Municipalidad de La Plata, durante los primeros ocho meses del año se secuestraron 1.228 motos y se retuvieron 276 licencias.
En este marco, el proyecto establece un plazo de 6 meses desde el secuestro para que los titulares regularicen su situación y recuperen el rodado. Vencido ese período, el Municipio quedaría habilitado a avanzar con su compactación. En el articulado también se establece que los recursos generados por las motocicletas compactadas o subastadas se usarán, con prioridad, para llevar adelante programas de prevención de ruidos molestos y mejora de la calidad de vida vecinal.
Según se detalla en los fundamentos, la medida busca dar respuesta a un problema creciente en la ciudad vinculado al amontonamiento de motos en playones oficiales. "La acumulación de vehículos secuestrados genera no solo un problema logístico y de espacio, sino también un riesgo ambiental y sanitario", advierte el texto, que plantea la necesidad de "establecer mecanismos ágiles y eficientes para la disposición final de estos bienes".
En ese sentido, el proyecto remarca que muchos de estos rodados nunca son reclamados, ya sea por falta de documentación, costos asociados o abandono. “Existe una gran cantidad de motocicletas que permanecen durante largos períodos en depósitos municipales sin que sus titulares manifiesten intención de retirarlas”, señala y agrega que esa situación “termina afectando la capacidad operativa del Estado local”.
Allan también pone el foco en el impacto urbano de estos depósitos saturados. "No solo se trata de ordenar la administración municipal, sino de evitar que estos espacios se conviertan en focos de contaminación o inseguridad", sostiene en los fundamentos.
La iniciativa tomará estado parlamentario en la sesión ordinaria de este jueves e iniciará su camino en comisiones del Concejo.