El juez Agustín Crispo ordenó la prisión preventiva de Albertina Mangini, Mauro Perrotta e Ignacio Marchioni y dispuso la inhibición de sus bienes.
La Justicia de La Plata convirtió en prisión preventiva las detenciones de Albertina Mangini, Mauro Perrotta e Ignacio Leonel Marchioni, en el marco de una investigación por una presunta organización dedicada a la explotación de juego clandestino, el uso de identidades de terceros y la circulación y lavado de fondos provenientes de esas maniobras.
La resolución fue firmada por el juez de Garantías N° 6 de La Plata, Agustín Crispo, a pedido de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2. La causa investiga hechos ocurridos, al menos, entre noviembre de 2023 y junio de 2024 y contempla, con diferentes grados de atribución para cada imputado, los delitos de "asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos y lavado de activos agravado".
Según la reconstrucción incorporada al expediente, la organización habría funcionado mediante una estructura con división de tareas para explotar plataformas de casino virtual clandestino. Los denominados "paneles" captaban jugadores, administraban fichas, recibían apuestas, pagaban premios y transferían parte de las ganancias a los proveedores que controlaban la infraestructura.
Uno de los puntos centrales de la investigación es la presunta utilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales abiertas con identidades de terceros. De acuerdo con la resolución, se habrían utilizado teléfonos con aplicaciones financieras preactivadas y datos digitales previamente obtenidos para canalizar el dinero generado por las apuestas clandestinas.
En ese esquema aparece Mangini, quien se desempeñaba como secretaria de la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados del Departamento Judicial La Plata. El juez consideró reunidos elementos para sostener, en esta instancia, que habría captado personas en situación de vulnerabilidad y ofrecido dinero a cambio de obtener documentación y datos biométricos que después eran utilizados para crear cuentas digitales.
Uno de los episodios reconstruidos tiene como protagonista a una mujer que declaró que Mangini le habló de un hombre llamado "Mauro", quien podía pagarle $80.000 por una cuenta. Según su testimonio, fue citada a un bar de 7 y 56, donde otras dos mujeres le solicitaron el documento y escanearon su rostro con un teléfono. Primero recibió $20.000 y luego Mangini le transfirió otros $60.000.
La investigación también incorporó informes financieros según los cuales Mangini recibió cuatro transferencias desde una cuenta abierta a nombre de la víctima por un total de $370.000. El expediente reconstruyó además que, en junio de 2024, una de esas cuentas transfirió dinero a Perrotta y posteriormente se registraron movimientos hacia Mangini.
En el caso de Mauro Perrotta, la Justicia tuvo en cuenta distintos elementos que lo vinculan con la administración de uno de los paneles de juego clandestino. Entre ellos aparece una billetera de Ualá abierta a nombre de la víctima, que estaba vinculada a un teléfono registrado a nombre del acusado, así como conexiones realizadas desde direcciones IP correspondientes a un servicio contratado por él.
El propio Perrotta declaró durante la investigación y describió la existencia y funcionamiento del panel que administraba, el uso de cuentas pertenecientes a terceros para cobrar apuestas y pagar premios, la recepción de instrucciones mediante la aplicación Signal y la intervención atribuida a Mangini para conseguir nuevas cuentas.
El juez consideró que existen elementos suficientes, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, para atribuirle asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos y lavado de activos agravado por habitualidad y por haber sido cometido como integrante de una asociación.
La resolución dedica otro tramo a Ignacio Leonel Marchioni, a quien ubica principalmente en la etapa vinculada con la recepción, circulación y conversión de fondos. Entre los elementos analizados aparecen múltiples cuentas bancarias y billeteras virtuales, movimientos con otros investigados y operaciones con activos digitales.
Uno de los datos de mayor magnitud surge de una cuenta en la plataforma Haz Pagos. Según el expediente, allí se registró un flujo bruto de $27.149.888.153,28, compuesto por más de $13.574 millones en ingresos y una cifra prácticamente idéntica en egresos, con apenas $3 de saldo residual.
El fallo también menciona operaciones vinculadas con Catriel Taubenschlag y movimientos con activos virtuales que, según los informes incorporados a la causa, alcanzaron un volumen combinado de 8.390.722,78 USDT, equivalente en el análisis judicial a más de $10.868 millones.
En el caso de Marchioni, Crispo consideró acreditada provisoriamente su probable intervención en asociación ilícita y lavado de activos, pero descartó en esta instancia atribuirle defraudación informática porque no encontró elementos suficientes para vincularlo directamente con la captación de personas, la obtención de datos biométricos o la apertura de las cuentas.
La situación de Mangini también recibió un tratamiento diferenciado. Aunque el juez mantuvo la imputación por asociación ilícita y defraudación informática, entendió que no existen por ahora elementos suficientes para sostener su intervención penalmente responsable en el lavado de activos.
Crispo rechazó los planteos de libertad al considerar que existen riesgos procesales concretos de fuga y entorpecimiento de la investigación, incluida la posibilidad de influir sobre testigos. También ponderó la cantidad de personas que habrían intervenido y, en el caso de Mangini, su condición de agente judicial y el contacto con personas en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, el magistrado convirtió las tres detenciones en prisión preventiva, solicitó cupo al Servicio Penitenciario Bonaerense para su alojamiento en unidades carcelarias y dispuso la inhibición general de bienes de Mangini, Marchioni y Perrotta mientras continúe el proceso o exista una resolución en contrario. La medida patrimonial es cautelar y no implica un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad penal de los acusados.
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