Concejales del oficialismo y de la oposición se cruzaron por el decreto que suspendió las ordenanzas vinculadas al Código de Ordenamiento Urbano.
La suspensión de los 400 emprendimientos inmobiliarios "ilegales" y las ordenanzas que los habilitaron centralizaron el debate este jueves en una nueva sesión del Concejo Deliberante de La Plata. Hubo cruces entre oficialismo y oposición por la decisión de paralizar los emprendimientos por seis meses y también por los "errores" en el decreto firmado por el intendente Julio Alak.
Los cruces entre los concejales del oficialismo y una parte de la oposición comenzaron a raíz de tres proyectos presentados por el bloque Buenos Aires Libre en los que se pedía el listado completo de los emprendimientos inmobiliarios paralizados por irregularidades, y se pedían explicaciones al Poder Ejecutivo por el decreto 2514 que suspendió por 180 días las 76 ordenanzas relacionadas con cambios al Código de Ordenamiento Urbano (COU), que habilitaron esos desarrollos urbanísticos.
El que abrió el debate fue el presidente del bloque libertario, Guillermo Bardón, quien le reclamó al Municipio haber incluido en el decreto ordenanzas que "nada tienen que ver con los negocios inmobiliarios a los que apunta el Municipio al menos a partir de esta denuncia penal que se ha presentado por supuestos delitos cometidos por funcionarios y desarrolladores".
Y enumeró normativas como la ordenanza que habilitó el Polo Electoral, la que autorizó la construcción de la planta de baterías de litio de la UNLP e Y-TEC y la que adhirió a la ley provincial de "Derecho a la identidad de origen".
Pero encendió la mecha al asegurar que el jefe comunal no incluyó en el decreto la ordenanza 11.767 que autorizó el desarrollo inmobiliario del grupo IRSA, que prevé construir un shopping, oficinas y un complejo habitacional en Camino Belgrano y 514 de Gonnet. "Creo que la omisión no es una casualidad sino una causalidad", dijo y recordó con pancartas que días antes de la firma del decreto, el 27 de septiembre, el intendente mantuvo una reunión con el titular de esa firma, Eduardo Elsztain, según informó la Municipalidad en un comunicado oficial. Y que, tras ese encuentro, la desarrolladora colocó un cartel en el lugar y comenzó con los movimientos de tierra.
"Si 10 días antes de firmar el decreto, que hasta incluye desarrollos de PROCREAR, Alak se reúne con el empresario de IRSA es cuanto menos llamativo y amerita una explicacion del intendente o del secretario de Planeamiento, Sergio Resa", subrayó Bardón.
También calificó de "irresponsabilidad" la decisión de la Comuna de no informar públicamente cuáles son los barrios en suspenso por 180 días porque, dijo, "los platenses van a seguir comprando lotes de buena fe".
La respuesta llegó de parte del concejal de Unión por la Patria, Juan Granillo Fernández, quien admitió que hubo un "error material" en el caso de la adhesión a la ley provincial, pero no en las normativas relativas al Polo Electoral y la planta de baterías puesto que no cuentan con la convalidación del gobierno provincial que es necesaria en toda ordenanza relacionada con el uso del suelo.
"Esas dos ordenanzas están incluidas porque queremos dotar de certeza y visión general a todas las actuaciones por las que se han ido otorgando excepciones", dijo el edil y agregó: "Habrá que ver luego de estos 180 días si siguen en pie, entiendo que va a primar el interés público".
Con respecto a IRSA, Granillo aclaró que la ordenanza sí está alcanzada por el artículo 1° del decreto 2.514 que incluye a todas las ordenanzas relacionadas "que no estén convalidadas" y que, por ende, debería estar suspendida de hecho.
El concejal defendió la decisión de Alak de suspender las ordenanzas para "ordenar" la situación urbanística abierta por los sucesivas rezonificaciones que fueron aprobadas por el Concejo en los últimos años. Recordó que hay una denuncia penal en curso y que "no es un capricho" y recordó que el Colegio de Arquitectos había marcado la falta de convalidación provincial de las ordenanzas "en reiteradas oportunidades".
"Queremos preservar el interés general que es tener una ciudad que pueda ser vivida y no sea tan desigual", dijo y consideró que, en los últimos años, el municipio fue "un espectador bobo" del negocio inmobiliario ya que sólo recaudó por el tributo de plusvalía "230 millones de pesos", una cifra insignificante comparada con la fortuna que se llevaron los desarrolladores.
La concejala del PRO -Libertad, Belén Muñoz, cuestionó en duros términos la suspensión de las ordenanzas y le reclamó al Ejecutivo por la parálisis en que está sumida la Dirección de Obras Particulares. Sostuvo que la sanción y convalidación de un nuevo COU puede llevar años y "en el medio los propietarios, los desarrolladores, los profesionales seguimos en un gris, no hay ninguna respuesta con expedientes viejos ni nuevos".
En la misma línea, el concejal de la UCR + PRO, Javier Mor Roig, consideró que no es necesario suspender los efectos generales de las ordenanzas para ordenar la situación. Y agregó que la suspensión que alcanza, por ejemplo, a 43 ordenanzas relacionadas con barrios PROCREAR genera que la gente "está intranquila" porque "no puede ampliar ni vender su propiedad". Y sumó que los profesionales y los trabajadores "no tienen trabajo y están preocupados".
Ya casi en el final del debate, la concejala peronista Cintia Mansilla pidió a sus pares poner el foco en la necesidad de una planificación urbana y de cumplir con los requisitos que pide la autoridad provincial en la materia. "Lo importante es decirle a los vecinos que estamos trabajando para ordenar la ciudad que necesita tener una planificación urbana", señaló y agregó que el decreto 2.514 busca generar "el margen de tiempo para poder tener un nuevo Código de Ordenamiento Urbano".
También opinó que "hubo una gestión política que llevó adelante negocios en connivencia para llevar a cabo desarrollos inmobiliarios", pero aclaró que "será la justicia la encargada de decir qué pasó".
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