El Municipio presentó un plan para enfrentar el avance de los loteos ilegales y definir el futuro de miles de familias que construyeron sin autorización.
La Municipalidad de La Plata avanza con el plan para regularizar los loteos ilegales que funcionan sin habilitación desde 2013. El proyecto incluye nuevas reglas para definir qué desarrollos podrán continuar, cuáles deberán adecuarse y cuáles quedarán excluidos por estar en zonas no urbanizables o de riesgo de inundación.
Durante la reunión del último miércoles en la comisión de Planeamiento del Concejo Deliberante, el secretario del área, Sergio Resa, detalló el proyecto de ordenamiento territorial que impulsa la gestión de Julio Alak para ponerle fin al problema de los loteos ilegales. La iniciativa, que reemplazaría al actual Código de Ordenamiento Urbano, apunta a reorganizar el uso del suelo y fijar nuevos criterios para el desarrollo urbano.
El secretario de Planeamiento, Sergio Resa, explicó en el Concejo Deliberante el programa con el que buscan regularizar la situación de los barrios ilegales.
En 2024, Julio Alak suspendió 76 ordenanzas que habilitaban cientos de proyectos urbanos, pero nunca precisó cuáles eran. 0221.com.ar los relevó y mapeó.
En ese marco, el funcionario reveló que existen unas 6.800 viviendas construidas en 435 barrios irregulares desarrollados en La Plata desde diciembre de 2013. De ese total, más de 2.800 viviendas se ubican en 241 urbanizaciones que superan las 20 casas.
El programa que impulsa el Municipio plantea que quienes tengan casas construidas o trámites iniciados podrán regularizar su situación, pero tendrán un plazo de solo 60 días para hacerlo una vez que la ordenanza entre en vigencia. A su vez, los barrios con menos de 20 viviendas y ubicados en zonas no habilitadas podrán empadronarse, aunque sin derecho a subdividir la tierra.
Uno de los puntos centrales del proyecto tiene que ver con el límite a la expansión de la ciudad: según explicó Resa, se busca consolidar lo ya urbanizado antes que seguir extendiéndose hacia zonas rurales o con riesgo de inundación. "La ciudad no tiene que crecer más, sino compactarse", aseguró.
Actualmente, el 60% del área de mayor peligrosidad hídrica está sin ocupar, y la propuesta apunta a mantener esa situación. Por eso, los barrios desarrollados fuera de las zonas urbanizables establecidas por el COU deberán ajustarse a nuevas exigencias, como por ejemplo respetar una densidad de 600 metros por lote en áreas rurales.
El caso del barrio cerrado "Pueblo", donde los lotes son de apenas 400 metros, fue señalado como ejemplo: deberán adecuarse a la Ley Provincial N° 8.912. "Van a tener que modificar esto", sostuvo el funcionario.
Además, se aclaró que no todos los barrios irregulares están en la misma situación. De los 435 desarrollos, 266 tienen algún expediente administrativo iniciado en la Comuna, mientras que los otros 169 surgieron sin ningún tipo de autorización ni trámite.
Durante la comisión, concejales de la oposición señalaron errores técnicos en el proyecto, como la derogación de normas que avalan el Polo Electoral en Meridiano V o la fábrica de baterías de litio de la UNLP. El oficialismo reconoció esos puntos y prometió corregirlos antes del tratamiento en el recinto.
Otro tema que generó discusión fue cómo se financiará la extensión de servicios básicos a los barrios que logren regularizarse. El Ejecutivo adelantó que enviará nuevos proyectos para modificar la plusvalía y establecer una tasa por subdivisión, aunque eso se debatirá recién en la segunda mitad del año.
Finalmente, desde el oficialismo señalaron que el objetivo es dictaminar el proyecto la próxima semana para tratarlo en la sesión del jueves. Si no logran los consensos necesarios, la discusión se postergará para mayo. Mientras tanto, los desarrolladores siguen bajo la lupa: aquellos que continúen publicitando lotes suspendidos serán sancionados, advirtió Resa.