El Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IV (La Plata), presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades financieras y administrativas detectadas durante anteriores gestiones de la institución.
La denuncia menciona contratos con firmas presuntamente apócrifas, faltantes de bienes, pagos sin respaldo y movimientos de dinero bajo sospecha en La Plata.
El Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IV (La Plata), presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades financieras y administrativas detectadas durante anteriores gestiones de la institución.
La presentación apunta a una serie de operaciones que habrían comprometido el patrimonio del organismo y plantea la posible comisión de distintos delitos, entre ellos administración fraudulenta, falsificación de documentos, peculado y asociación ilícita.
El escrito fue presentado el 23 de octubre ante la Fiscalía General departamental. Ese mismo día, desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron su registración con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 8 y el Juzgado de Garantías N° 3 de La Plata.
La denuncia fue formulada en representación de la institución por su actual presidente, Gonzalo Damián Hayón, con el patrocinio de los abogados Ignacio Fernández Camillo y José Francisco Sánchez Peralta.
La acusación se sustenta en dos expedientes administrativos de la Comisión de Sumarios del Distrito IV: el C.S. 01/22, iniciado en noviembre de 2022 y compuesto por 521 fojas, y el C.S. 03/23, iniciado en noviembre de 2023. Allí se habrían documentado distintas anomalías vinculadas con contrataciones, alquileres, pagos, manejo de fondos y conservación de documentación institucional.
Los denunciantes solicitaron que se incorporen esos expedientes a la investigación penal y que se produzcan pericias contables y caligráficas, además de informes bancarios y declaraciones testimoniales.
Uno de los capítulos de la denuncia describe la compra de diez computadoras para la institución que, según las actuaciones administrativas, no se encontrarían en su totalidad dentro del patrimonio o en uso del Colegio al momento de la auditoría.
La adquisición habría sido facturada por un proveedor cuya actividad comercial registrada no estaría vinculada con la venta de equipamiento informático. También se cuestionó que no se hubieran cumplido los procedimientos de selección de proveedores establecidos por la normativa interna.
Otro de los puntos se relaciona con el servicio de limpieza. La Comisión Sumarial habría detectado pagos simultáneos a una empresa y a otras dos personas contratadas directamente para realizar tareas correspondientes al mismo servicio y período. En sus conclusiones, el organismo administrativo señaló la existencia de una posible duplicación de erogaciones.
También se cuestionaron pagos de viáticos en efectivo mediante la caja chica, sin documentación suficiente para acreditar su destino, y una serie de contrataciones vinculadas con obras de remodelación en inmuebles de la institución.
En ese último apartado, la denuncia describe una situación particular: una obra de 18 metros cuadrados habría sido ejecutada por una persona, pero posteriormente facturada y cobrada por otra. Según la documentación incorporada al sumario, el Colegio habría autorizado y efectivizado el pago pese a que los trabajos habían sido realizados por un tercero.
Las locaciones de inmuebles también forman parte de la presentación. Una de las operaciones cuestionadas corresponde a una propiedad de Berisso, donde el Colegio ya contaba con una boca de visado que funcionaba en la Sociedad Italiana sin pagar alquiler.
Pese a ello, se habría decidido trasladar esa dependencia a otro inmueble y celebrar un contrato de locación. La Comisión Sumarial observó que existían diferencias entre los montos pactados, las facturas emitidas y los pagos realizados, además de inconsistencias en las condiciones contractuales.
Una situación similar fue señalada respecto de un inmueble ubicado en Los Hornos, destinado al funcionamiento de otra boca de visado. Allí se habrían detectado diferencias entre el contrato, las facturas y las transferencias, además de inconsistencias entre el destino declarado para la propiedad y sus características reales.
El segundo expediente administrativo incorporado a la denuncia contiene observaciones sobre contratos de asesoramiento que habrían sido confeccionados con firmas que no corresponderían a las personas identificadas como sus suscriptoras.
En particular, se mencionan las declaraciones de dos técnicas que negaron haber firmado los respectivos instrumentos. Una de ellas calificó como apócrifa la rúbrica que aparecía en su contrato, mientras que la otra manifestó que había sido contratada, pero que nunca había suscripto el documento que se le atribuía.
La presentación también pone bajo la lupa el manejo de los fondos institucionales. Entre otros puntos, señala que se habrían liquidado compensaciones simultáneas por el desempeño de distintas funciones dentro del Colegio y que algunos asesores técnicos no habrían percibido honorarios que se les adeudaban.
Otro de los movimientos observados corresponde a una transferencia de $30.417 realizada en julio de 2023 desde una cuenta del Colegio hacia una cuenta bancaria personal, en concepto del alquiler del inmueble de Berisso.
Además, se identificaron dos cheques que habrían sido emitidos y cobrados sin que existiera constancia de su registración en el sistema administrativo Compass. La documentación examinada no permitiría establecer quiénes los emitieron, quiénes fueron sus beneficiarios ni cuál fue el concepto de esos pagos.
La denuncia también incluye la organización de un Curso de Energía Renovable. Según las actuaciones administrativas, se habrían recaudado $161.000, aunque solamente una parte de los comprobantes contaría con el sello oficial de la institución. El acta correspondiente había fijado el valor del curso en $80.000 y el excedente, de $81.000, habría sido destinado al pago de un servicio gastronómico. Sin embargo, la auditoría no habría encontrado documentación respaldatoria de esa contratación ni del desembolso.
Finalmente, se incorporó el testimonio de una técnica que manifestó haber presenciado el retiro y traslado de cajas que contenían documentación de Tesorería. Ese episodio también fue incluido entre los hechos que requieren investigación.
En función de las presuntas irregularidades descriptas, los abogados de la institución solicitaron una serie de medidas para reconstruir las operaciones y determinar si existió un perjuicio económico.
Entre ellas se encuentran pericias caligráficas sobre los contratos cuestionados, con cotejo de las firmas originales de las personas involucradas, y una pericia contable sobre actas, facturas, recibos y movimientos bancarios.
También pidieron informes a las entidades financieras para obtener copias de los cheques observados y reconstruir las transferencias vinculadas con el alquiler de Berisso.
A su vez, solicitaron que declaren distintas personas mencionadas en los expedientes administrativos, que se requiera la documentación de Tesorería presuntamente retirada y que se preserven los registros del sistema Compass.
Otra de las medidas propuestas es una constatación en la sede institucional para verificar el faltante de las computadoras adquiridas.
La presentación plantea distintas figuras penales, entre ellas administración fraudulenta, defraudación en perjuicio de la administración pública, estafa, falsificación y uso de documentos privados falsos, falsedad ideológica, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos, peculado, ocultamiento de documentación y asociación ilícita.
La calificación legal fue propuesta por los denunciantes y deberá ser evaluada por la fiscalía durante el avance de la investigación. Por el momento, la presentación constituye una denuncia penal y los hechos descriptos deberán ser acreditados en el expediente.
El Colegio también solicitó que se le reconozca la condición de víctima dentro de la investigación y dejó expresamente planteada su intención de constituirse como particular damnificado.
La causa ya tiene número de IPP y fiscalía asignada. Ahora será la UFIJ N° 8 la que deberá analizar la documentación aportada y resolver las medidas necesarias para determinar el alcance de las presuntas irregularidades.
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