El bloque de concejales de LLA pide que el Municipio aclare si el acuerdo con la UNLP por el que se presta el servicio fue renovado.
La polémica en torno al estacionamiento medido sumó un nuevo capítulo en el Concejo Deliberante de La Plata, donde el bloque de concejales de La Libertad Avanza (LLA) presentó un pedido de informes para que el Municipio aclare si renovó el convenio firmado con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para la gestión del sistema que permite su operación y venció hace más de un mes.
La iniciativa pone el foco en el acuerdo suscripto el 14 de febrero de 2022 para la provisión del sistema informático del Servicio de Estacionamiento Medido (SEM), que incluía además soporte técnico, actualizaciones y capacitación del personal municipal. Ese acuerdo tenía una duración de 4 años y venció el pasado 14 de febrero de 2026, lo que abre interrogantes sobre la legalidad y el marco contractual bajo el cual hoy se sigue cobrando el servicio en la ciudad.
En este sentido, el proyecto de resolución firmado por el bloque libertario solicita al Ejecutivo que informe si el acuerdo fue efectivamente renovado y, en caso afirmativo, que remita copia del nuevo convenio.
El documento también exige que, de no haberse extendido, detalle si la UNLP cedió la licencia de uso del sistema o qué herramienta se está utilizando actualmente para el cobro del estacionamiento medido.
El sistema está en el centro del debate legislativo desde hace varias semanas cuando el concejal de Propuesta Republicana (PRO), Nicolás Morzone, propuso una ordenanza para derogar el estacionamiento medido, que hace una semana subió un 100% sus tarifas en hora pico y no pico.
En los fundamentos, los ediles advierten sobre la falta de información oficial y las dudas que genera esa situación. "La ausencia de información oficial sobre la continuidad del convenio genera una situación de incertidumbre respecto del marco legal y contractual bajo el cual se está llevando adelante actualmente el cobro del estacionamiento medido en la ciudad", señalan.
"Este servicio, por su impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos y en la recaudación municipal, requiere de un sustento normativo claro, verificable y transparente", sostienen y consideran que el Concejo debe contar con información precisa para ejercer su rol de contralor.
Finalmente, los concejales advierten que la falta de claridad sobre la continuidad del convenio podría derivar en un problema mayor. "La falta de claridad sobre si el convenio fue renovado, si se obtuvo la cesión de la licencia de uso del sistema informático, o si se está utilizando otro sistema alternativo, podría implicar un vacío institucional y jurídico que debe ser esclarecido", concluyen.
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