El Juzgado Correccional N°2 de La Plata fijó audiencia y programó el juicio para junio. Están acusados Braian Medina y Kevin Parrado, nietos del Pata Medina.
La Justicia platense dio un nuevo paso en tres expedientes vinculados a la interna de la UOCRA La Plata y fijó fecha para el inicio del juicio oral a Braian Medina y Kevin Uriel Parrado, nietos del exlíder sindical Juan Pablo Pata Medina, además de Gonzalo Rodrigo Pared, un militante del sector que responde a Cristian “Puly” Medina.
Las causas investigan presuntas amenazas agravadas y episodios intimidatorios ocurridos en distintos obradores de la capital bonaerense entre 2022 y 2023.
La resolución fue firmada por el juez Diego Tatarsky, titular del Juzgado Correccional N°2 de la capital bonaerense, donde quedaron radicados los tres expedientes. Según consta en la notificación judicial, se fijó para el próximo 13 de mayo una audiencia prevista en el artículo 338 del Código Procesal Penal bonaerense, instancia previa al debate oral. En caso de no prosperar una salida alternativa, el juicio comenzará el 8 de junio de 2026 a las 10.00.
En el mismo trámite judicial se ordenó requerir antecedentes penales e informes sobre procesos pendientes respecto de Medina, Parrado, Pared y también de Carlos Adrián Miño, otro de los involucrados en la pesquisa.
Las actuaciones judiciales se desprenden de una serie de denuncias realizadas por empresas constructoras y trabajadores de obras en ejecución en La Plata, en medio de la feroz disputa interna que desde hace años atraviesa a la seccional local de la UOCRA tras la caída del Pata Medina, histórico conductor de ese sindicato.
Uno de los expedientes más relevantes se originó tras una denuncia presentada por la firma OCSA S.A., integrante de la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CDU) de La Plata. Allí se investigó un episodio ocurrido el 11 de abril de 2022, cuando un grupo de aproximadamente veinte personas irrumpió en el obrador de la extensión del tren universitario, en la zona de avenida 72 entre 13 y 14, para exigir puestos de trabajo.
De acuerdo con la acusación fiscal, el grupo estaba encabezado presuntamente por Braian Medina y durante el reclamo se habrían proferido amenazas contra responsables de la obra y trabajadores presentes en el lugar. Según surge de la denuncia policial incorporada al expediente, algunos manifestantes habrían advertido: “Detengan las obras o los vamos a cagar a tiros”.
También se consignó que uno de los presentes gritó: “Dónde está el encargado o jefe de la obra, que salga, que dé la cara porque se pudre”. La secuencia quedó incorporada a la investigación que impulsó el fiscal Martín Almirón, quien dio por acreditada prima facie la existencia de amenazas agravadas por el uso de armas.
Los incidentes no se limitaron a una sola obra. Según pudo reconstruir la fiscalía, las irrupciones se registraron en al menos tres emprendimientos ubicados en esa misma zona de La Plata. Los manifestantes aseguraban actuar en representación de trabajadores vinculados a la UOCRA y se presentaban acompañados por personas que decían pertenecer al Ministerio de Trabajo bonaerense, aunque posteriormente se determinó que no existía representación oficial alguna.
Fuentes judiciales consultadas durante la investigación señalaron en aquel momento que “intentaron montar un simulacro de legalidad que no era tal”, en referencia a la supuesta presencia de funcionarios laborales.
La investigación avanzó con una serie de allanamientos realizados en domicilios de los acusados. Dos de los procedimientos se concretaron en viviendas vinculadas a Braian Medina y Kevin Parrado, mientras que el tercero se realizó en la casa de Gonzalo Pared, señalado como hombre cercano a Cristian “Puly” Medina. En los allanamientos se secuestraron un arma y un cuadro del extinto líder narco Pablo Escobar. En ese operativo se secuestró un arma de fuego, situación que derivó además en una imputación específica contra Pared por tenencia ilegal de arma de uso civil condicional.
El fiscal Almirón requirió formalmente la elevación a juicio oral por el delito de amenazas agravadas, previsto en el artículo 149 bis del Código Penal, que contempla penas de hasta tres años de prisión cuando las intimidaciones son cometidas mediante el uso de armas.
En paralelo, las defensas rechazaron la acusación y cuestionaron severamente el modo en que se desarrolló la investigación penal.
Braian Medina declaró ante la fiscalía y reconoció haber participado de reclamos laborales vinculados a puestos de trabajo para su sector sindical, aunque negó que se hubieran utilizado amenazas o violencia. Kevin Parrado, por su parte, sostuvo que ni siquiera estuvo presente en el lugar de los hechos y aseguró que ese día se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La defensa de ambos, a cargo del abogado César Albarracín, objetó la validez de distintos testimonios y apuntó directamente contra actuaciones policiales desarrolladas durante la pesquisa.
El letrado denunció supuestas irregularidades en ruedas de reconocimiento fotográfico y cuestionó la utilización de los conocidos álbumes de “modus operandi”, al sostener que se trató de diligencias realizadas sin autorización judicial ni control de las partes. “Más allá de las disidencias en torno a la presencia o no de mis asistidos en el lugar, lo cierto es que no hay prueba que permita estimar acreditada la existencia de amenazas”, argumentó Albarracín en su oposición al pedido de elevación a juicio.
El defensor también denunció lo que consideró una “voluntad persecutoria” contra un sector específico de la UOCRA La Plata y pidió investigar la actuación de efectivos policiales que intervinieron en el expediente.
Los hechos investigados ocurrieron en un contexto de extrema tensión dentro de la UOCRA regional La Plata, organización atravesada desde hace años por disputas de poder entre distintas facciones vinculadas al clan Medina.
Tras la detención y posterior desplazamiento de Juan Pablo “Pata” Medina de la conducción sindical, distintos sectores comenzaron a disputar el control territorial y político del gremio de la construcción en la región capital.
Las causas que ahora avanzan hacia juicio oral forman parte de una larga serie de expedientes judiciales relacionados con amenazas, aprietes y episodios de violencia en obras privadas y públicas de La Plata, Berisso y Ensenada.
De hecho, apenas un día después del episodio investigado en la causa principal, volvieron a registrarse incidentes en otros obradores de la ciudad. El 12 de abril de 2022 varios trabajadores denunciaron agresiones físicas, daños en vehículos y ataques contra motocicletas.
En algunas de esas denuncias, las víctimas identificaron nuevamente a personas vinculadas al denominado “medinismo” como responsables de los ataques.
Ahora, con la audiencia preliminar fijada y el debate oral programado para junio, la Justicia comenzará a ventilar públicamente una parte de esa conflictiva trama sindical y judicial que desde hace años mantiene bajo tensión al mundo de la construcción en La Plata.
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