El decreto salió por mayoría, con los votos de Fuerza Patria, la UCR y ASAP. La Libertad Avanza votó en contra y el PRO se abstuvo.
El Concejo Deliberante de La Plata aprobó este jueves por mayoría un decreto que expresa la "profunda preocupación" del cuerpo por la situación judicial del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, que está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
La iniciativa fue aprobada con 12 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones. Acompañaron los concejales de Fuerza Patria, con la excepción de Sergio Resa, que estuvo ausente; Gustavo Staffolani, de la UCR; y Melany Horomadiuk, de ASAP Nueva Generación.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni sigue en la mira de buena parte de los legisladores que buscan una moción de censura. El Gobierno negocia.
El caso de Manuel Adorni se debatirá en comisiones tras un acuerdo entre La Libertad Avanza, el PRO y la UCR para frenar una sesión especial.
Los ediles de La Libertad Avanza, Guillermo Bardón, Juan Pablo Allan, Soledad Pedernera, Sabrina Morales, Gastón Álvarez, Florencia Defeo y Florencia Barcia votaron por la negativa, mientras que Nicolás Morzone e Iván Zanetto, del PRO, se abstuvieron.
El concejal de Propuesta Vecinal, Darío Ganduglia, por su parte, no se encontraba en el recinto al momento de la votación.
El proyecto, presentado el 16 de abril y votado en comisión, declara la preocupación del cuerpo "ante los hechos de público conocimiento que involucran al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni", en relación con "posibles hechos de corrupción" que motivaron el inicio de la investigación judicial que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita.
En los fundamentos, el decreto enumera una serie de episodios vinculados con el funcionario nacional. Entre ellos, menciona el viaje institucional a Nueva York, la participación de su esposa en la comitiva oficial, un viaje familiar a Punta del Este en avión privado y distintas operaciones inmobiliarias que, según los autores, deben ser investigadas.
El texto también hace referencia a la Ley de Ética Pública y al artículo 268 del Código Penal, referido al enriquecimiento ilícito de funcionario público. En ese marco, los concejales impulsores plantearon que corresponde al cuerpo deliberativo pronunciarse "en defensa de la ética pública y de la confianza ciudadana en las instituciones".
El único concejal que tomó la palabra al momento de tratarse el tema fue Juan Granillo Fernández, de Fuerza Patria, quien defendió el alcance del decreto y remarcó que el texto aprobado fue moderado en su formulación. "Declárase la profunda preocupación del cuerpo ante los hechos de público conocimiento que involucran al jefe de Gabinete relacionado con posibles hechos. Más light imposible", sostuvo en el recinto y le reprochó a ediles opositores que, pese a esa redacción, no hayan votado la iniciativa. Ningún edil pidió la palabra para responder.
Granillo Fernández insistió en que la iniciativa no planteó un repudio ni una declaración más severa contra Adorni, sino una expresión institucional de preocupación. “No pusimos repudio, no pusimos declárase persona no grata, por ejemplo, a un vecino de nuestra ciudad de La Plata. Pusimos una preocupación por una posible incursión en delito de corrupción”, agregó.
En esa línea, el edil aseguró que la intención fue reflejar una inquietud social frente a la denuncia judicial en torno al funcionario nacional. “Quiero que sepan los compañeros, colegas, concejales, que cerca del 90% de la población está preocupadísima por la situación de Adorni, por la gravedad institucional que involucra que el jefe de Gabinete de la Nación esté enchastrado en tantos posibles hechos de corrupción. Voy a usar el potencial, porque soy responsable, aunque las imágenes y las declaraciones son elocuentes”, afirmó.
El concejal recordó además que el proyecto fue presentado el 16 de abril y que, desde entonces, se sumaron nuevos elementos al debate público. Entre ellos, mencionó la evolución patrimonial de Adorni y sus declaraciones juradas. "Tenemos problemas de declaración jurada. Eso ya es un posible delito, violación de la Ley de Ética Pública y demás. Un gobierno que, recordemos, vino a establecer la moral como política de Estado", planteó el edil de Fuerza Patria.
También hizo referencia a los viajes atribuidos al funcionario y a la discusión sobre el uso de recursos públicos y privados. En ese sentido, habló del viaje a Nueva York, del viaje a Punta del Este y de los señalamientos por operaciones inmobiliarias. "Ahí aparece la mezcla, la confusión entre lo público, lo privado y los empresarios amigos del poder", sostuvo.
En otro tramo de su intervención, el concejal cuestionó la postura del PRO, cuyos ediles se abstuvieron en la votación. "Me llama la atención que el bloque del PRO se abstenga en esta votación", dijo y chicanéo a los ediles de ese bloque, Nicolás Morzone e Iván Zanetto, ya que vienen impulsando un plan "antifisura". "Más caso de fisura que Adorni no hay", les dijo.
El edil pidió incluso que el bloque amarillo reconsiderara su postura y acompañara el proyecto, al considerar que el caso tiene gravedad institucional. En esa línea, desde Fuerza Patria cuestionaron la actitud de algunos sectores opositores en el Concejo: "Es llamativa la conducta de algunos concejales opositores locales que están siempre dispuestos a importar consignas y personajes, pero cuando llega el momento de debatir con agenda completa las responsabilidades políticas o las inconsistencias de sus propios referentes, el entusiasmo desaparece por completo".
Sobre el cierre, Granillo Fernández comparó la situación con el caso de Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete bonaerense que dejó su cargo en 2023 envuelto en un escándalo tras la difusión de fotos suyas en un yate junto a una modelo en Marbella.
"Cuando surgieron las imágenes de Insaurralde en el yate, entre que surgió la imagen y se aceptó la renuncia, pasaron seis horas", señaló. Y siguió: "Esa es la diferencia de criterios entre quienes sostienen a capa y espada, pese a las contundentes evidencias, a un jefe de Gabinete completamente inmoral para cumplir esa función y quienes inmediatamente toman decisiones políticas, se hacen cargo y remueven de sus funciones a quienes no tienen que seguir cumpliéndolas".