La causa judicial que investiga torturas, abusos sexuales agravados e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la Unidad N° 51 de Mujeres de Magdalena sumó definiciones clave. En las últimas horas se conocieron los detalles de las declaraciones indagatorias recibidas por el fiscal titular de la UFI N°11 de La Plata, Álvaro Garganta, a dos de los quince penitenciarios detenidos por orden del juez de Garantías N° 4, Dr. Juan Pablo Masi.
La investigación busca reconstruir los graves hechos ocurridos el miércoles 3 de junio de 2026, cuando un operativo desplegado supuestamente para sofocar una pelea entre internas derivó en agresiones físicas, uso de gas pimienta, esposamientos, desnudez forzada, aislamiento en celdas de resguardo ("buzones"), privación de agua y alimentos, humillaciones y abusos sexuales con acceso carnal.
La inspectora Daiana Ayelén Villafañe (31 años), coordinadora de Régimen Abierto del penal, asistida por el abogado Julio Beley, prestó declaración y se defendió de las acusaciones.
Los graves hechos habrían ocurrido el miércoles 3 de junio, en el penal de mujeres de Magdalena
En su relato, afirmó que esa tarde se produjo una contienda violenta en la planta alta (Ala B) entre varias internas. Sostuvo que el Grupo de Intervención Especial (GIE) arrojó gas pimienta de manera preventiva para dispersar y permitir el ingreso del personal para realizar el "engome" y los controles psicofísicos de rutina a cargo de la enfermera Raquel Boccardo.
Villafañe aseguró que las internas estaban sumamente alteradas y que intentaron abalanzarse sobre la jefa del penal, Daiana Balmaceda, y la subjefa, María Belén Toledo. Respecto de las acusaciones de vejaciones y abusos, negó rotundamente los hechos:
- Sobre la desnudamiento y abusos: afirmó que no vio a ninguna interna desvestida durante los traslados y que los controles psicofísicos se realizaron con la vestimenta colocada o preservando la intimidad.
- Uso de la fuerza: declaró que únicamente se aplicó la "fuerza mínima e indispensable" para reducir y trasladar a las presas conflictuadas a sectores de resguardo (como las celdas de castigo conocidas como "leoneras" y el aula).
- Móvil de las denuncias: al ser consultada sobre por qué las víctimas denunciaron golpes y agresiones sexuales, sugirió que se trató de una represalia contra la gestión por los sistemáticos secuestros de estupefacientes en requisas. "Desde que estamos trabajando sacamos mucha droga (...) tenemos presas que sabemos que tienen un negocio, por lo que nuestra labor molesta", expresó.
Gestiones administrativas y acusaciones de complicidad
Por su parte, el subdirector de Régimen de la unidad, Juan Manuel Villena (47 años), asistido por los abogados Darío Saldaño y Catalina Saldaño, declaró ante la fiscalía aportando capturas de pantalla de chats de WhatsApp y registros de llamadas para reconstruir sus movimientos.
La inspectora del SPB negó que hubieran existido abusos
Villena aseguró que se había retirado de la unidad a las 16 y que debió regresar pasadas las 18:30 al ser anoticiado de que la situación se había agravado con focos de incendio en las celdas.
- Función administrativa: sostuvo que no participó de los procedimientos de contención ni de las requisas físicas en los pabellones, e indicó que su presencia se limitó a realizar gestiones telefónicas y por el sistema administrativo oficial GDEBA para coordinar el alojamiento transitorio y traslado de excepción por vía de emergencia de las internas involucradas hacia las Unidades 8 de Los Hornos y 40 de Lomas de Zamora.
- Hipótesis de complot: aportó a la causa mensajes que le hizo llegar otra empleada carcelaria, donde presuntamente varias internas enojadas por los controles antidroga se jactaban de haber logrado la remoción de la cúpula del penal mediante las denuncias judiciales.
¿Quiénes son los 15 penitenciarios detenidos?
La lista de efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que permanecen privados de la libertad bajo imputaciones que incluyen tortura, abuso sexual con acceso carnal agravado, abuso sexual gravemente ultrajante e incumplimiento de los deberes de funcionario público está integrada por:
- Daiana Belén Balmaceda (Jefa de Penal)
- María Belén Toledo (Subjefa de Penal)
- Daiana Ayelén Villafañe (Coordinadora)
- Antonela Belén Cingolani
- Agustina Ailén Orona (Encargada de turno)
- Florencia Anahí Ortiz
- Raquel Noemí Boccardo (Enfermera de Sanidad)
- Gisela Mailin Iguarán
- Carlos Miguel Tocci (A cargo de la Unidad)
- Juan Manuel Villena (Subdirector de Régimen)
- Miguel Ángel Eduardo Villotta (Subdirector)
- Facundo Sebastián Medina
- Lucas Germán Dama
- Carlos Alberto Salice
- Juan Antonio Juanena
Las defensas técnicas de los imputados están distribuidas entre los abogados Gastón Jesser, Cristian González, César Albarracín, Julio Beley, Dario Saldaño y Lautaro Cardo.
Álvaro Graganta, fiscal a cargo de la investigación de los sucedido en una cárcel de Magdalena
La intervención de la CPM y el reclamo por protocolos internacionales
La gravedad de lo acontecido motivó la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. El organismo acreditó testimonios, constató lesiones físicas en las detenidas e inspeccionó los pabellones donde ocurrieron los hechos.
Frente a la complejidad del caso, la CPM exigió formalmente a la Justicia que todas las declaraciones de las víctimas e inspecciones médicas se realicen bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul (para la investigación de torturas y tratos crueles) y normativas internacionales sobre violencia sexual en contextos de encierro.
Asimismo, se investiga un segundo episodio represivo ocurrido dos días después (5 de junio), cuando un grupo de internas realizó una protesta para visibilizar los abusos de la jornada previa y fue nuevamente reprimido, registrándose nuevas personas heridas dentro de la Unidad 51.
