El concejal Guillermo Bardón, presidente del bloque Buenos Aires Libre en el Concejo Deliberante de La Plata, reflexionó sobre el primer año de gestión de Julio Alak.
El foco de la gestión de Julio Alak en los primeros 12 meses al frente del Municipio ha estado puesto casi con exclusividad en la recuperación del espacio público, con la remodelación de plazas y la erradicación de la venta ambulante que operaba en la zona céntrica de La Plata.
Si bien no se puede negar la importancia de revalorizar el espacio público, hay dos cuestiones que no se pueden soslayar y que tienen que ver, por un lado, con que esta acción está circunscrita al casco urbano, postergando y relegando a quienes viven en la periferia y, por otro, con el hecho de que en una ciudad con notorias falencias y deficiencias en todos los aspectos, invertir cifras millonarias en plazas no debería ser la prioridad. Basta con recorrer los barrios para ver el abandono en el que se encuentran decenas de miles de platenses. Es la prueba del Estado ausente.
Poco y nada se hizo en las gestiones anteriores y nada se ha hecho en el primer año de la administración alakista para revertir esta situación. Servicios tan básicos y elementales como el corte de pasto, la reparación de luminarias o el mejorado de calles a las que una ambulancia no puede entrar si hay una emergencia porque son intransitables, no han formado parte de la agenda de prioridades del Municipio.
Tampoco lo han sido la seguridad ciudadana, la seguridad vial, el transporte público, la atención del riesgo ante posibles inundaciones o la recolección de residuos, por mencionar algunos de los déficits de la actual gestión.
La Plata es la segunda ciudad más insegura de la provincia de Buenos Aires. Según datos de la Procuración General de Justicia, durante 2024 creció un 19% la comisión de delitos, y esto sin tener en cuenta los relacionados a la competencia en materia del fuero penal juvenil. Frente a esta dura realidad, el Intendente anunció un plan integral en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, pero nunca se implementó.
También se dijo que se iba a duplicar las 900 cámaras de seguridad existentes, y solo se licitó la compra de 100. Fueron adquiridas un centenar de camionetas para ser usadas como patrulleros para la prevención pero, salvo en los operativos para desalojar a los manteros, brillan por su ausencia. Se desactivaron las casetas de seguridad y no se prevén nuevas. Esa es la realidad con la que conviven los vecinos.
En siniestralidad vial La Plata lidera el ranking en la provincia. En 2023 murieron 74 personas en la ciudad en incidentes de tránsito, y en 2024 la cifra ya se ubica por encima del medio centenar. A pesar de estas cifras alarmantes, desde el Municipio no se hizo nada este año y no se hará prácticamente nada en 2025. La inversión prevista en seguridad vial para el próximo año no llega a los 100 millones de pesos. El programa integral de seguridad vial va a destinar más recursos a la compra de gaseosas, gorras y banners que a pipetas para realizar controles de alcoholemia.
Una de las medidas que podría colaborar en la reducción de los índices de siniestralidad vial sería contar con un eficiente sistema de transporte público de pasajeros. Pero ese no es el caso de La Plata. Y tampoco estuvo puesto el foco desde el Municipio en este tema. Algunas de las concesiones de las líneas de micros que se vencieron hace un par de meses, y otras que vencerán en 2025, fueron prorrogadas hasta diciembre del año próximo. Los platenses deberán esperar bastante tiempo más para ver si pueden contar con un buen servicio.
Tampoco fue una prioridad para la nueva gestión la atención del riesgo por las inundaciones. Lo preocupante, en este caso, no es sólo lo que no se hizo en estos 12 meses sino lo que ocurrirá en 2025, con un desfinanciamiento del programa que este año tuvo asignados 120 millones de pesos y el próximo contará con apenas 12 millones de pesos. Y eso sin mencionar las graves falencias en la comunicación por parte del Municipio cada vez que se produjo una tormenta.
Párrafo final para el servicio de recolección de residuos que presta la empresa ESUR que constituye, sin dudas, otro de los saldos negativos de la actual administración municipal. En diciembre del año pasado, ESUR cobraba 46 millones de pesos por día, y hoy se está llevando 149 millones de pesos, es decir, más de 50 millones de dólares en el año. El elevado costo es inversamente proporcional a la calidad y eficiencia del servicio. Los vecinos que lo sufren -en este caso sí por igual, en el casco urbano y la periferia- pueden dar fe de ello.
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