La fiscal María Eugenia Di Lorenzo cerró la investigación y pidió elevar el caso a juicio. El acusado tiene en La Plata una pericia psiquiátrica en octubre.
La investigación por el crimen de Paula Carolina Lastiris, la comerciante asesinada a tiros dentro de un cotillón del Barrio Norte de La Plata, llegó a una instancia decisiva: la fiscal María Eugenia Di Lorenzo dispuso el cierre del sumario y requirió la elevación de la causa a juicio oral. La medida fue avalada por el Juzgado de Garantías interviniente.
El acusado es Leopoldo Olegario Aráoz, de 49 años, quien permanece detenido con prisión preventiva. Está imputado por el homicidio de Lastiris y por la portación ilegal del arma que habría sido utilizada durante el ataque.
La mujer asesinada en La Plata tenía 47 años, trabajaba en un local de cotillón de Barrio Norte y murió de un disparo. El acusado fue detenido.
Este miércoles un hombre ingresó al local de 37 entre 9 y 10 de La Plata y tras una discusión asesinó a la mujer que atendía. Fue detenido a pocas cuadras.
La causa, que comenzó con el crimen ocurrido el 29 de abril en el comercio ubicado sobre calle 37 entre 9 y 10, atravesó durante estos meses distintas etapas de investigación y sumó una cuestión vinculada con la salud mental del imputado que todavía no quedó definitivamente resuelta.
Por ese motivo, aunque el expediente ya fue encaminado hacia el debate oral, se dispuso como instrucción suplementaria la realización de una nueva pericia de salud mental —en este caso, psiquiátrica— sobre Aráoz, que está prevista para octubre.
Paula Lastiris tenía 47 años y se encontraba en el comercio "Repostillón", dedicado al rubro cotillón y repostería, cuando se produjo el ataque. El local está ubicado en calle 37 entre 9 y 10, en Barrio Norte, una zona residencial de La Plata.
Según la hipótesis que sostuvo la investigación, Aráoz ingresó al comercio cuando Lastiris se encontraba sola y efectuó al menos tres disparos. La mujer sufrió heridas de gravedad y fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde finalmente murió.
Después del ataque, el sospechoso escapó del lugar. La Policía Bonaerense desplegó un operativo cerrojo y logró aprehenderlo a pocas cuadras de la escena, en inmediaciones de calle 35 entre 5 y 6.
En ese procedimiento también fueron secuestrados elementos considerados de interés para la investigación, entre ellos el arma que, según la acusación, habría sido utilizada para cometer el crimen.
Durante la etapa de investigación se incorporaron distintos elementos que ahora forman parte del expediente que llegará a juicio. Entre las pruebas mencionadas en la resolución que dispuso la prisión preventiva aparecen testimonios, registros de cámaras de seguridad, pericias balísticas y el secuestro del arma. Con ese conjunto de elementos, la fiscalía sostuvo la acusación contra Aráoz y avanzó hacia el cierre de la investigación penal preparatoria.
El Juzgado de Garantías avaló el requerimiento de elevación a juicio presentado por Di Lorenzo, por lo que ahora será un tribunal oral el que deberá llevar adelante el debate y determinar, a partir de la prueba que se produzca en esa instancia, si el acusado es culpable o no del delito que se le atribuye.
La elevación a juicio no significa que el acusado haya sido condenado. Se trata del paso procesal mediante el cual, una vez concluida la investigación, la acusación considera que existen elementos suficientes para llevar el caso ante un tribunal oral.
En esa instancia se realizará el debate propiamente dicho. Allí serán producidos y analizados los elementos de prueba admitidos, podrán declarar testigos y peritos y las partes expondrán sus respectivas posiciones.
Finalmente, serán los jueces del tribunal oral quienes deberán resolver si Aráoz resulta responsable penalmente por el crimen que se le atribuye.
Uno de los capítulos particulares de este expediente está relacionado con la salud mental del acusado. Desde la defensa se había solicitado una evaluación amplia para determinar si Aráoz comprendía la criminalidad de sus actos al momento del hecho y si podía dirigir sus acciones.
La pericia psicológica ya había sido realizada y, según fuentes judiciales consultadas durante la investigación, sus conclusiones preliminares no indicaban que el acusado fuera inimputable.
De acuerdo con esas fuentes, el estudio había señalado una baja tolerancia a las frustraciones y decisiones impulsivas, pero esos elementos, por sí solos, no permitían establecer una situación de inimputabilidad.
Ahora, como parte de las medidas dispuestas para completar el expediente antes del juicio, se ordenó una nueva pericia de salud mental, específicamente psiquiátrica, que se realizará durante octubre.
El objetivo será profundizar el análisis sobre el estado mental de Aráoz y determinar, desde el punto de vista médico-psiquiátrico, si comprendía la criminalidad de sus actos y podía dirigir sus acciones al momento del crimen.
La instrucción suplementaria es una medida que puede disponerse en la etapa posterior al requerimiento de elevación a juicio para completar determinados aspectos de la investigación antes de que comience el debate oral.
En términos sencillos, significa que la causa ya está encaminada hacia el juicio, pero el juez puede disponer que se produzca una medida de prueba puntual que resulta necesaria para completar el expediente.
En este caso, esa instrucción suplementaria consiste en la realización de la pericia psiquiátrica sobre Aráoz durante octubre. La medida no implica reabrir toda la investigación ni modificar el hecho por el que el acusado fue enviado a juicio. Se trata de completar un aspecto específico que quedó pendiente y que puede tener importancia para el desarrollo posterior del proceso.
Durante la etapa de investigación, Aráoz fue llevado a declaración indagatoria, pero decidió no declarar. El imputado ejerció así su derecho constitucional a guardar silencio. Esa decisión no puede ser utilizada como una presunción de culpabilidad en su contra.
La indagatoria constituye la oportunidad que tiene una persona acusada de un delito de conocer formalmente la imputación y brindar su versión de los hechos, si así lo desea. También puede optar por no responder preguntas y permanecer en silencio.
Aráoz fue asistido por la defensa oficial, que representa a las personas imputadas que no cuentan con un abogado particular y garantiza el ejercicio del derecho de defensa durante todo el proceso.
Otro de los aspectos que atravesó la investigación fue el motivo del ataque. En las primeras horas después del crimen circuló la versión de que el episodio podía estar relacionado con una supuesta deuda por el alquiler del comercio. Esa hipótesis fue vinculada al hecho de que el acusado era propietario del inmueble.
Sin embargo, durante la investigación el esposo de Lastiris negó que existiera un conflicto económico relacionado con el alquiler y aportó otra información sobre el vínculo entre la víctima y el acusado. Según su testimonio, Aráoz habría mantenido malos tratos hacia la comerciante. Ese elemento forma parte de las distintas circunstancias que fueron analizadas durante la investigación y que podrán ser discutidas nuevamente durante el juicio oral.
La causa llega a esta instancia con una acusación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de uso civil condicional.
Durante la investigación también había sido analizada la posibilidad de que el hecho pudiera ser encuadrado como femicidio, una calificación que contempla prisión perpetua en caso de condena.
Esa posibilidad estuvo vinculada a la necesidad de determinar si el asesinato ocurrió en un contexto de violencia de género.
Por ahora, la acusación que motivó la elevación a juicio es la sostenida por la fiscalía y avalada por el Juzgado de Garantías. El resultado de las medidas pendientes y el desarrollo posterior del proceso serán parte de la evolución del expediente.
A más de cuatro meses del asesinato de Paula Lastiris, la causa dejó atrás la etapa principal de investigación y entró en el camino hacia el juicio oral.
Aráoz continúa detenido con prisión preventiva y deberá afrontar el proceso penal mientras se completa la medida de salud mental ordenada como instrucción suplementaria.
La pericia psiquiátrica prevista para octubre será ahora uno de los próximos pasos relevantes del expediente. Sus conclusiones se incorporarán a una causa que ya tiene requerimiento de juicio y que deberá avanzar hacia la instancia en la que finalmente se determinará la responsabilidad penal del acusado por el crimen ocurrido dentro del cotillón de Barrio Norte.
