viernes 17 de mayo de 2024

Piquete en Tribunales de La Plata por un juicio suspendido

La familia del acusado sostiene que se trata de una causa "armada" por personal policial de La Plata y que las fiscales no valoran las pruebas de descargo

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La sede del fuero Penal de La Plata fue escenario de un fuerte reclamo de familiares y amigos de Jorge López, señalado de ser uno de los presuntos autores de un millonario robo ocurrido en la ciudad en plena pandemia. El acusado no tiene antecedentes penales, lleva más de dos años con prisión preventiva y su familia señala haber demostrado que al momento del hecho no estaba en La Plata (tiene domicilio en Lanús). Desde el círculo íntimo del detenido aseguran que ellos realizaron el trabajo que no hizo la Justicia y se quejaron de la no valoración de las pruebas que aportaron al expediente.

El inicio del debate estaba previsto para este miércoles 25, a cargo de Tribunal Oral Criminal II de La Plata, pero por un problema de salud de sus integrantes, el juicio se pospuso. Ante esta situación, los manifestantes cortaron la calle, montaron una cocina e hicieron ravioles.

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Mariela Portugues es la esposa de Jorge. En diálogo con 0221.com.ar, aseguró que su marido "es un trabajador, no tiene antecedentes penales, le ofrecieron firmar un juicio abreviado, pero se negó porque es inocente". Sobre la causa se quejó de la fiscal que instruyó la investigación: "Delegó todo en los policías que me allanaron mi casa y yo los vi cuando me plantaban unos aritos, una medallita y un reloj". La investigación fue realizada por personal de la comisaría Novena de La Plata y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata.

Este caso tiene aristas que son para el asombro a tal punto que se formó una comisión por la libertad de Jorge López quienes realizaron un documental con las presuntas irregularidades del expediente que se puede ver por la plataforma de YouTube. También, durante la protesta de hoy colocaron nueve gigantografías denominadas el "paso a paso para armar una causa judicial", confeccionado con información del expediente judicial.

Libre lo llevaron,"libertad para Jorge Daniel Lopez"


La familia y amigos de López emitieron un extenso comunicado con un detallado panorama de la causa: "Jorge está preso injustamente desde hace dos años, no tiene nada que ver con el hecho, y no estaba en La Plata el día del robo. Dos vecinas denunciaron en la causa que dos hombres entraron a la primera vivienda y llamaron por teléfono con un tercero apodado 'Coco' para decirle que habían logrado ingresar y para facilitarle a esa tercera persona el ingreso. El tal 'Coco' entra, asume un rol de mando, maltrata a los moradores para que le den dinero y, tras consumar el hecho, huye con el resto de los sujetos para luego robar con la misma modalidad una segunda casa ubicada la vuelta de la esquina y darse a la fuga en un auto".

En el documento se hace foco en que "la fuerza policial realizó tareas irregulares de inteligencia sin control del Ministerio Público, que derivaron en un reconocimiento irregular del imputado por elementos extraídos de la red social Facebook, y en un allanamiento irregular al domicilio de Jorge López, con sembrado y secuestro de elementos vinculados al caso. Así, con total direccionamiento policial de la investigación, una de las vecinas robadas, que declaró en sede policial y no en fiscalía, dijo que había hecho un pago con el teléfono robado por Mercado Pago a una veterinaria y que el destinatario era Juan Miguel Jeves, que lo buscó en Facebook y encontró a un tal 'Juancito Jeves', que no integraba el grupo autor del hecho, pero que entre sus amigos de la red social reconoció a Jorge López como 'Coco', uno de los que la robaron y que fue quien ejerció violencia sobre ella para consumar el robo". Llamativo este reconocimiento de "Coco" porque los autores del hecho lo hicieron con la mitad de la cara tapada por barbijos.

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La sede del fuero Penal de La Plata, otra vez escenario de protesta por

La sede del fuero Penal de La Plata, otra vez escenario de protesta por "causas armadas" y suspensión de juicios

Además, uno de los testigos "clave" del caso dio un domicilio inexistente en la localidad de Quilmes. "El testigo, una persona que declaró solo en sede policial y al intentar buscarlo se detectó que dio un domicilio inexistente en Quilmes, tuvo un rol activo en el allanamiento, reconociendo los elementos del secuestro, cuando su rol es ser fianza de lo que hace el personal policial. Además, una de las víctimas reconoció los elementos en sede policial y no en sede judicial. Jorge López y su familia declararon en la causa que la DDI fue a su casa con personal de civil y en dos autos de civil, entraron e incomunicaron a él y su familia, revisaron la planta baja y no encontraron nada. Después fueron arriba dos efectivos con su compañera y el testigo, uno bajó, fue al móvil policial, agarró algo y se lo metió en el bolsillo. Jorge lo vió, se paró, fue a la puerta y reclamó que le mostrara lo que llevaba, mientras los otros efectivos le dijeron que se sentara y se callara porque le rompían todo. El efectivo volvió al primer piso y ahí dijeron encontrar sobre una mesa de luz que ya habían revisado los citados elementos de secuestro".

La familia también denunció que el testigo del procedimiento "se reía con los policías, les hacía muecas, como si tuviera confianza con ellos, y que los policías los obligaron a firmar el acta diciendo que si no rompían toda la casa". Por último, tras realizar el allanamiento y secuestro de elementos, "el personal de la DDI se dirigió directamente al domicilio de una de las víctimas del hecho y le entregaron los elementos, sin proceder a certificar lo actuado ante fiscalía".

PRUEBAS SIN PRODUCIR

En relación a lo que hizo el día del hecho, López declaró ante la fiscalía que tenía un tratamiento en ART de cuatro meses por una operación porque se había roto los ligamentos de la mano izquierda, y que el día del hecho salió de su casa temprano rumbo a la ART porque tenía turno 8.30, ya que ese día terminaba las sesiones de kinesiológía.

La defensa aportó a la causa el resumen de tarjeta SUBE para ver los movimientos de Jorge y de la tarjeta naranja para certificar la compra de la campera secuestrada en su domicilio. Además esa parte solicitó las cámaras de seguridad de los vecinos del imputado para ubicarlo en tiempo y lugar, de los vecinos de la casa robada para identificar el auto que se usó en el hecho, de la ART donde López fue días antes y se lo puede ver usando la campera secuestrada; solicitó oficio a la clínica Antártica para certificar que ese día se atendió allí, e informes a la ART Holando Sudamericana por la historia clínica y al Centro de Diagnóstico por el tratamiento kinesiológico, más el pedido de las testimoniales de testigos vecinos y compañeros de trabajo de López. Todas estas medidas no se produjeron al momento. Solo los celulares se analizaron, pero no se proveyó el informe a la causa.

La defensa citó a declarar al tal Jeves (el que recibió pago de compra de la persona robada), que compareció pero se negó a declarar. Formalmente la supuesta identificación efectuada por medio de una red social solamente podría emplearse para guiar la investigación o para orientarla, "pero en modo alguno puede alcanzar ni resultar elemento suficiente para avalar la aplicación de una medida de coerción personal, pues carece de los requisitos de forma que la ley estipula para este medio de prueba", detallaron desde la defensa.

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Esta modalidad de "identificar por Facebook" es muy extendida en las prácticas policiales y "es automáticamente avalada por los fiscales para dictar medidas de prisión preventiva". "A los fiscales nunca les resultan extraños los armados policiales, aunque hagan agua por todas partes, y siempre desconfían de la verdad de un laburante que no tiene nada que esconder porque no tiene nada que ver con el hecho", expresaron en el comunicado.

En síntesis, la acusación a López se basa sólo en la testimonial de una de las víctimas del robo referida al llamado por teléfono a "Coco" y su posterior ingreso a su casa, en el reconocimiento sugerido por Facebook de "Coco" como Jorge Daniel López, en las tareas "irregulares de inteligencia" de la DDI La Plata para dar con domicilio de López, y en el "secuestro irregular de elementos en el allanamiento a la casa de López".

La familia sostiene que desde la justicia no se “atendió a los descargos del imputado y su mujer, también testigo del allanamiento irregular, desconoció las críticas a la instrucción realizada por la Comisión Provincial por la Memoria, que a través de un escrito presentado en abril de 2022 cuestionó el accionar policial y sugirió al Ministerio Público una correcta evaluación de la prueba”.

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Ante este panorama presentaron un escrito en la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte Bonaerense, que se encarga de intervenir en cuestiones referidas a delitos y faltas disciplinarias eventualmente cometidos por magistrados, funcionarios y empleados, así como de verificar el cumplimiento de las leyes, acordadas y resoluciones que regulan la actividad de las dependencias y profesionales auxiliares de la justicia.

“Cuestionaremos tanto la delegación de la investigación en la Policía de la provincia de Buenos Aires, como el reconocimiento por elementos de Facebook y el procedimiento del personal policial y del testigo en el allanamiento; así pondremos en conocimiento el caso ante esa área del máximo tribunal bonaerense para que se realice una investigación administrativa para certificar los hechos denunciados y se sancione el accionar de los agentes judiciales en el caso”, señalaron

Las “causas armadas” son investigaciones judiciales irregulares llevadas adelante por la policía con testigos falsos o dudosos, pruebas plantadas, operativos irregulares y una investigación judicial por fuera de las garantías constitucionales. Es un fenómeno tan extendido que solo podemos conocer unos pocos casos, pero son muchos. El propio Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires destaca en sus informes de "Registro de Violencia Institucional" (Ley 14.687) la existencia de más de mil hechos contra la administración pública por año cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad en la provincia, entre abusos de autoridad, encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros.

Este expediente es seguido de cerca por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) junto a la ONG Innocence Project Argentina, dirigida por el docente de la Universidad Nacional de La Plata, Manuel Garrido.

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