La investigación penal por las graves denuncias de torturas y abusos sexuales ocurridas en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Mujeres de Magdalena sumó un fuerte capítulo de tensión en los tribunales de La Plata, cuando el abogado defensor Gastón Jesser, representante de cuatro de los quince agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) detenidos, denunció públicamente un "escándalo jurídico" y una seria "gravedad institucional" por las trabas del Ministerio Público para recepcionar la declaración indagatoria de sus asistidos.
Jesser asumió la defensa técnica particular de Gisela Mailin Iguarán, Agustina Ailén Orona, Florencia Anahí Ortiz y Juan Antonio Juanena. Tras el silencio inicial aconsejado en la audiencia del artículo 308 del Código Procesal Penal (CPP), el letrado solicitó formalmente la ampliación de la indagatoria —encuadrada en el artículo 317 del CPP— para que sus clientes presten testimonio y comiencen a desplegar su estrategia de defensa.
Sin embargo, la respuesta del fiscal a cargo de la UFI N° 11 de La Plata, Álvaro Garganta, encendió las alarmas de la defensa. Según explicó el letrado, el representante del Ministerio Público sugirió la existencia de eventuales incompatibilidades de representación entre los detenidos, lo que podría derivar en la separación de Jesser de la causa antes de escuchar a los imputados.
La Unidad Penitenciaria 51 de mujeres, ubicada en Magdalena
"Rompe con todo"
"Es una locura y un escándalo jurídico", sostuvo Jesser. Y argumentó: "Primero, mis asistidos todavía no prestaron declaración, por lo que la fiscalía no puede saber qué van a declarar para deducir un conflicto de intereses. Segundo, la función que cumplían dentro del penal era intrascendente en términos del hecho investigado, ya que no se juzga el derecho penal de autor sino conductas concretas. Pretender frenar las indagatorias antes de tiempo rompe con todo".
Asimismo, la defensa advirtió que la postura fiscal cercena directamente el derecho de defensa en juicio, el derecho constitucional a ser oído —amparado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos—, el libre acceso a la justicia y la potestad de los imputados de elegir un abogado de su confianza, reduciéndolos a la asistencia supletoria de la defensa oficial. "Aquel funcionario que no respeta el texto de la norma incurre en una clara arbitrariedad de gravedad institucional", remarcó el abogado.
Gastón Jesser, abogado de cuatro de los penitenciarios detenidos en La Plata
La causa por los hechos en Magdalena
La causa con conocimiento del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, encabezado por el juez Juan Pablo Masi, analiza los episodios ocurridos el pasado 3 de junio en la cárcel de mujeres de Magdalena. La hipótesis judicial sostiene que, luego de una riña en la planta alta del penal, se desplegó un operativo represivo que incluyó golpes, uso indiscriminado de gas pimienta, desnudos forzados, privación de agua y alimentos, además de vejaciones y abusos sexuales con acceso carnal.
Entre los quince imputados figuran mandos directivos de la unidad, agentes del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) y personal médico-sanitario. Mientras la investigación avanza con la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como organismo de control, cuatro de los penitenciarios buscan romper el silencio para desmarcar su responsabilidad individual de la acusación colectiva.
