Rememoraron seguimientos, escuchas y malos tratos en la sede de la PFA. Piden reabrir la causa que investiga violencia estatal durante el macrismo en La Plata.
Siete años después de haber sido perseguidos, detenidos y vejados por vender sus productos en el Parque Saavedra, feriantes platenses revivieron esta semana ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata el calvario que atravesaron durante el gobierno de Mauricio Macri.
Lo hicieron en el marco de la apelación contra el archivo de una causa que investiga espionaje ilegal, torturas y violencia institucional ejecutadas por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), en una secuencia de hechos que, según los querellantes, se inscriben en una matriz represiva alentada desde el poder político nacional y local. Fuentes judiciales confirmaron a 0221.com.ar que los testimonios de las mujeres, al narrar las vejaciones sufridas, fueron "desgarradores".
Un corte total a la altura del kilómetro 6,5 provocó demoras en ambos sentidos. Afectó a quienes salían de CABA y a los que volvían el último día hábil.
El caso vuelve a escena judicial tras una presentación realizada por los abogados Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao y Andrés Noetzly, defensores de Javier Huertas, Estela Martínez, Claudia Monti, Alicia Lauge, Jorge Fierro y Roberto Martínez. Todos ellos fueron absueltos en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata, que consideró probado que habían sido víctimas de una causa armada por las fuerzas federales.
Sin embargo, el expediente que debía investigar el rol de los policías fue archivado por el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien consideró que no hubo delito. Ese fallo es el que ahora busca ser revertido.
El corazón de la apelación radica en un conjunto de tareas de inteligencia llevadas adelante por la Delegación local de la PFA sin ningún tipo de control judicial. Según la denuncia, los agentes Lionel Julita y Walter Bertuzzi coordinaron durante meses una vigilancia sistemática sobre los vendedores ambulantes: hubo seguimientos personales, infiltraciones, escuchas y consultas a bases de datos privadas, todo sin causa judicial previa ni pedido del Ministerio Público Fiscal.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que acompaña el reclamo, señaló que el acta que da inicio al operativo está fechada el 25 de octubre de 2018, cuando ni siquiera existía un expediente formal. “Se traspasaron todos los límites al disponer la ultraactividad de las fuerzas federales cuando no se constataba competencia alguna para tal intervención”, denunciaron desde el organismo que preside Adolfo Pérez Esquivel.
La maniobra, según los querellantes, fue parte de un entramado más amplio vinculado a la denominada Mesa Judicial PRO, y contó con la participación activa de funcionarios municipales. El contexto político y represivo del macrismo, subrayan, propició un uso discrecional de los aparatos de seguridad para disciplinar y estigmatizar a trabajadores informales.
En sede judicial, incluso, el propio Bertuzzi reconoció que las acciones de inteligencia se realizaron sin autorización legal. Con insólita liviandad, el agente declaró que “la inteligencia ya no existe, es un cliché”, en lo que fue leído por las víctimas como una confesión explícita del descontrol institucional que reinaba por entonces.
Además del espionaje, el expediente recoge graves denuncias por violaciones a los derechos humanos dentro de la delegación de la PFA en La Plata. Alicia Lauge, una de las feriantes absueltas, relató durante el juicio que estuvo alojada junto a hombres, sin atención médica ni acceso al baño. “Me enfermé a los dos días. Tenía fiebre y no me llevaron al médico hasta febrero. Me negaban el baño. Me hice encima. Entré sana y salí enferma”, recordó.
Claudia Monti, otra de las víctimas, dio un testimonio no menos estremecedor: “Me decían ‘Dale Conchita, sacate la ropa y bañate’, con la puerta abierta. Pedía una agente femenina y me lo negaban”. Ambas estuvieron privadas de su libertad, hasta que la Justicia penal bonaerense dictó sus absoluciones.
Pese a estos relatos, respaldados por informes médicos y por la propia CPM, el juez Ramos Padilla consideró que no había elementos suficientes para investigar a los efectivos por torturas. Archivó la causa por “inexistencia de delito”, una decisión que ahora busca ser revisada por la Cámara Federal.
En su intervención ante la Cámara, la Comisión Provincial por la Memoria advirtió con contundencia que el archivo de la causa implica una legitimación de la represión estatal y constituye una “violación al Estado de Derecho”. Para el organismo, las tareas de inteligencia realizadas por las fuerzas federales fueron completamente ilegales y excedieron cualquier hipótesis de investigación penal local.
“No existen hipótesis legales para habilitar el empleo de fuerzas federales en términos de actividad de inteligencia para investigar un delito local”, sostuvo la CPM en su escrito. Además, remarcó que convalidar el cierre del caso significaría enviar un mensaje preocupante sobre la impunidad de los abusos policiales cuando se ejercen contra sectores vulnerables.
Mientras tanto, otro frente sigue abierto en la justicia penal ordinaria. Se trata del expediente que reclama la devolución de los bienes secuestrados durante los allanamientos realizados en 2018 en Altos de San Lorenzo. Entre los objetos aún no restituidos figuran celulares, estructuras de feria, una notebook, documentación personal, dinero en efectivo e incluso los ahorros de una adolescente para su cumpleaños de 15.
Aunque el fallo absolutorio del Tribunal Oral IV ordenó la inmediata restitución de todo lo incautado, la Cámara Penal de La Plata consideró que no hay “retardo” en la entrega y derivó la responsabilidad a la Fiscalía de Juicio. La defensa ya presentó cuatro reclamos en los últimos dos años, el último en mayo pasado, pero todavía no obtuvo respuesta favorable.
“El calvario judicial de los feriantes no terminó con la absolución. Se sigue extendiendo en el tiempo con una insólita inercia judicial”, lamentó uno de los abogados ante este medio. El caso, que comenzó como una persecución a trabajadores informales, terminó convirtiéndose en un ejemplo paradigmático de cómo la burocracia puede eternizar el sufrimiento de las víctimas.
El devenir de esta causa pone en tensión los límites del sistema judicial para dar respuesta a situaciones de violencia institucional, especialmente cuando los afectados son parte de la economía popular. ¿Puede el Poder Judicial reconocer ahora lo que durante años se negó a investigar? ¿Hay voluntad de sancionar a quienes usaron el aparato estatal para reprimir y espiar sin control?
En los pasillos de los tribunales de La Plata, la historia de los feriantes del Parque Saavedra todavía está viva. La memoria de lo vivido, las marcas del encierro y el silencio persistente de los expedientes son huellas de un conflicto que se resiste a ser archivado.
Mientras tanto, la pregunta sigue latiendo con fuerza en cada presentación judicial, en cada testimonio público, en cada reclamo: ¿hasta cuándo se puede archivar el dolor?