Albertina Mangini pidió una excarcelación extraordinaria. Entregó su pasaporte y promete someterse a estrictas reglas de conducta en La Plata.
Albertina Mangini, la funcionaria del Ministerio Público bonaerense detenida en La Plata en el marco de una investigación por una presunta maniobra financiera de $27.000 millones, inició una nueva batalla judicial para recuperar su libertad.
Fuentes judiciales confirmaron a 0221 que la defensa presentó ante el Juzgado de Garantías N° 6 de la capital provincial un pedido de excarcelación extraordinaria, con una serie de medidas destinadas a neutralizar los riesgos procesales que, según la investigación, justificaron su detención. Entre ellas, entregó su pasaporte, ofreció someterse a un eventual monitoreo electrónico, presentarse periódicamente ante la Justicia, no salir del país y no mantener contacto con los restantes imputados ni con testigos de la causa.
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El planteo fue realizado por el abogado Guillermo Espinosa Viale y se apoya en un argumento central: para la defensa, el escenario que existía cuando se ordenó la detención cambió sustancialmente después de que se concretaran los allanamientos, registros y secuestros de dispositivos.
Pero el pedido de libertad tiene además otro componente que la defensa considera determinante: sostiene que Mangini atraviesa un grave deterioro de su estado de salud mental desde que fue encarcelada y que existen antecedentes dentro de la propia investigación que, según afirma, documentan manifestaciones de ideación suicida.
Mientras el planteo debe ser analizado por la Justicia, Mangini permanece detenida y la causa avanza bajo la investigación de la fiscal Betina Lacki.
Mangini fue detenida el 13 de agosto de 2026, luego de que el juez de Garantías Agustín Crispo hiciera lugar al pedido de la fiscalía en una causa que investiga una presunta asociación ilícita vinculada con el uso de datos personales y biométricos para abrir cuentas en billeteras virtuales y canalizar dinero de origen presuntamente ilegal.
La defensa ya había intentado mejorar su situación procesal mediante un hábeas corpus, pero la Cámara Penal de La Plata rechazó ese planteo y mantuvo vigente la detención. Ahora el abogado Espinosa Viale recurrió a otra herramienta procesal: la excarcelación extraordinaria prevista en el artículo 170 del Código Procesal Penal bonaerense.
El escrito sostiene que esa vía permite evaluar las condiciones concretas de la imputada y del caso aun cuando la escala penal atribuida impida acceder a la excarcelación ordinaria. La defensa plantea que el análisis debe concentrarse en determinar si existe actualmente riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
Y allí aparece uno de los principales argumentos de la presentación: para la defensa, las circunstancias que habían sido consideradas para ordenar el arresto ya no son las mismas.
Uno de los ejes del pedido de libertad es que la investigación ya concretó las medidas que, según la propia defensa, justificaban la necesidad de mantener bajo reserva determinados procedimientos.
El escrito señala que el 13 de agosto se realizaron simultáneamente los allanamientos, registros domiciliarios y secuestros que habían sido ordenados. Según la presentación, la evidencia documental, tecnológica y financiera que se buscaba preservar quedó asegurada y bajo control del Ministerio Público Fiscal.
También destaca que los teléfonos celulares y computadoras de Mangini fueron secuestrados y que, de acuerdo con la defensa, ella misma entregó los dispositivos abiertos y desbloqueados para permitir su peritaje.
Por eso, el abogado sostiene que el riesgo de que Mangini pudiera interferir en la investigación perdió intensidad luego de que se concretaran esas diligencias.
La defensa cita incluso la resolución de la Cámara Penal que rechazó el hábeas corpus. Según el escrito, el tribunal de alzada había considerado que las medidas alternativas a la detención no eran suficientes "al menos en esta etapa", debido a que todavía estaban pendientes medidas probatorias.
Para Espinosa Viale, esa etapa ya quedó superada porque las diligencias fueron realizadas.
Para intentar despejar cualquier sospecha sobre un eventual riesgo de fuga, la defensa puso sobre la mesa una batería de medidas. Mangini ofreció entregar su pasaporte, desistir del viaje al exterior que había comunicado previamente a la Justicia y aceptar una prohibición de salida del país.
Además, ofreció fijar residencia en su domicilio de La Plata, presentarse periódicamente ante la autoridad que determine el juzgado y someterse a un dispositivo de monitoreo electrónico si el juez lo considera necesario.
También propuso no mantener contacto con los restantes imputados ni con las personas que hayan declarado en el expediente.
La estrategia defensiva busca demostrar que existen alternativas a la prisión que permitirían garantizar que Mangini permanezca a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.
Otro argumento central es el arraigo. Según la presentación, Mangini es abogada, trabaja en La Plata, no tiene antecedentes penales y reside junto a su esposo en un departamento de esta ciudad.
La defensa también señala que es hija única y que sus padres, residentes en Saladillo, son personas mayores que atravesaron enfermedades graves y continúan realizando controles médicos en La Plata. A eso suma la existencia de bienes inmuebles en La Plata y Saladillo.
El abogado define ese conjunto como un arraigo domiciliario, familiar, profesional y patrimonial que, según sostiene, disminuye significativamente cualquier posibilidad de fuga.
La defensa agrega otro elemento: durante los dos años transcurridos desde que había solicitado la eximición de prisión hasta su detención, Mangini permaneció a derecho y, según afirma, nunca fue acusada de haberse ocultado, incumplido una citación u obstaculizado la investigación.
Incluso el viaje al exterior que había informado a la Justicia fue comunicado con anticipación y con itinerario detallado, una conducta que la defensa presenta como incompatible con una intención de sustraerse del proceso.
Pero el planteo tiene otro capítulo particularmente sensible. La defensa presentó además un escrito en el que denunció una situación de riesgo cierto y actual para la vida de Mangini y pidió una evaluación psiquiátrica y clínica urgente.
Según esa presentación, la funcionaria padece ansiedad y depresión y se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. La defensa afirma que la continuidad de los controles y la medicación quedó interrumpida o seriamente comprometida desde que fue detenida.
El abogado sostiene además que de las propias escuchas telefónicas incorporadas a la investigación surgirían manifestaciones de Mangini relacionadas con ideación suicida frente a la posibilidad de ser encarcelada.
El escrito describe un cuadro de profundo deterioro desde el ingreso al lugar de detención. Según lo denunciado por la defensa, Mangini no estaría ingiriendo alimentos, tendría dificultades para dormir y pasaría gran parte del día llorando.
La defensa afirma además que Mangini sufrió un ataque de pánico durante el cual tuvo temblores de tal intensidad que, mientras estaba acostada, llegó a golpearse involuntariamente la cabeza contra una pared.
Por ese motivo pidió una evaluación urgente de su estado psiquiátrico y clínico, incluyendo la valoración del riesgo suicida, las consecuencias de la falta de alimentación y sueño y eventuales lesiones derivadas del episodio.
Un dato particular del planteo es que el abogado no solicita que Mangini sea trasladada a otra unidad. Por el contrario, pide que permanezca en el lugar donde actualmente está alojada y que se saneen las condiciones del establecimiento.
La defensa sostiene que Mangini logró allí un mínimo de estabilidad y contención a partir del contacto con otras internas y que un traslado podría implicar una pérdida de esa red de apoyo. Por eso solicita que ningún traslado pueda realizarse sin autorización expresa del juez y sin que previamente sea escuchada la defensa.
También reclama que se garantice la continuidad del tratamiento psiquiátrico, el suministro de la medicación prescripta y el contacto con su médico tratante, además del vínculo con su esposo y sus abogados.
