Dos peritos recomendaron adoptar medidas de cuidado para protegerla durante su detención en La Plata.
Una pericia oficial realizada en La Plata por profesionales de la Suprema Corte de Justicia bonaerense incorporó un nuevo elemento al expediente que tiene detenida a Albertina Mangini, la funcionaria judicial investigada por su presunta participación en una organización que habría utilizado datos personales y biométricos para abrir cuentas digitales y canalizar dinero de origen ilegal.
El informe al que accedió 0221.com.ar fue elaborado por Mariel Lucía Azcacibar, magíster y licenciada en Trabajo Social, asesora técnica de la Dirección General de Asesorías Periciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y María José Novillo, licenciada en Trabajo Social y perita trabajadora social de la Asesoría Pericial La Plata.
Al volver de vacaciones, un funcionario judicial de La Plata encontró su casa desvalijada. Los ladrones se llevaron el auto y numerosos objetos.
La funcionaria acusada de cometer una millonaria estafa en La Plata se negó a declarar y ahora la fiscalía deberá definir si continúa o no detenida.
Las profesionales analizaron específicamente la situación de Mangini y formularon una advertencia vinculada con las condiciones de su detención y con el riesgo que podría enfrentar dentro del ámbito penitenciario.
La conclusión del informe señala: "Su desarrollo laboral enmarcado en la justicia penal, en contacto con detenidos y sus familiares, la podría ubicar en situación de riesgo en detención si no se arbitraran las medidas de cuidado necesarias".
La recomendación no implica, por sí misma, que las peritas hayan indicado que Mangini deba abandonar el penal ni que hayan dispuesto un arresto domiciliario. El punto central es otro: advirtieron sobre la necesidad de implementar medidas de cuidado específicas durante su detención.
El informe adquiere relevancia porque se incorpora a una discusión que la defensa de Mangini ya planteó ante la Justicia: cuáles son las condiciones adecuadas para que la funcionaria permanezca detenida mientras avanza la investigación.
La defensa, ahora a cargo de Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina, ya había puesto el foco en el estado de salud de Mangini y había incorporado informes médicos, psicológicos y psiquiátricos.
En esos documentos se había consignado una pérdida de peso severa, restricción alimentaria y un cuadro de ansiedad y depresión vinculado, según lo relatado por la propia detenida a los profesionales, con su situación judicial y las condiciones del encierro.
También se había registrado un peso de 45,3 kilos, merma muscular generalizada y prominencias óseas visibles. La evaluación psicológica describió ansiedad, angustia y llanto frecuente, además de preocupación por sus padres, de alrededor de 80 años y con problemas de salud.
Ahora, la pericia oficial incorpora otra dimensión: el eventual riesgo derivado de la propia trayectoria laboral de Mangini dentro de la Justicia penal.
El planteo de las trabajadoras sociales no es que esa circunstancia determine automáticamente una morigeración de la detención. Lo que establece es la necesidad de adoptar medidas de protección.
En términos procesales, la conclusión de las peritas puede convertirse en un elemento para el planteo de la defensa sobre las condiciones de detención.
El informe no dice que Mangini deba cumplir arresto domiciliario. Tampoco sostiene que su permanencia en un establecimiento penitenciario resulte necesariamente incompatible con las recomendaciones efectuadas.
La cuestión que puede abrirse ahora es más concreta: si las medidas de cuidado recomendadas pueden ser implementadas efectivamente dentro del penal y si resultan suficientes para neutralizar el riesgo advertido por las profesionales.
Si la respuesta fuera negativa, ese escenario podría ser utilizado por la defensa para reforzar el pedido de una morigeración de la detención, eventualmente mediante arresto domiciliario.
Por eso, el informe no funciona como una orden de salida de prisión, sino como un elemento que puede incidir en la evaluación judicial sobre cómo y dónde debe permanecer detenida Mangini mientras continúa la causa.
Mangini está detenida en una investigación que tramita ante la fiscalía de Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata. La carátula de la causa es "asociación ilícita - defraudación informática - lavado de activos de origen delictivo".
La causa investiga a una presunta organización criminal a la que se atribuye un circuito de captación de personas, obtención de datos personales y biométricos, apertura de cuentas en billeteras virtuales y posterior circulación de fondos.
La fiscalía estableció como punto de partida un volumen de operaciones de aproximadamente 27.000 millones de pesos, con fondos que, según la hipótesis investigativa, tendrían entre sus fuentes el juego ilegal y que habrían sido direccionados a través de distintas cuentas.
La pesquisa ya tiene varios detenidos y también dos sospechosos que permanecen prófugos. Mientras se analizan teléfonos, computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentación secuestrada durante los allanamientos, la fiscalía continúa definiendo los próximos pasos procesales.
En ese contexto, la situación personal de Mangini quedó atravesada por dos discusiones diferentes pero relacionadas: por un lado, la investigación penal y la posibilidad de que Lacki solicite su prisión preventiva; por otro, las condiciones en las que puede permanecer detenida.
La nueva pericia oficial suma ahora un elemento concreto a ese segundo debate: dos profesionales de la Suprema Corte advirtieron que su trayectoria dentro de la Justicia penal podría colocarla en una situación de riesgo durante el encierro si no se adoptan las medidas de cuidado necesarias.
