Un fallo judicial en La Plata declaró inválido el decreto municipal publicado durante la gestión anterior que ordenaba la reubicación de la Zona Roja.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata resolvió anular el decreto que imponía la reubicación de la denominada Zona Roja. La medida judicial respondió a una presentación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) junto a organizaciones travestis y trans.
El decreto había ordenado trasladar la oferta de servicios sexuales desde el barrio El Mondongo hacia el Paseo del Bosque, estableciendo multas a quienes ejercieran la actividad en espacios no autorizados. La jueza María Ventura Martínez consideró que la disposición resultaba arbitraria y que no contemplaba la situación de vulnerabilidad del colectivo afectado.
Los repartidores de Pedidos Ya y Rappi denuncian que la muerte de Agustín Ferreyra no fue un accidente de tránsito sino que se dio en el marco de un robo.
Aunque el objetivo es que el Tren Roca llegue a la Estación de 1 y 44 el lunes que viene, eso no se confirmará hasta horas antes. Trabajan hasta el domingo.
La resolución cuestionó que la anterior gestión municipal no acreditó fundamentos suficientes ni evaluó medidas alternativas antes de restringir un derecho. En noviembre de 2023, la misma magistrada ya había suspendido cautelarmente la aplicación del decreto, que ahora quedó anulado en forma definitiva.
El fallo remarcó que no se escuchó a las personas directamente involucradas y destacó que cualquier medida debía extremar recaudos para evitar sospechas de discriminación. La jueza señaló, además, la rapidez con la que se reglamentó el decreto, apenas diez días después de su publicación.
La anulación del decreto fue impulsada por la CPM y distintas organizaciones, entre ellas Otrans Argentina, Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, y colectivos locales de La Plata, Berisso y Ensenada. El tribunal reconoció su legitimación para intervenir en el proceso judicial.
La sentencia dispuso que el Municipio convoque, en un plazo de 60 días, a una mesa de trabajo para abordar la problemática. La actual gestión ya había manifestado la intención de conformar ese ámbito para elaborar un programa de inclusión y dar respuesta a reclamos vecinales, aunque hasta el momento no avanzó en su implementación.