La Legislatura bonaerense analiza cambios y busca modificar el esquema vigente para las motos e incluye la posibilidad de compactarlas.
La Legislatura bonaerense analiza cambios en las sanciones por ruidos molestos con un proyecto que apunta a motos con escapes adulterados. La iniciativa prevé el decomiso de esos dispositivos y abre la posibilidad de compactar los vehículos involucrados para frenar una práctica extendida.
El proyecto fue presentado por el diputado Manuel Passaglia, del espacio Hechos, y propone endurecer las medidas contra quienes circulen con escapes no reglamentarios. La iniciativa busca modificar el esquema vigente, que se basa principalmente en multas económicas.
Agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires detuvieron en Ruta 11 a un conductor que además circulaba en condiciones irreglamentarias.
La Provincia analiza un aumento mayor del boleto de los micros. Cambiaría la fórmula sumando el impacto del combustible y los salarios.
Según se explicó en el comunicado, el objetivo es intervenir sobre toda la cadena vinculada a estos dispositivos. La propuesta incluye sancionar la fabricación, venta, distribución e instalación de escapes adulterados que incrementen la emisión sonora en motos y autos.
La práctica de provocar explosiones sonoras, conocida como “tirar cortes”, se volvió habitual en distintos puntos de la provincia. Suele darse con motos de baja cilindrada y, en muchos casos, se combina con caravanas nocturnas que afectan el descanso de los vecinos.
En ese contexto, Passaglia cuestionó la eficacia del esquema actual. “La realidad es que -ese tipo de castigos- no funcionó. Hay conductas que son deliberadas, que buscan generar ruido y molestar. Frente a eso, el Estado tiene que dar una respuesta más firme”, afirmó.
El documento establece que los escapes ilegales deberán ser decomisados y destruidos de forma inmediata. También habilita el secuestro preventivo de los vehículos en infracción, como una medida para desalentar la reiteración de estas conductas en la vía pública.
En los casos considerados más graves, el juez administrativo interviniente podrá disponer la compactación del vehículo. Para ello, se tendrán en cuenta criterios como la intensidad del ruido, la intencionalidad y el impacto generado en la convivencia urbana.
Passaglia planteó que el enfoque debe cambiar. “No sólo sancionar, sino eliminar el problema. El escape ilegal se decomisa y se destruye. Y en los casos que el juez lo considere, también puede disponerse la compactación del vehículo", señaló.
El texto también contempla agravantes según el lugar donde se cometa la infracción. Si ocurre en zonas densamente pobladas, cerca de escuelas, centros de salud o eventos públicos, las sanciones podrán ser mayores por el efecto que generan en la vida cotidiana.