La Justicia de La Plata fijó fecha para el debate oral para Juan Ignacio Buzali, acusado de atropellar a dos motociclistas a los que confundió con motochorros.
El Tribunal Oral Criminal (TOC) I de La Plata puso fecha concreta para el juicio oral de Juan Ignacio Buzali, el exmarido de la diputada nacional libertaria Carolina Piparo, procesado por el intento de homicidio de dos motociclistas en la madrugada del 1 de enero de 2021.
El debate se llevará adelante entre el 2 y el 10 de marzo de 2026 y estará a cargo del fiscal de juicio Juan Pablo Caniggia, con actuación de los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Hernán Decastelli y Cecilia Sanucci.
La diputada Carolina Piparo anunció su reincorporación al espacio tras una ardua negociación que estuvo a cargo de Karina Milei, hermana del presidente.
Buzali llegará a esa instancia en libertad, luego de que en 2024 el mismo tribunal le otorgara la excarcelación extraordinaria por considerar que no existían riesgos procesales. Había permanecido más de dos años detenido, primero en una alcaidía y después bajo arresto domiciliario, con morigeraciones que le permitieron vivir en Grand Bell y luego en Puerto Madero, con salidas autorizadas para cumplir tareas familiares y deportivas.
La madrugada del 1 de enero de 2021, Carolina Piparo denunció haber sido víctima de un robo en calle 47 entre 15 y 16, cuando estacionaban el auto para dejar a su padre en su domicilio. Según su testimonio, fueron rodeados por varias motos con ocupantes armados que la despojaron de la cartera.
Poco después, mientras se dirigían a radicar la denuncia, Buzali y Piparo creyeron haber identificado a los supuestos delincuentes y los siguieron en su Fiat 500L negro con techo blanco. En la esquina de 21 y 40, Buzali embistió de atrás a una motocicleta, en la que viajaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes quedaron heridos en el pavimento.
Para la fiscalía de instrucción, ese accionar constituyó un intento de homicidio con dolo eventual, al sostener que el imputado actuó con “un total desprecio por el resultado de su accionar” al acelerar y embestir a las víctimas.
Desde el inicio, la defensa de Buzali planteó que se trató de un accidente de tránsito y que nunca existió intención de matar. En su indagatoria, el exmarido de Piparo aseguró: "Jamás quise lastimar a nadie. Lo que pasó fue un infortunio".
La jueza de Garantías Marcela Garmendia ordenó su detención el 9 de enero de 2021 y rechazó los pedidos de excarcelación, lo que fue confirmado por la Cámara de Apelaciones. Recién en abril de 2022 se le concedió el arresto domiciliario, y dos años después obtuvo la libertad.
El camino judicial tuvo un componente político: mientras Buzali enfrentaba las audiencias, Piparo transitaba su rol como funcionaria pública, primero dentro de Juntos por el Cambio y luego incorporándose al espacio libertario. La exposición pública de la legisladora convirtió el caso en un expediente de alto voltaje mediático.
El juicio, previsto para marzo de 2026, será clave para definir si Buzali recibe una condena por intento de homicidio o si logra que la calificación se reduzca a un delito culposo vinculado a un accidente vial, tal como reclama su defensa.
El fiscal Caniggia y el abogado Martín De Vargas (que asiste a una de las víctimas) intentarán sostener la acusación original, señalando que el imputado aceleró de manera consciente y embistió a los motociclistas con la creencia de que eran los ladrones que habían atacado a su esposa minutos antes.
En cambio, la defensa buscará reforzar la hipótesis del "error trágico", sin intención homicida, lo que podría derivar en una condena menor o incluso en una absolución.
El expediente Buzali-Piparo se convirtió en un símbolo del debate sobre la inseguridad y la justicia por mano propia. Desde su inicio, el caso generó posiciones encontradas: sectores que defendieron a la pareja por haber reaccionado en un contexto de miedo e inseguridad, y otros que señalaron la gravedad institucional de atropellar a inocentes por confundirlos con ladrones.
Más allá de las posiciones políticas, la causa llega a juicio con elementos probatorios contundentes: pericias mecánicas, testimonios de las víctimas y registros fílmicos. La sentencia que dicte el TOC N° 1 en 2026 marcará un precedente sobre los límites de la reacción ciudadana frente al delito.