La peligrosa situación se registra en el histórico edificio de 7 entre 56 y 57 en pleno centro de La Plata donde tenía su sede la Casación provincial.
Techos caídos, paredes húmedas y riesgo de electrificación. Esta situación de extremo riesgo se registra en uno de los edificios donde funciona el fuero Penal de La Plata y pone en peligro a trabajadores, funcionarios y público en general. Un edificio histórico en pleno corazón de la ciudad hoy es sinónimo de abandono.
Tras las intensas lluvias registradas esta semana se registraron filtraciones de agua por los techos del edificio ubicado en avenida 7 entre 56 y 57 donde el paisaje interno es desolador. Este escenario se suma a baños clausurados, pisos rotos y la aparición de alacranes y arañas en las fiscalías de La Plata.
El hombre fue asistido por el SAME y trasladado a un hospital de La Plata. El hecho no terminó en tragedia de milagro pese a la brutalidad del impacto.
La nueva situación de riesgo fue informada oficialmente a la Fiscalía General. Además personal del área de Arquitectura de la Procuración General bonaerense recorrió las instalaciones y constató el estado de carencia de mantenimiento.
El inmueble de 7 entre 56 y 57 fue donde sesionó por primera vez la Legislatura bonaerense. Luego funcionó durante años Vialidad provincial. Y tras la reforma procesal de 1998 quedó para el fuero Penal. Su histórica arquitectura no ha sido debidamente resguardada con el paso del tiempo.
Esta situación llegó a medios nacionales. El 1 de agosto de 2023 un equipo de Canal 13 emitió el informe "La justicia se derrumba" en el que se hizo foco en el estado del edificio que otra vez vuelve a mostrar riesgo para la comunidad que a diario transita por esos pasillos húmedos y sucios. "Se podría haber aprovechado el tiempo de aislamiento por la pandemia para hacer las obras, un año y medio cerrado el acceso al públcio, se perdió una gran oportunidad", recordaron varios integrantes de la magistrtura ante la consulta de este medio.
En diciembre del año 2011 el entonces fiscal Marcelo Romero -actual funcionario en el Ministerio de Justicia nacional de Patricia Bullrich- advirtió que el edificio de los tribunales penales de la ciudad corre riesgo de derrumbe por el exceso de expedientes acumulados.
Para Romero, existe "serio peligro estructural para un edificio de más de 100 años de antigüedad", ubicado en las calles 7 entre 56 y 57 de La Plata. Lo dejó por escrito en una nota elevada a sus superiores en la que remarca que "la abrumadora cantidad de causas tanto en trámite como archivadas en Legajo, excede holgadamente la capacidad física de esta dependencia".
El funcionario del gobierno libertario advirtió que se trata de "una situación apremiante" y alertó sobre posibles situaciones de peligro, más aún teniendo en cuenta los antecedentes del incendio registrado el año pasado en la fiscalía 1".
"La situación detallada genera un riesgo potencial innecesario y un hacinamiento contrario a elementales condiciones de higiene, seguridad y salubridad", destacó hace más de 12 años el exmagistrado y actual funcionario del gobierno nacional.
"Y pensar que en 1998 nos decían que se acababa el papel en el fuero penal y que los fiscales íbamos a recorrer la Provincia con una libretita anotando testigos para el juicio oral", ironizó Romero, pero el expediente papel sigue vigente pese a que se avanzó en la digitalización de los procesos.
El 19 de febrero pasado, luego de otra gran lluvia, el edificio de avenida 7 amaneció con la peligrosa presencia de alacranes y arañas. Varios trabajadores y fiscales confirmaron el hallazgo de estos arácnidos que irrumpieron con fuerza.
Según pudo reconstruir 0221.com.ar del testimonio de los afectados los escorpiones y arañas ingresaron al edificio con el agua de la lluvia que se filtra a través de las ventanas rotas y los desagües obturados. En esa oportunidad también se llovieron los techos.
El sector más crítico está focalizado en el subsuelo donde se encuentran las fiscalías de juicio y en la planta baja y primer piso donde se hallan las fiscalías de Casación.
Una fiscal y una empleada trajeron de sus casas un producto insecticida que compartieron con el resto de los trabajadores y hasta con el personal penitenciario de guardia, aunque advierten que esta acción es apenas un paliativo.