El secretario de Planeamiento, Sergio Resa, explicó en el Concejo Deliberante el programa con el que buscan regularizar la situación de los barrios ilegales.
El secretario de Planeamiento y obras Públicas, Sergio Resa, explicó este miércoles ante la comisión de Planeamiento del Concejo Deliberante los alcances y detalles del Plan de Ordenamiento Territorial y el Programa de Tratamiento Administrativo de Loteos Ilegales con el que el intendente Julio Alak busca ponerle fin al conflicto abierto por los más de 400 barrios ilegales construidos desde 2013 en la ciudad.
El funcionario fue convocado por la presidenta de la comisión de Planeamiento, la concejala de UxP, Cintia Mansilla, para explicar la iniciativa que busca reemplazar al Código de Ordenamiento Urbano (COU) actual en pos de planificar el crecimiento urbano de la ciudad y tratar, a su vez, la situación de los barrios "ilegales", cuya construcción y trámites están frenados desde octubre por no contar con permiso provincial.
En 2024, Julio Alak suspendió 76 ordenanzas que habilitaban cientos de proyectos urbanos, pero nunca precisó cuáles eran. 0221.com.ar los relevó y mapeó.
Se conoció la letra chica del proyecto de ordenanza que envió el intendente de La Plata Julio Alak al Concejo Deliberante para ser tratado por los concejales.
El Ejecutivo viene trabajando en este primer proyecto de ordenanza -habrá varios más- desde el año pasado junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Fundación CEPA y el gobierno bonaerense. Y hay apuro por aprobarlo en el Concejo Deliberante, ya que el decreto que suspendió por 180 días los trámites y obras en los barrios está venciendo en estos días.
En su exposición, Resa explicó primero en detalle el modelo de ciudad al que apunta el proyecto que está relacionado con el diseño fundacional de La Plata, así como las nuevas zonas de uso del suelo donde se podrá construir -urbana, periurbana y rural- y aquella en la que no, que es la de peligrosidad por riesgo de inundación. Según indicó, en la actualidad el 60% de la zona de mayor peligrosidad está sin ocupación y el proyecto apunta a que siga así.
"Estamos seguros que la ciudad no tiene que crecer más sino compactarse. Tenemos que ponernos de acuerdo en que no crezca más y consolidarla: esto es dotarla de servicios", dijo y ejemplificó que más del 50% de la población no tiene cloacas.
En este marco, el funcionario dijo que se decidió frenar por 180 días las ordenanzas correspondientes a los 435 loteos y urbanizaciones ilegales desarrollados entre el 19 de diciembre de 2013 y el 9 de octubre de 2024, porque todos los dictámenes provinciales coincidían en que las ordenanzas no respondían a un modelo de ciudad ni estaban en línea con el ordenamiento territorial. Por esto se decidió avanzar primero en un proyecto integral urbano que defina nuevas zonas de uso del suelo y un régimen de fiscalización y sanciones más duras.
"Aplicar una ordenanza en contra de un modelo (de ciudad) provoca serios inconvenientes territoriales. En este caso una ampliación urbana desmedida que hace imposible dotar de servicios públicos, transporte y seguridad adecuados porque están afuera de lo que se considera urbanizable. Y después somete a los dueños de las viviendas a la imposibilidad de escriturar porque no cumplen la ley. Por eso los llamamos barrios ilegales", sintetizó.
En este punto, precisó que el programa incluido en la ordenanza alcanza a 435 barrios. De ese total, 266 tenían expediente administrativo iniciado en la Comuna, entre los que están incluidos todos los proyectos Procrear, mientras que hubo 169 urbanizaciones que se llevaron adelante "de hecho", es decir sin ningún permiso municipal.
Tanto los desarrollos que cuenten con aprobaciones parciales como aquellos que tengan ya casas construidas entrarán al programa y tendrán 60 días para regularizar la situación, una vez que entre en vigencia la ordenanza. La estimación oficial es que hay 6.800 viviendas construidas en estos 435 desarrollos, y que 2.800 corresponden a 241 urbanizaciones que cuentan con más de 20 viviendas. A los que tengan menos de 20 viviendas y están en zona no habilitada se les permitirá empadronarse, pero no van a poder subdividir la tierra.
El tratamiento para cada loteo dependerá de su localización: si está dentro del área urbana que fija el actual Código de Ordenamiento Urbano -Ordenanza N° 10.703- o fuera de ella; si están incluidos en zona periurbana y rural con una densidad mayor o menor a 30 habitantes por hectárea, y con más o menos de 20 viviendas. "A los barrios que tienen un nivel importante de consolidación real o administrativa se les van a dar indicadores acordes a la zona rural", señaló el funcionario.
En el caso de la zona periurbana y rural, Resa aclaró que los terrenos deberán cumplir con una densidad de 600 metros, que es el parámetro que fija la ley 8912. Y puso como ejemplo el caso del barrio cerrado "Pueblo", en el que los lotes vendidos son de 400 metros y deberán adecuarse. "Van a tener que modificar esto ya que la ley provincial así lo indica", dijo.
El funcionario adelantó también que el Ejecutivo enviará más adelante otras ordenanzas que acompañarán al plan de ordenamiento territorial: una para modificar la plusvalía que pagan hoy los desarrollos para que sea a valores reales, y otra relacionada con una nueva tasa por subdivisión que quieren empezar a cobrar. Ambas serán enviadas al Concejo recién en la segunda parte del año y requerirán de la convocatoria a la asamblea de Mayores Contribuyentes.
El proyecto será estudiado en la comisión de Planeamiento entre el lunes y miércoles de la próxima semana. El objetivo del oficialismo es tener dictamen para poder tratarlo en la sesión ordinaria prevista para el jueves o, en cas de no llegar con los tiempos o los votos, llevarla al recinto ya en el primer encuentro de mayo.
Tras la exposición de Resa, los concejales del PRO, la UCR + PRO y la Libertad Avanza formularon varias preguntas relacionadas con cuestiones de técnica legislativa pero también con los cambios en la plusvalía y la forma en que se financiarán -una vez que se apruebe la ordenanza- la extensión de los servicios básicos a los barrios ilegales que se regularicen.
Tanto el concejal radical Javier Mor Roig como el edil de LLA, Guilermo Bardón, marcaron errores en la derogación de ordenanzas que plantea el proyecto y pusieron el énfasis en, por ejemplo, la eliminación de la normativa que aprueba el Polo Electoral en Meridiano V o la fábrica de batería de litio de la UNLP. El oficialismo aseguró que se trata de errores y prometió enmendarlos.
La concejala Belén Muñoz, en tanto, marcó que hay loteos que se siguen publicitando y vendiendo pese a estar suspendidos. Resa aclaró que todos fueron notificados de su situación y aseguró que los que siguen publicitando al día siguiente de la sanción de la ordenanza "serán sancionados".