La Cámara Penal de La Plata ratificó la detención de Albertina Mangini, investigada por una operatoria de lavado de dinero por $27.000 millones.
La Cámara Penal de La Plata rechazó el hábeas corpus presentado por Albertina Mangini, la funcionaria judicial detenida en una investigación por el presunto lavado de unos $27 mil millones en un año. La resolución mantiene su detención mientras continúa una causa que también tiene a otros dos acusados presos.
La acusada integra el Ministerio Público Fiscal y trabajaba en una oficina de enlace relacionada con personas que debían presentarse ante el Patronato de Liberados y se encuentra detenida por orden del juez Agustín Crispo, quien hizo lugar al pedido realizado por la fiscal del caso, Betina Lacki.
Sofía Pantoja declaró en La Plata durante casi dos horas y lloró durante todo su relato. Dijo que esta presa por un crimen que no cometió.
La funcionaria acusada de cometer una millonaria estafa en La Plata se negó a declarar y ahora la fiscalía deberá definir si continúa o no detenida.
La investigación sostiene que se habrían abierto cuentas utilizando datos biométricos de personas que habían recuperado la libertad. Según la hipótesis fiscal, esas billeteras eran usadas para recibir, dividir y transferir fondos mediante una práctica conocida como "smurfing", que consiste en fragmentar grandes movimientos en operaciones menores para evitar controles.
Tal como informó 0221.com.ar, la investigación tuvo un punto de inflexión el 16 de abril de 2026, cuando la fiscal solicitó múltiples órdenes de allanamiento con habilitación de día y hora. La medida fue avalada en el marco de una causa que ya acumulaba dos expedientes y una importante base probatoria construida a lo largo de meses de análisis técnico.
El "smurfing" o "pitufeo" es una práctica mediante la cual se fraccionan grandes sumas en múltiples operaciones para evitar controles. Según la investigación, los implicados captaban a personas vulnerables para utilizar sus datos y abrir cuentas en billeteras virtuales. Los sospechosos –se cree– les ofrecían a cada persona $80.000 a cambio de las cuentas que luego funcionaban como "mulas" para recibir y transferir dinero. Esos fondos, luego, habrían sido derivados a un casino online ilegal, donde se transformaban en supuestas ganancias de juego para dificultar el seguimiento del dinero.
La Justicia continúa investigando a otras personas que podrían estar vinculadas a la organización y busca establecer el origen de los fondos y el alcance de la presunta estructura delictiva.
En el centro de la escena aparece una funcionaria judicial que se desempeñaba en el Patronato de Liberados y que, de acuerdo a la fiscalía, cumplía el rol de "captación" dentro de la organización. El expediente describe un patrón reiterado: la imputada ofrecía dinero a personas en situación de vulnerabilidad económica para que entregaran sus datos personales y biométricos.
Las autoridades a cargo del caso también creen que la funcionaria habría utilizado su posición dentro del sistema judicial para acceder a personas bajo supervisión o en contextos de fragilidad social, lo que refuerza la hipótesis de abuso de función pública.
