Tras ser absuelto en el segundo juicio en La Plata, el peón rural de Brandsen pidió una reparación integral por la privación de libertad que sufrió.
La absolución de Matías Rival en el caso "Bigotito" no significó el final de la batalla judicial por el presunto robo de un ternerito overo en Brandsen. El animal fue encontrado a salvo, devuelto a sus dueños y el acusado fue absuelto por pedido del fiscal.
Días después del veredicto, los abogados Ignacio Fernández Camillo y Francisco Sánchez Peralta presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) V de La Plata para reclamar una reparación económica por los daños sufridos por su defendido y una nueva regulación de honorarios profesionales.
La presentación fue realizada ante el tribunal integrado por el juez Lucas Massaccesi, el mismo que encabezó el segundo juicio oral del expediente luego de que el Tribunal de Casación Penal bonaerense anulara la condena dictada mediante un juicio abreviado.
Los planteos apuntan a tres cuestiones centrales: una reparación integral para Rival, la imposición de costas al Estado provincial y una revisión de los honorarios regulados a los abogados defensores.
El eje principal de la presentación es el pedido de reparación integral por los daños que, según la defensa, sufrió Rival a raíz de una condena que posteriormente fue anulada. Los abogados sostienen que el Estado bonaerense debe indemnizar a su cliente por la privación ilegítima de la libertad que padeció luego de la condena obtenida mediante juicio abreviado. Para fundamentar el monto toman como base un salario mensual de $1.300.000, cifra que, según indican, quedó acreditada durante el juicio oral, percibía un trabajador rural.
Sobre ese parámetro calculan una compensación por trece meses –equivalentes a 400 días de privación de libertad, según la presentación– y agregan un 50% por daño moral y otro 50% por daño psicológico. El resultado final asciende a $33.800.000.
La defensa sostiene que el reclamo encuentra sustento en el artículo 477 del Código Procesal Penal bonaerense, norma vinculada a los supuestos en que una condena es revisada y dejada sin efecto. También invoca garantías previstas en tratados internacionales de derechos humanos y en la Constitución Nacional y Provincial.
Según el escrito, la reparación no debe analizarse únicamente desde una perspectiva patrimonial sino también desde la óptica de los derechos humanos, atendiendo al impacto que tuvo el proceso penal sobre la vida personal, familiar y laboral del acusado.
El TOC V no hizo lugar al planteo. Al resolver la cuestión, Massaccesi sostuvo que el artículo 477 del Código Procesal Penal se refiere específicamente al marco de una acción de revisión tramitada ante Casación y que cualquier reclamo indemnizatorio debía canalizarse por esa vía o, eventualmente, mediante el fuero contencioso administrativo.
Precisamente contra esa decisión se dirige la apelación presentada esta semana. Los defensores consideran que la negativa lesiona el derecho de acceso a la justicia y sostienen que la absolución obtenida luego de la revisión de la condena habilita el tratamiento inmediato del reclamo reparatorio.
La segunda discusión gira en torno a los honorarios profesionales. Massaccesi reguló los honorarios de Fernández Camillo y Sánchez Peralta en 80 Jus más los adicionales legales correspondientes.
Los abogados sostienen que esa suma no refleja el trabajo desarrollado durante más de un año de litigio y recuerdan que cuando asumieron la defensa, Rival ya estaba condenado con sentencia firme y privado de la libertad.
En el recurso detallan las actuaciones que llevaron adelante:
Según explican, el mínimo legal por esas actuaciones sería de 230 Jus. Sin embargo, consideran que la complejidad del caso, la novedad de la acción de revisión y el éxito obtenido en todas las instancias justifican duplicar esa base y fijar una regulación de 460 Jus.
En el escrito remarcan que lograron tres resultados consecutivos favorables: la libertad de Rival, la revisión de la condena y la absolución en el nuevo juicio. Al momento de la presentación el valor del Jus asciende a $ 49.750.
El Jus es la unidad de medida que utiliza la Justicia bonaerense para regular los honorarios de los abogados y otros profesionales que intervienen en procesos judiciales. Su valor es fijado periódicamente por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y se actualiza de acuerdo con parámetros vinculados a la remuneración de los magistrados.
A diferencia de una suma fija en pesos, el Jus permite que los honorarios mantengan un valor actualizado frente a la inflación y las variaciones económicas.
La presentación también cuestiona que el Tribunal rechazara la imposición de costas al Estado bonaerense. Los defensores sostienen que la privación de libertad sufrida por Rival fue consecuencia de actuaciones estatales que luego fueron descalificadas por el Tribunal de Casación Penal. Por ello entienden que el Estado debería afrontar no sólo la reparación reclamada sino también los honorarios y gastos derivados del proceso.
En ese contexto mencionan expresamente la actuación de funcionarios judiciales que intervinieron durante la investigación, el juicio abreviado y la condena posteriormente anulada.
La presentación abre un nuevo capítulo en un expediente que ya produjo una condena anulada, la liberación de un acusado mediante intervención de Casación, un segundo juicio oral y una absolución solicitada por el propio fiscal Lucas Domsky, quien también solicitó que se abra una nueva investigación del caso ya que, según su mirada, hay elementos para investigar a Rival y su hermano por robo de ganado y encubrimiento agravado.
Ahora la discusión ya no gira sobre la responsabilidad penal de Matías Rival por la desaparición de "Bigotito", sino sobre las consecuencias económicas y jurídicas derivadas de la condena que fue dejada sin efecto.
La Cámara de Apelación y Garantías deberá resolver si corresponde revisar la decisión del TOC V respecto de la reparación integral, las costas y la regulación de honorarios profesionales. Mientras tanto, el caso del ternerito hallado en Brandsen continúa generando nuevos capítulos judiciales mucho después del veredicto absolutorio.
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