El juez Sebastián Casanello procesó al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo por asociación ilícita y dispuso un embargo superior a los 202 millones de pesos.
El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue procesado por asociación ilícita en el marco de una causa que investiga presuntos sobornos, fraude al Estado e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública durante su gestión al frente del organismo nacional.
La medida fue dispuesta este lunes por el juez federal Sebastián Casanello y alcanza también a Daniel Garbellini, quien fuera el segundo de Spagnuolo en la ANDIS, además de Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos con vínculos estrechos con droguerías.
Un peritaje privado informó que los audios que involucran a Diego Spagnuolo en un presunto esquema de coimas en la ANDIS mostrarían manipulación e IA.
Tras el escándalo por los audios con pedidos de coimas filtrados, el Gobierno disolvió la ANDIS y aseguró que no se recortarán prestaciones.
Según se informó, el magistrado procesó en total a 19 personas, entre ex funcionarios y empleados del organismo y empresarios privados, a quienes consideró partícipes, con distintos roles, de una asociación ilícita que se infiltró en la Agencia Nacional de Discapacidad.
En el fallo, Casanello dispuso embargos por distintos montos sobre los bienes de los imputados. El más elevado corresponde a Spagnuolo y supera los 202 millones de pesos, de acuerdo a lo establecido en la resolución judicial.
El juez sostuvo que en los primeros meses del Gobierno de Javier Milei se instaló "un entramado de corrupción institucional" cuyo núcleo fue el funcionamiento irregular de la ANDIS, con la participación conjunta de operadores externos y funcionarios que ocupaban cargos de máxima autoridad.
Para Casanello, la agencia se transformó en una "vía de enriquecimiento" para los miembros de la organización, en perjuicio de la finalidad pública del organismo, que debía estar orientada a la protección y el cuidado de las personas en situación de discapacidad.
Además, el magistrado dejó abierta la posibilidad de ampliar la investigación al advertir que el esquema delictivo "no se agota en los hechos aquí probados" y que existen indicios de extensión de prácticas de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores.