Las exautoridades de la ANMAT fueron indagadas este miércoles en La Plata. Una obtuvo la excarcelación bajo fianza y la otra espera que se resuelva su pedido.
Las dos exfuncionarias de la ANMAT detenidas en el marco de la investigación por el fentanilo adulterado declararon este miércoles en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata y continuarán privadas de la libertad mientras avanza la causa que investiga un centenar de muertes y lesiones vinculadas al uso de las ampollas distribuidas en distintos centros de salud del país.
Se trata de Nélida Agustina Bisio, quien estuvo al frente del organismo regulador hasta enero de este año, y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Ambas habían sido detenidas por pedido del Ministerio Público Fiscal y fueron trasladadas desde una alcaidía porteña hasta los tribunales federales platenses.
La investigación judicial apunta a presuntas fallas en la fiscalización que permitieron distribuir ampollas de fentanilo adulterado en hospitales del país.
La fiscal sostiene que las exfuncionarias conocían los riesgos sanitarios y no adoptaron medidas para impedir la circulación del fentanilo contaminado.
Según confirmaron fuentes judiciales, Bisio obtuvo el beneficio de la excarcelación, aunque solo podrá recuperar la libertad una vez que deposite una fianza de 75 millones de pesos. En tanto, Mantecón Fumadó también solicitó ese beneficio, pero el pedido todavía no fue resuelto por el tribunal.
La primera en declarar fue Bisio. La audiencia se extendió durante casi dos horas y, de acuerdo con su defensa, la exfuncionaria pidió interrumpir la indagatoria para completarla posteriormente por escrito y responder preguntas en una nueva audiencia.
Luego fue el turno de Mantecón Fumadó, quien ratificó un escrito presentado previamente y respondió preguntas durante varias horas. En su declaración sostuvo que sus superiores estaban al tanto de las decisiones que se tomaban dentro de la ANMAT y mencionó tanto a Bisio como al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
De acuerdo con la información publicada por La Nación, la exdirectora del Iname también afirmó que la influencia de Lugones sobre los asuntos del organismo era anterior a su designación formal como ministro, cuando todavía se desempeñaba como asesor en la Casa Rosada.
Los fiscales María Laura Roteta y Sergio Rodríguez solicitaron las detenciones al considerar que existen elementos para sostener que las exfuncionarias conocían las condiciones en las que HLB Pharma y Laboratorios Ramallo fabricaban el fentanilo contaminado y los riesgos que esa situación representaba para la salud pública.
En el dictamen sostuvieron que ambas "conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones". La investigación también alcanza a los responsables de esas firmas, entre ellos el empresario Ariel García Furfaro, quien permanece detenido.
La causa es instruida por el juez federal Ernesto Kreplak, quien investiga las responsabilidades penales por la distribución de ampollas de fentanilo contaminado que habrían provocado un centenar de muertes y múltiples secuelas en pacientes de diferentes centros de salud del país.
