La Cámara Alta avanzó con 131 designaciones para juzgados y cámaras del fuero Civil y Contencioso Administrativo. Siete corresponden a La Plata.
El Senado provincial avanzó este miércoles con la aprobación de 131 funcionarios de la justicia provincial, entre jueces, fiscales y defensores, algo más de la mitad de los 206 que ya realizaron la entrevista necesaria y están en condiciones de ser designados.
Lo aprobado en el recinto permitirá cubrir lugares vacantes en los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y de Familia. Siete de las designaciones corresponden al departamento judicial de La Plata.
Es docente de la UNLP y se desempeñaba como defensor oficial. Llegó a una de las instancias máximas de la Justicia bonaerense con sede en La Plata.
Se trata de un magistrado que actuó en resonantes causas de impacto nacional que tramitaron en la justicia de La Plata. Otro Tribunal Oral desintegrado.
La cobertura de estos siete cargos representa un avance relevante en el marco de un sistema judicial ampliamente tensionado por la falta de magistrados. Según datos del programa “Periodismo Judicial. Investigar con Datos y en Red”, una iniciativa del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), durante 2023 se contabilizaron más de 700 cargos judiciales sin cubrir en la provincia de Buenos Aires.
En el Departamento Judicial de La Plata -la sede del poder judicial más importante del país- al menos 32 cargos permanecen vacantes, lo que impacta directamente en el acceso a justicia, la resolución de conflictos y la calidad del servicio judicial.
Como nuevos integrantes de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata fueron aprobados los pliegos de Pablo Muñoz, María Ventura Martínez y Gerónimo Arias.
A ellos se suman las designaciones de Guillermina Belén Di Luca, Hugo Damián Taranto y Mario Raúl Camerini, quienes integrarán juzgados de primera instancia en lo Civil y Comercial.
Finalmente aparece también la designación de Valentina Cattogio para un juzgado de Familia con sede en Saladillo, el cual pertenece al Departamento Judicial platense.
Aunque las designaciones representan una señal política de intención de avanzar en la cobertura de cargos, fuentes legislativas y judiciales advierten que la demora acumulada y la falta de criterios de transparencia en los nombramientos siguen generando tensiones internas en el sistema.
Los tres camaristas en lo Contencioso Administrativo -Muñoz, Ventura Martínez y Arias- llegan a ocupar lugares estratégicos en una de las cámaras con mayor carga de trabajo en la capital provincial. Este fuero analiza, entre otros temas, amparos contra el Estado, causas tributarias, y decisiones administrativas de alto impacto político.
Por su parte, los nuevos jueces civiles y comerciales se sumarán a un fuero que viene funcionando con suplencias y subrogancias, a costa de dilaciones procesales que afectan a miles de litigantes. El nombramiento de Di Luca, Taranto y Camerini busca descomprimir esa situación.
El caso de Valentina Cattogio, que asumirá como jueza de Familia en Saladillo, adquiere particular relevancia no solo por el fuero al que se incorpora —de alta sensibilidad social y con causas de violencia, alimentos y cuidado personal de niñas, niños y adolescentes— sino también porque se trata de una jurisdicción que había quedado sin juez titular desde hace tiempo.
Aunque las designaciones previstas para esta semana representan una señal política de intención de avanzar en la cobertura de cargos, fuentes legislativas y judiciales advierten que la demora acumulada y la falta de criterios de transparencia en los nombramientos siguen generando tensiones internas en el sistema.
Los tres futuros camaristas en lo Contencioso Administrativo -Muñoz, Ventura Martínez y Arias- llegan a ocupar lugares estratégicos en una de las cámaras con mayor carga de trabajo en la capital provincial. Este fuero analiza, entre otros temas, amparos contra el Estado, causas tributarias, y decisiones administrativas de alto impacto político.
Por su parte, los nuevos jueces civiles y comerciales se sumarán a un fuero que viene funcionando con suplencias y subrogancias, a costa de dilaciones procesales que afectan a miles de litigantes. El nombramiento de Di Luca, Taranto y Camerini busca descomprimir esa situación.
El caso de Valentina Cattogio, que asumirá como jueza de Familia en Saladillo, adquiere particular relevancia no solo por el fuero al que se incorpora -de alta sensibilidad social y con causas de violencia, alimentos y cuidado personal de niñas, niños y adolescentes- sino también porque se trata de una jurisdicción que había quedado sin juez titular desde hace tiempo.
Mientras estos siete pliegos ya fueron aprobados, otras designaciones clave para La Plata se encuentran pendientes y rodeadas de controversia. Una de ellas es la cobertura de vacantes en la Cámara Penal, un tribunal estratégico en la resolución de apelaciones en causas de homicidios, delitos complejos y violencia institucional.
Como ya informó 0221.com.ar, el tratamiento de los pliegos penales se encuentra demorado por la resistencia interna que genera una postulación en particular: la de una funcionaria judicial con vínculos familiares directos con un reconocido juez de la ciudad, quien sería su tío. El tema será analizado en una sesión futura.
Esta situación vuelve a poner en agenda la necesidad de revisar los criterios de selección y designación de magistrados, en un contexto donde la justicia bonaerense enfrenta fuertes cuestionamientos por su lentitud, falta de cercanía con los ciudadanos, y vínculos políticos o familiares que opacan su independencia.
La parálisis institucional también se expresa en la cúspide del Poder Judicial. La Suprema Corte bonaerense -máximo órgano judicial de la Provincia- debería tener siete miembros, pero desde el 1° de junio de 2024 funciona con solo tres.
El gobernador Axel Kicillof aún no envió al Senado los pliegos para completar el cuerpo. La situación no solo afecta la dinámica interna de la Corte, sino también su capacidad para ejercer su rol de gobierno del Poder Judicial. Hasta ahora, se mantuvo en funciones con la colaboración ad-hoc de un juez del Tribunal de Casación Penal, pero la situación no puede prolongarse indefinidamente sin afectar seriamente el funcionamiento judicial.
En el plano político, la falta de cobertura de estos puestos también se convierte en un factor de presión hacia el Ejecutivo provincial. Mientras Kicillof avanza en su segundo mandato con una agenda de confrontación con el gobierno nacional, la administración de la justicia bonaerense aparece como uno de los puntos más relegados.