El bloque libertario presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante para saber por qué aún no está en marcha el servicio autorizado en noviembre.
Concejales de La Libertad Avanza presentaron en el Concejo Deliberante de La Plata un pedido de informes para que el intendente Julio Alak y el secretario de Seguridad, Diego Pepe, expliquen por qué todavía no se puso en marcha el nuevo servicio de videovigilancia urbana contratado el año pasado y autorizado por el cuerpo deliberativo.
La iniciativa, firmada por el edil Juan Pablo Allan y acompañada por el resto del bloque, apunta a conocer el estado real de la Licitación Pública N° 30/2025, correspondiente al "Servicio Mensual Integral de Videovigilancia Urbana", aprobado mediante el Decreto N° 2596/25. El sistema contemplaba la incorporación de 1.200 cámaras nuevas para reforzar el monitoreo del espacio público, pero hasta el momento no se ha puesto en marcha.
La Plata tendrá un nuevo sistema de videovigilancia con 1.200 cámaras, tras la aprobación del Concejo Deliberante. Se instalarán en 400 puntos de la ciudad.
El Concejo autorizó el 27 de noviembre pasado al Municipio a contratar a la empresa platense Danaide S.A. para la implementación de un sistema integral de monitoreo basado en tecnología IP con el objetivo de reforzar el control de los puntos neurálgicos de la ciudad durante las 24 horas del día, los 365 días del año. El servicio implicaba un costo de 298 millones de pesos al mes y el contrato a firmar era por 10.728 millones de pesos.
Los meses pasaron y la oposición denunció cuando se trató la rendición de cuentas 2025 que no se habían instalado las cámaras y que tampoco el Ejecutivo había pagado el adelanto de fondos a la empresa previsto en la ordenanza aprobada.
Por esto, ahora, los libertarios avanzaron con un pedido al Departamento Ejecutivo para que informe sobre la falta de inicio efectivo de la prestación del servicio correspondiente a esa licitación. En concreto, los concejales libertarios quieren saber si el proceso se encuentra efectivamente adjudicado y si, luego de esa adjudicación, se firmó el contrato con la empresa seleccionada.
Además, el pedido reclama precisiones sobre si la adjudicataria inició alguna tarea vinculada con la instalación, configuración o puesta en funcionamiento del sistema contratado. En caso de que el servicio todavía no haya comenzado, el bloque pide que se informen los motivos administrativos, presupuestarios o de cualquier otra índole que hayan impedido su concreción.
Otro de los puntos centrales del pedido de informes está vinculado con los fondos: La Libertad Avanza solicita saber si el Municipio realizó pagos, anticipos o certificaciones a favor de la empresa adjudicataria y cuál es el plazo estimado para que el servicio comience efectivamente a prestarse.
El proyecto también pide que el Ejecutivo precise si prevé mantener, modificar, suspender, rescindir, readecuar o dejar sin efecto la contratación adjudicada, indicando los fundamentos y el estado actual de las actuaciones administrativas.
En los fundamentos, los concejales sostienen que el proyecto busca obtener "información precisa y actualizada sobre el estado real de ejecución" de la Licitación Pública N° 30/2025, destinada a la contratación del servicio de videovigilancia urbana.
Según la oposición, la licitación "habría sido adjudicada", aunque "a la fecha no se advierte el inicio efectivo de la prestación del servicio, ni la concreta instalación, puesta en funcionamiento o implementación visible de los dispositivos y sistemas comprendidos en la contratación".
Por eso, La Libertad Avanza considera necesario conocer qué actos administrativos se realizaron después de la adjudicación, si se firmó el contrato respectivo, si se emitió la orden de compra y cuáles son las razones por las que la empresa adjudicataria no habría comenzado a prestar efectivamente el servicio.
"La falta de concreción de una contratación ya adjudicada genera incertidumbre respecto de su estado administrativo", agrega el texto. Y remarca que resulta necesario determinar si existen demoras atribuibles a la empresa adjudicataria o si hay trámites pendientes por parte del Municipio.