La causa por evasión tributaria de los Mazzacane avanza en La Plata con procesamientos y embargos millonarios. Qué dice ARCA y la defensa.
La investigación judicial contra el clan Mazzacane por evasión tributaria en La Plata avanza con procesamientos y embargos millonarios. La causa impulsada por ARCA reconstruye un presunto entramado societario para evadir impuestos y será analizada junto a la versión de la defensa, hasta ahora poco difundida.
La causa que investiga a Hugo Mazzacane, Gastón Mazzacane y Juan Manuel Mazzacane por presunta evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta se consolidó en los tribunales federales de La Plata con una serie de medidas que incluyen procesamientos, embargos y reconstrucciones patrimoniales. El expediente, sin embargo, también suma la versión de la defensa, que cuestiona con dureza el avance judicial y sostiene que no existió delito.
El caso es tramitado en el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, con la intervención de la fiscal federal María Laura Roteta. La investigación se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La intervención de ARCA comenzó tras detectar inconsistencias en las declaraciones fiscales correspondientes a los períodos 2021, 2022, 2023 y 2024. A partir de esas irregularidades, el organismo impulsó una denuncia que derivó en la apertura de una causa penal tributaria.
Según la reconstrucción judicial, el grupo económico encabezado por la firma Quilmes Tolosa S.A. habría desplegado maniobras para evadir impuestos nacionales, en particular el IVA y el Impuesto a las Ganancias, mediante la omisión de registrar operaciones y la utilización de sociedades interpuestas.
La investigación avanzó con allanamientos en domicilios particulares y sedes comerciales, donde se secuestró documentación contable, societaria y financiera, además de dinero en efectivo. Las medidas contaron con la intervención de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina.
También participaron organismos especializados como la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), encabezada por el fiscal general Diego Velasco; el área de Delitos Tributarios y Aduaneros coordinada por Mariela Palese; la Sifrai, a cargo de María Fernanda Bergalli; y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, dirigida por María del Carmen Chena.
Con el avance de la pesquisa, la fiscalía reconstruyó el funcionamiento del grupo económico y concluyó que existía un esquema destinado a generar o agravar la insolvencia fiscal de la empresa principal para evitar el pago de impuestos.
En ese marco, el juez Alejo Ramos Padilla dictó el procesamiento de Hugo Mazzacane, Gastón Mazzacane, Juan Manuel Mazzacane, Mónica Videla y Eduardo Gómez, además de diversas personas jurídicas vinculadas al grupo.
De acuerdo con la resolución, el perjuicio al fisco asciende a $3.965.225.508, en una maniobra que se habría extendido al menos entre 2014 y 2024. Entre las prácticas detectadas figuran transferencias de bienes a otras sociedades, desvío de flujos financieros, contabilidad paralela y continuidad de la actividad comercial mediante estructuras alternativas.
El eje de la investigación es la firma Quilmes Tolosa S.A., distribuidora ubicada en el Barrio Hipódromo de La Plata, fundada en 1964 y dedicada a la comercialización de bebidas en la región, con presencia en La Plata, Ensenada y Berisso.
Como parte de las medidas cautelares, el juzgado ratificó embargos sobre más de 100 vehículos, siete inmuebles y once cuentas bancarias, con el objetivo de asegurar el recupero de activos.
El monto investigado ronda los $4.000.000.000 y supera los umbrales previstos por la ley N°27.799 de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre de 2025, por lo que la causa no se encuentra alcanzada por esa normativa.
Desde la defensa de Hugo y Gastón Mazzacane, a cargo de los abogados Alfredo J.M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo M. Gascón, se planteó una visión completamente distinta de los hechos investigados.
Según explicaron, los empresarios están siendo investigados por una presunta defraudación tributaria vinculada al no pago de determinadas posiciones impositivas, pero sostuvieron que, una vez finalizadas las fiscalizaciones de ARCA, se regularizó la situación: algunos impuestos fueron cancelados y otros ingresaron en planes de pago que el propio organismo aceptó y que se encuentran en cumplimiento.
En los descargos presentados ante el juez Alejo Ramos Padilla, la defensa argumentó que las decisiones empresariales respondieron a la necesidad de sostener el funcionamiento de la compañía, de la que dependen 150 familias, mediante una reestructuración societaria que calificaron como “perfectamente legal”.
En ese sentido, cuestionaron que el juzgado no haya considerado las pruebas ofrecidas y calificaron el procesamiento como “una exageración”, al tiempo que sostuvieron que se desconoce la nueva ley de inocencia fiscal y se pone en riesgo la continuidad de la empresa “sin motivo atendible”.
Finalmente, los abogados indicaron que presentaron una apelación fundada contra el procesamiento, en la que además plantearon que varios de los períodos fiscales investigados se encuentran prescriptos, lo que, a su entender, debilita la acusación penal en curso.