En la causa por evasión tributaria, una imagen muestra fajos de dinero en oficinas ligadas de La Plata a los Mazzacane y agita recuerdos de la “Rosadita”.
La investigación por evasión tributaria contra el clan Mazzacane en La Plata sumó una imagen clave: fajos de dinero hallados en oficinas vinculadas a la firma Quilmes Tolosa. La foto refuerza la hipótesis judicial sobre maniobras irregulares y remite a la llamada “Rosadita”, símbolo de causas de lavado.
La causa judicial que involucra a Hugo Mazzacane, Gastón Mazzacane y Juan Manuel Mazzacane incorporó un elemento que impactó de lleno en el expediente: una imagen tomada durante los allanamientos en la que se observan importantes cantidades de dinero en efectivo dentro de una oficina.
La fotografía, obtenida en uno de los procedimientos realizados por orden del Juzgado Federal N°1 de La Plata, muestra fajos de billetes organizados sobre una mesa, junto a documentación y biblioratos. En otra toma, se ve a un efectivo revisando una caja fuerte abierta, en lo que aparece como un sector administrativo de la empresa.
En ámbitos judiciales y mediáticos, la escena fue rápidamente asociada a “La Rosadita”, nombre con el que se conoció a la financiera SGI involucrada en la causa conocida como “La ruta del dinero K”. En aquel caso, las imágenes de bolsos con millones de dólares contando dinero en una oficina se convirtieron en símbolo del lavado de activos en la Argentina.
La comparación no implica una equivalencia directa entre los casos, pero sí marca el impacto visual y probatorio que suelen tener este tipo de registros en investigaciones por delitos económicos. En el expediente platense, la presencia de grandes sumas de dinero en efectivo refuerza, para los investigadores, la hipótesis de circuitos financieros por fuera de los registros formales.
Según la reconstrucción de la fiscal María Laura Roteta, este tipo de evidencia se vincula con maniobras de evasión tributaria mediante la omisión de registrar operaciones y el uso de contabilidad paralela.
El expediente se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó inconsistencias en los ejercicios fiscales entre 2021 y 2024. A partir de allí, la fiscalía reconstruyó el funcionamiento del grupo económico encabezado por Quilmes Tolosa S.A.
El juez Alejo Ramos Padilla dictó el procesamiento de Hugo Mazzacane, Gastón Mazzacane, Juan Manuel Mazzacane, Mónica Videla y Eduardo Gómez, además de diversas sociedades, por considerarlos coautores de evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta.
La investigación sostiene que existió un esquema desplegado durante al menos una década -entre 2014 y 2024- para evadir impuestos y vaciar patrimonialmente la firma principal, mediante la transferencia de activos, el desvío de fondos y la utilización de sociedades interpuestas.
El perjuicio al fisco fue estimado en $3.965.225.508 y derivó en la ratificación de embargos sobre más de 100 vehículos, siete inmuebles y once cuentas bancarias.
Durante los allanamientos, realizados con intervención de la Policía Federal, se secuestró documentación contable, financiera y societaria, además de dinero en efectivo, cuya magnitud quedó expuesta en las imágenes incorporadas a la causa.
Desde la defensa de Hugo y Gastón Mazzacane, encabezada por los abogados Alfredo J.M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo M. Gascón, se rechazaron las acusaciones y se cuestionó el valor interpretativo de las pruebas recolectadas.
Según sostuvieron, la investigación se centra en una presunta defraudación tributaria vinculada al no pago de determinadas posiciones impositivas, pero remarcaron que, tras las fiscalizaciones de ARCA, parte de las deudas fueron canceladas y otras ingresadas en planes de regularización que se encuentran en cumplimiento.
En sus presentaciones ante el juez Alejo Ramos Padilla, la defensa argumentó que la operatoria de la empresa respondió a una reestructuración societaria legal destinada a sostener la actividad comercial, de la cual dependen 150 familias.
Asimismo, calificaron el procesamiento como “una exageración”, señalaron que no se consideraron pruebas aportadas y advirtieron que la medida pone en riesgo la continuidad de la empresa. También indicaron que la nueva ley de inocencia fiscal debería ser contemplada y que varios períodos investigados se encontrarían prescriptos, planteos que ya fueron incluidos en la apelación presentada ante la Justicia.