En 2024, Julio Alak suspendió 76 ordenanzas que habilitaban cientos de proyectos urbanos, pero nunca precisó cuáles eran. 0221.com.ar los relevó y mapeó.
Esta semana vence el decreto con el que el intendente de La Plata Julio Alak suspendió por 180 días 76 ordenanzas del Concejo Deliberante que autorizaban loteos para la construcción de viviendas en zonas que hasta ese momento no estaban habilitadas. La medida puso en suspenso a cientos de desarrollos que avanzaron en obras e incluso terminaron.
Las ordenanzas en cuestión fueron sancionadas entre diciembre de 2013 y junio de 2023, durante las gestiones de sus antecesores Pablo Bruera y Julio Garro, y disponían de hecho cambios al Código de Ordenamiento Urbano y Territorial asignándoles indicadores urbanos a zonas que estaban destinadas a otros usos.
El intendente Julio Alak anunció que enviará al Concejo el nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial que incluirá un plan para resolver la situación.
Pero no solo eso. El decreto del Intendente, que lleva el número 2.514 y tiene vigencia desde el 10 de octubre de 2024, suspendió todo tipo de ordenanza relacionada con cambios a ese código que no tuvieran convalidación del gobierno bonaerense.
Por eso también aparecen otras normas ligadas a proyectos que no son de viviendas, como la que autoriza la instalación de la fábrica de baterías de litio de la UNLP, la urbanización de la cantera de Gorina, la instalación del shopping de IRSA, la construcción del Polo Electoral en Meridiano V o la instalación del reservorio de agua de Los Hornos, entre otros.
Como continuidad de esa decisión, Alak elevó en las últimas horas el anteproyecto para el tratamiento administrativo de esos loteos ilegales. El mismo -según se informó desde la Comuna- cuenta con el "visto bueno" de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, organismo encargado de formalizar la convalidación normativa provincial.
Pero además, según informaron desde la Comuna, la propuesta ya cuenta con el visto bueno de los organismos provinciales competentes para su convalidación, entre ellos la Autoridad del Agua (ADA), la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial (Dpout) y el Ministerio de Ambiente. "Este aval técnico e institucional constituye un antecedente fundamental, ya que fue obtenido con anterioridad al tratamiento legislativo, garantizando así que el texto cuenta con el respaldo técnico provincial", explicaron a 0221.com.ar voceros municipales.
Pese a que ya pasaron cinco meses de la firma de ese decreto y restan pocos días para que caduque la suspensión de las ordenanzas, hasta ahora la Municipalidad de La Plata nunca informó oficialmente la lista de emprendimientos con irregularidades, por lo que crece la incertidumbre y preocupación de los afectados. En ese marco, desde la Comuna se aclaró que "dada la sensibilidad y complejidad técnica de la información involucrada -y entendiendo los distintos ajustes que conllevan las distintas etapas de diagnóstico, discusión, propuestas, etc.- su difusión masiva sin el debido acompañamiento podría haber derivado en interpretaciones erróneas o confusión en la ciudadanía".
Se agregó que, por ese motivo, durante el proceso "se habilitó un canal específico de consultas sobre información urbanística, a fin de brindar respuestas claras y orientadas a los vecinos y vecinas".
En ese marco, acceder a esa información resulta engorroso, ya que exige el rastreo de la información en las 76 ordenanzas suspendidas, las cuales -en su mayoría- no ofrecen datos claros de ubicación. En algunos casos se explicitan las calles, pero en otros solo las coordenadas catastrales que obligan a un trabajo de geolocalización más profundo.
En base a información catastral, relevando el texto de las 76 ordenanzas suspendidas, 0221.com.ar confeccionó el siguiente mapa del distrito en el que se ubican los emprendimientos que están en suspenso.
Cada punto del mapa cuenta con la información del barrio en el que está localizado el loteo o proyecto de urbanización cuya legalidad está cuestionada, la ordenanza en la que está incluido y fue suspendida por el Decreto Municipal 2414/24, y la fecha en que la misma había sido aprobada por el Concejo Deliberante.
Aparecen allí proyectos de distintas características, pero en su mayoría están relacionados lotes a los que se les asignaron indicadores urbanísticos que habilitaron el avances de las obras destinadas a vivienda en zonas en las que hasta ese momento no estaba permitido. En algunos casos son terrenos que aún no tienen construcciones, en otros se observa un avance y también hay proyectos terminados y habitados. De acuerdo a un informe de la Comuna, los emprendimientos en ejecución o en proyecto superan las 2.000 hectáreas, tienen una población potencial estimada en 300.000 habitantes y actualmente ya hay 2.800 viviendas construidas.
En el mapa también se observa la dispersión territorial de esos proyectos, ubicados a lo largo y ancho del todo el distrito, con especial concentración en zonas como Arana al sur y sudoeste, Gorina y City Belll al norte o Melchor Romero y Abasto al oeste.
En los fundamentos de ese decreto de 2024, se indicaba que la suspensión de las obras y trámites administrativos "de más de 400 barrios se debe a que los mismos violan la legislación provincial vigente y por tanto deberán ser readecuados".
Agregaba que la medida fue dispuesta luego de los distintos dictámenes elaborados por la Provincia que advertían que hasta tanto las ordenanzas locales no fueran convalidadas legalmente, el Municipio solo podría aprobar intervenciones y autorizar edificaciones dentro del Código de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo vigente.
De acuerdo a los estudios realizados por la Municipalidad antes de suspender las 76 ordenanzas, los barrios tramitados de forma irregular duplican "irresponsablemente" el espacio urbano en la capital bonaerense y, además, están invadiendo la zona hortícola.
El informe con el que la gestión municipal difundió la prohibición indica que hoy la zona urbana de la ciudad se extiende a 250 kilómetros cuadrados, que en esta superficie viven 800 mil personas de los cuales 400 mil carecen de cloacas y 200 mil de agua potable, pavimentación, iluminación y el sistema de transporte es aún deficiente.
Así, según se analizó, los nuevos barrios, conllevarían a la casi duplicación del espacio urbano actual sin que existan recursos suficientes para dotar esta extensión de los servicios urbanos indispensables.
Entre las irregularidades denunciadas se indicaba que "la ejecución de obras sin la debida convalidación provincial y violando al Artículo N° 83 de la Ley N° 8.912 (Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo), conllevaría la tipificación penal del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (artículo 248 y 249 del Código Penal), ello sin perjuicio de la posible existencia de otros delitos penales, como fraude a la administración pública".
Esa decisión tuvo más adelante su correlato en la Justicia con una denuncia penal y en las últimas semanas fueron imputados exfuncionarios y empresarios, entre ellos el exintendente Julio Garro, su secretaria de Planeamiento María Botta, el exdirector general de Obras Viales Marcelo Genoro y el exsubsecretario de Servicios Públicos Nahuel Paradela.
La medida también recayó sobre Ariel Bordigoni, de la empresa Bordigoni y Cía SRL; Facundo Dadin, titular de Sol Vial Construcciones; Cecilia Mayocchi y Leandro Arrechea de Agrycon.