La reestructuración de las fiscalías fue dispuesta a raíz de problemas que incluyen vacantes, demoras y agendas estresadas. Sigue la crisis edilicia.
La Fiscalía General de La Plata implementó una profunda reestructuración para mejorar la eficiencia del sistema judicial penal en la ciudad. La medida responde a una serie de problemas estructurales que impactan negativamente en la administración de justicia: agendas colapsadas, falta de fiscales, recursos humanos insuficientes y una estructura organizativa en fiscalías que no se adaptó a las demandas actuales.
El contexto que motivó esta resolución del fiscal general Héctor Vogliolo es crítico. Las agendas de debate judicial estaban saturadas hasta 2028, producto de la acumulación de causas, las demoras en los juicios y la falta de personal, según se desprende de la Resolución judicial a la que accedió 0221.com.ar.
La peligrosa situación se registra en el histórico edificio de 7 entre 56 y 57 en pleno centro de La Plata donde tenía su sede la Casación provincial.
La peligrosa situación se registra en el edificio de 7 entre 56 y 57 en pleno centro de La Plata. Es un inmueble patrimonio histórico sin mantenimiento.
La pandemia de COVID-19 agravó un escenario que ya era, de por sí, alarmante, pero a ello también se le sumó la aprobación de nuevas leyes sin la asignación correspondiente de recursos. Además, la estructura organizativa del Ministerio Público Fiscal no ha sido modificada en más de 25 años pese al aumento exponencial en los índices delictivos.
Uno de los ejes principales de la reorganización es la asignación de fiscales a órganos jurisdiccionales específicos. Este sistema establece que los agentes fiscales trabajen en un Tribunal Oral en lo Criminal o un Juzgado Correccional durante un período inicial de 2 años, renovable por un año más. Se estima que la especialización en un tribunal permite una mejor coordinación de las agendas, reduciendo la superposición de audiencias y acelerando el desarrollo de los casos.
La redistribución de tareas en la etapa de juicio también busca aliviar la sobrecarga de audiencias y garantizar el cumplimiento de los compromisos procesales. Esta medida es crucial, considerando las dificultades que enfrentaba el sistema para cumplir con los plazos acordados. Además, se mantienen las funciones de las Unidades Funcionales especializadas, como las dedicadas a flagrancia, estupefacientes y delitos culposos, asegurando que no se alteren sus tareas específicas.
Otro punto central de la Resolución es la priorización de los juicios abreviados, promoviendo su concreción antes o durante la audiencia prevista por el artículo 338 del Código Procesal Penal (CPP). La dilación de estos procedimientos ha contribuido significativamente al colapso del sistema, ya que genera fechas de juicio que luego no se utilizan y bloquean la posibilidad de resolver otras causas.
Uno de los principales problemas detectados es que las agendas de debate judicial estaban saturadas hasta 2028.
Para evitar este tipo de problemas, se instruyó a los fiscales a recopilar todos los elementos necesarios para la resolución de las causas durante la etapa de instrucción, evitando prácticas que retrasen innecesariamente los procesos. También se fomenta la aplicación de alternativas como fórmulas conciliatorias, suspensión del juicio a prueba y procedimientos abreviados. Estas herramientas son clave para reducir la cantidad de casos que llegan a juicio oral y agilizar la resolución de conflictos.
La estipulación probatoria también juega un papel relevante en la reorganización, permitiendo a las partes acordar sobre hechos y pruebas para acortar los tiempos del proceso judicial. De esta forma, se busca hacer efectivo el principio de celeridad en la administración de justicia.
Otro aspecto relevante de la reorganización es la regulación de las licencias durante las ferias judiciales. Los fiscales, funcionarios y empleados asignados a la etapa de juicio deberán tomar sus licencias en estos periodos, pero se designarán agentes fiscales de guardia para atender los asuntos urgentes.
Asimismo, la resolución establece excepciones en casos específicos que requieren continuidad, como la causa Nº 7700 (en la que está procesado el exjuez de Casación Martín Ordoqui) y sus acumuladas, así como los juicios por jurados en los que ya se haya celebrado la primera audiencia. Estas medidas buscan garantizar la atención adecuada de los casos más complejos y evitar interrupciones en los procesos.
La reorganización de la Fiscalía General de La Plata representa un paso significativo hacia el intento de modernización del sistema judicial penal. Si bien los desafíos son enormes, las medidas implementadas buscan atacar las causas estructurales del colapso del sistema: desde la falta de personal y recursos hasta las demoras en los juicios y la saturación de las agendas. Hay once cargos de fiscales vacantes en el Departamento Judicial de La Plata. Un dato no menor.
Con esta asignación de los recursos disponibles, la promoción de alternativas para la resolución de conflictos y la priorización de los procesos abreviados, se espera que el sistema judicial pueda responder de manera más ágil y eficiente a las demandas de la sociedad. Este cambio no solo beneficia a los actores directos del sistema penal, sino también a la comunidad en general, que espera una justicia más rápida y efectiva.
La reorganización de la Fiscalía General de La Plata está respaldada por diversos artículos de la Ley 14.442, que otorgan facultades a los fiscales de cámara para llevar a cabo las modificaciones necesarias en el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. Entre los artículos más relevantes se destacan:
Estas bases legales refuerzan la legitimidad de las medidas adoptadas, asegurando que estén alineadas con los principios que rigen el sistema judicial.
En este contexto, fiscales, empleados judiciales y ciudadanos que deben acudir a este espacio denuncian una situación insostenible. Las filtraciones de agua y el desgaste de materiales no solo comprometen la seguridad de las personas, sino que también generan un ambiente insalubre que afecta la calidad del trabajo judicial. Cada lluvia intensa empeora las condiciones, dejando zonas enteras del edificio inutilizadas.
Las voces de reclamo se han alzado con fuerza. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ha denunciado repetidamente el estado de emergencia edilicia que afecta no solo a este edificio, sino a varias dependencias del Poder Judicial en la provincia. Sin embargo, las soluciones aún no llegan y el deterioro avanza.
Además, las condiciones insalubres se han convertido en un problema recurrente. Humedad constante, presencia de insectos y un sistema de ventilación deficiente generan un ambiente de trabajo que afecta la salud de los empleados.
Las fiscalías, donde se desarrollan tareas clave como la atención a víctimas y la gestión de causas penales, carecen de las condiciones mínimas para operar de manera eficiente y no suele ser extraño cruzarse en los pasillos con pilas de expedientes apilados a la vista de todos y sin protección alguna.
El reclamo de los trabajadores es claro: inversiones urgentes y un plan integral de mantenimiento que permita garantizar tanto la seguridad como la funcionalidad del edificio. Sin embargo, la burocracia y la falta de voluntad política parecen ser los principales obstáculos para concretar las mejoras necesarias.
Fiscales y empleados han señalado que trabajar en estas condiciones genera un desgaste adicional que afecta el desempeño profesional. Las herramientas tecnológicas, indispensables para la gestión de las causas, no pueden ser utilizadas de manera eficiente debido a las deficiencias en la infraestructura eléctrica y de conectividad.
El contraste con otros edificios judiciales de la ciudad, que han recibido mantenimiento o modernización, resalta aún más las carencias en este emblemático inmueble. La falta de inversión en las fiscalías no solo afecta a quienes trabajan allí, sino que compromete la confianza de la ciudadanía en el sistema.
El emblemático edificio, que alguna vez representó el avance de la Justicia en la provincia, no puede convertirse en un símbolo de abandono. La comunidad judicial y los ciudadanos platenses necesitan soluciones concretas que garanticen un espacio seguro y funcional para el desarrollo de la actividad judicial. La justicia no puede esperar más. Es momento de que las autoridades tomen las decisiones necesarias para recuperar este espacio clave para La Plata.
Esta situación llegó a medios nacionales. El 1° de agosto de 2023 un equipo de Canal 13 emitió el informe "La Justicia se derrumba" en el que se hizo foco en el estado del edificio que otra vez vuelve a mostrar riesgo para la comunidad que a diario transita por esos pasillos húmedos y sucios. "Se podría haber aprovechado el tiempo de aislamiento por la pandemia para hacer las obras, un año y medio cerrado el acceso al público, se perdió una gran oportunidad", recordaron varios integrantes de la magistratura ante la consulta de este medio.