Dos personas son juzgadas por un hecho ocurrido en 2018 en Altos de San Lorenzo. La segunda audiencia será este jueves en La Plata.
Con la declaración de testigos y policías comenzó el juicio por jurado ciudadano que se desarrolla en el fuero Penal de La Plata por un crimen ocurrido en 2018 en la localidad de Altos de San Lorenzo, hecho por el que hay dos personas acusadas y privadas de su libertad en prisión preventiva desde hace seis años.
Se trata de un hecho registrado en la madrugada del 29 de marzo de aquel año donde, en circunstancias que serán materia de controversia en el debate, dos personas atacaron a Rodrigo Alejandro Cantero (17) y uno de ellos le dio un disparo en la cabeza. El caso se desencadenó en 28 y 77 de la mencionada localidad. Si bien sobrevivió al ataque inicial, la víctima murió posteriormente en el Policlínico General San Martín.
Uno de los acusados es Ariel Martínez, quien será defendido por el letrado Ricardo Callaba y su colega Brenda Haile. El otro es Nahuel Miño asistido en la defensa por el equipo jurídico que integran Solange Alonso Barnetche, Daniela Blanco, Alejandra Demaría e Ignacio Fernández Camillo.
La acusación estará en manos de la fiscal Helena De La Cruz. La dirección del debate será responsabilidad de la jueza Carmen Palacios Arias del Tribunal Oral Criminal (TOC) V de La Plata, donde se debatirá el expediente de cara a la sociedad.
Para esta causa fueron dispuestas cuatro jornadas de debate en la sede del fuero penal local, ubicada en calle 8 entre 56 y 57. En esta ocasión, será un jurado popular conformado por 12 ciudadanos, quienes presenciarán todo el debate y luego deberán deliberar un veredicto.
Este juicio oral tenía fecha de debate para 2023. Por un problema de agenda se reprogramó para 2026, pero la defensa de Martínez hizo una serie de planteos y logró adelantar el debate ya que de haberse mantenido la fecha los acusados iban a llegar a juicio con más de ocho años en prisión preventiva.
"Martínez es ajeno al crimen, estamos seguro de su inocencia ", reiteró el defensor Callaba a 0221.com.ar.
Por su parte desde la defensa de Miño señalaron que “quienes van a juicio, pese a las gravísimas deficiencias en la investigación, llevan casi seis años privados de su libertad, algo a todas luces que vulnera sus derechos y tiene como único objetivo una condena sin juicio”.
Antes del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus los casos tardaban no menos de 3 años en llegar a juicio oral, ese era el tiempo mínimo. Luego de casi 2 años de una fuerte reducción del volumen de gestión a causa de la pandemia las agendas de la magistratura volvieron a agravarse en relación a las demoras en llegar a un veredicto y eventual sentencia de primera instancia. Las causas son múltiples, pero se pueden enumerar como urgentes a solucionar la designación de magistrados (jueces, fiscales, defensores) en cargos vacantes por jubilación, la creación de nuevos tribunales orales. Esta tarea corresponde a los poderes Ejecutivos y Legislativo de la provincia de Buenos Aires.