El intendente de Rosario pidió ser querellante en la causa por fentanilo contaminado y apuntó contra dos laboratorios. El juez Kreplak ordenó su declaración.
El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak citó al intendente de Rosario, Pablo Javkin, para declarar como testigo en la causa por la distribución de fentanilo contaminado. El dirigente había solicitado ser querellante y vinculó a dos laboratorios con el narcotráfico, lo que motivó la intervención judicial.
Desde el Juzgado Federal Nº3 explicaron que la citación se debe a los dichos públicos de Javkin. El objetivo de la medida es que el jefe comunal aporte elementos que respalden sus afirmaciones, en el marco de una investigación en curso por la adulteración de medicamentos.
El caso por fentanilo contaminado se extiende en distintas direcciones y ya involucra a 9 empresas. La investigación tiene base en La Plata.
La causa por muertes vinculadas al fentanilo revela un entramado de sociedades y negocios compartidos entre los dueños del laboratorio y Lázaro Báez.
En su presentación judicial, el municipio de Rosario detalló que los medicamentos fueron utilizados en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), lo que obligó a medidas sanitarias urgentes. Según se indicó, la situación generó perjuicios concretos al sistema de salud local.
Hasta el momento, eran querellantes en la causa el Hospital Italiano de La Plata (donde se registraron 15 muertes), cinco familias de víctimas y el Ministerio de Salud de la Nación. A partir del 8 de julio, la provincia de Santa Fe también se incorporó como parte querellante en la investigación judicial.
La Justicia investiga a HLB Pharma, Laboratorios Ramallo y la droguería Alfarma. Aunque aún no hay pruebas concluyentes sobre un vínculo con el narcotráfico, las sospechas persisten y la investigación busca determinar posibles irregularidades en el circuito de distribución.
Javkin afirmó que el suministro legal de fentanilo podría haber sido desviado a canales ilegales. Según sostuvo, solo dos laboratorios estaban habilitados para importar el medicamento y esa importación se mantuvo en niveles altos tras la pandemia.
Comparó el caso con la explosión del laboratorio Apolo en 2016, en Rosario. Señaló que Apolo y Ramallo están ligados a un mismo empresario y advirtió que la falta de sanciones judiciales permitió la continuidad de actores en el sector farmacéutico.
En el escrito presentado, el jefe comunal remarcó que las fallas de control estatal habrían favorecido la reiteración de conductas riesgosas. Aseguró que “no puede soslayarse la reiteración de actores”, que siguen operando bajo nuevas razones sociales.
El secretario de Gobierno rosarino, Sebastián Chale, indicó que el municipio colaboró desde el inicio con la investigación. Aclaró que los medicamentos fueron adquiridos vía licitación y distribuidos por una droguería. El funcionario no descartó iniciar un reclamo por daños.