La ordenanza que habilitó la construcción de la planta de baterías de litio fue incluida en el decreto firmado por Julio Alak. También el Polo Electoral.
Los concejales de Buenos Aires Libre denunciaron este miércoles que el decreto firmado por el intendente Julio Alak, que suspendió 76 ordenanzas relacionadas con emprendimientos urbanísticos por 180 días; también incluye la ordenanza que autorizó la construcción de la Planta Nacional de Desarrollo Tecnológico de Celdas y Baterías de Litio (UNILIB).
Se trata de la primera planta en su tipo nivel nacional y funciona bajo la órbita de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el área tecnológica de YPF, conocida como Y-TEC.
Investigadores del CONICET La Plata producen un componente clave que garantiza la vida útil y las condiciones de seguridad en las baterías de litio.
"El intendente Julio Alak suspendió, con la firma del Decreto 2.514, la Ordenanza 12.239 que autorizó la creación de la primera planta nacional de desarrollo tecnológico de celdas y baterías de litio", escribió en su cuenta de X el presidente del bloque libertario, Guillermo Bardón.
El legislador platense apuntó además que "el proyecto es encabezado por la UNLP y ya se invirtieron U$S 7 millones" en su concreción.
La bancada presentó este miércoles un proyecto de Resolución en el Concejo Deliberante para "solicitar que el Departamento Ejecutivo informe los motivos por los cuales la Ordenanza 12.339 referida a la construcción de la planta nacional de desarrollo de celdas y baterías de litio fue incluida en el Decreto 2.514". Esa ordenanza fue aprobada en mayo de 2022 con los votos de Juntos y el Frente de Todos e implicó una modificación del Código de Ordenamiento Urbano (COU) a los efectos de adecuarse a la construcción de la planta que se levantó en el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica, ubicado en diagonal 113 entre 64 y 66, un predio que reunía viejos galpones de la ex Obras Sanitarias.
"Entiendo que el Ejecutivo va a argumentar que, como se hicieron modificaciones de uso del suelo, incluyeron las ordenanzas del Polo Electoral y la de la planta de baterías de litio para que sea el COUT el que diga si está bien que eso funcione ahí. Pero quiero recordar que el Polo Electoral contó con aval de Alak cuando era ministro de Justicia de la provincia, o sea que hay cosas que aparecen cuanto menos desprolijas", afirmó Bardón en declaraciones a 221radio.
Por decreto, Alak dispuso el 10 de octubre la suspensión de 76 ordenanzas relacionadas con el COU por 180 días hasta tanto no se resuelva la situación de 400 emprendimientos inmobiliarios considerados "ilegales". El Ejecutivo explicó que esas normativas no habían sido convalidadas por la autoridad provincial y que, por eso, debían ser revisadas. En ese marco también aclaró que ya está en marcha el proceso para elaborar un nuevo Código.
Dentro del paquete se incluyeron ordenanzas que habilitaron obras claves que están en marcha como el citado Polo, que no tienen que ver con los 400 emprendimientos inmobiliarios irregulares. Por esto, la oposición también pidió que la Municipalidad brinde las explicaciones del caso.
En lo que respecta al Polo, la ordenanza es la 12.451 que fue votada el 1° de junio del año pasado por 14 ediles de Juntos por el Cambio y por 8 del Frente de Todos.
La autorización de los concejales fue el paso clave para que comience la obra en la zona delimitada entre 19 y 22, entre 71 y 72. Se modificaron los indicadores para afectar la zona al proyecto: se desafectó el uso de transporte que tenía -debido al paso del ferrocarril- para afectarlo al uso de seguridad, que permite que allí funcionen oficinas de la justicia electoral.
El Polo Electoral se está construyendo en el predio comprendido entre 19, 22, 71 y 72, con el objetivo de ampliar las instalaciones que ya tiene en ese lugar el Juzgado Federal N° 1, a cargo de Alejo Ramos Padilla. El principal objetivo es mudar hacia allí la actividad que actualmente se lleva adelante en calle 10, entre 57 y 58, donde se genera un colapso del tránsito en época electoral. La inversión nacional para el proyecto había sido incluida en el Presupuesto 2023 y fue de $350.000.000 originalmente, de $390.000.000 para 2024 y de $660.000.000 para 2025.
En el paquete de 76 ordenanzas en suspenso también está la ordenanza por la que la Municipalidad adhirió a la Ley Provincial N° 15.329 de "Derecho a la Identidad de Origen". En este caso, desde el Municipio afirmaron a 0221.com.ar que la inclusión de esta normativa fue un error material y que será "inmediatamente subsanado mediante otro decreto".