La defensa de Patricia Godoy, condenada en primera instancia en el marco del caso del cuádruple femicidio en La Loma, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para intentar revertir el rechazo de una impugnación federal que, según los abogados, fue desestimada por una cuestión estrictamente formal: el supuesto exceso en la cantidad de renglones por página.
Los letrados sostienen que la decisión cerró el acceso a una revisión judicial de los agravios vinculados con la libertad personal de su asistida, que permanece detenida mientras se revisa una condena que todavía no está firme.
La presentación fue dirigida al presidente del máximo tribunal nacional, Horacio Rosatti, y lleva las firmas de los abogados Ignacio Fernández Camillo, Agostina Balastegui y Andrés Noetzly, defensores particulares de la condenada. El recurso cuestiona la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCJ) que denegó el recurso extraordinario federal por considerar que el escrito excedía el límite de 26 renglones por página establecido en la Acordada N°4/2007 de la Corte nacional.
Los abogados calificaron esa decisión como un supuesto de "exceso ritual manifiesto" y solicitaron que se declare mal denegado el recurso extraordinario, para que la Corte Suprema pueda examinar los planteos de fondo. Entre ellos mencionaron la legalidad de la privación de la libertad, el debido proceso y la falta de perspectiva de género en las resoluciones dictadas durante el recorrido judicial del caso.
El planteo de la defensa se dirige contra la resolución identificada como RR-2527-2026 de la SCJ. Según reconstruyeron los abogados, el máximo tribunal provincial rechazó el recurso extraordinario federal sin analizar las cuestiones constitucionales que habían sido invocadas, con fundamento exclusivo en el supuesto incumplimiento del límite de renglones por página. Para los defensores, esa decisión no constituye una mera cuestión de orden procesal y argumentan que la aplicación de esa exigencia formal impide que se examinen agravios relacionados con derechos fundamentales, clausurando una instancia de revisión en un expediente en el que está en juego la libertad de una mujer detenida.
La queja fue presentada con sustento en el artículo N°14 de la Ley N°48 y el artículo N°285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En el escrito, los letrados afirmaron que la denegación se notificó el 7 de octubre y sostuvieron que su presentación se realizó dentro del plazo legal. También señalaron que Godoy cuenta con el beneficio de litigar sin gastos, concedido definitivamente el pasado 15 de septiembre, luego de informes socioambientales y consultas a los registros de propiedad inmueble y automotor.
Godoy fue juzgada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 y el 29 de diciembre de 2025 fue condenada a 4 años y 6 meses de prisión por falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa criminal, además de imponerle las accesorias legales, las costas y una inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena.
La acusación se vinculó con la declaración que prestó como testigo en la investigación por el cuádruple femicidio de Susana De Bartole, Bárbara Santos, Micaela Galle y Marisol Pereyra, ocurrido en 2011.
La sentencia dispuso la detención inmediata de Godoy, que se hizo efectiva ese mismo día. Sin embargo, la condena no está firme y es objeto de revisión ante la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense.
La defensa oficial, a cargo de la abogada Fabiana Ripani, recurrió la sentencia el 19 de febrero de 2026 y, posteriormente, los abogados particulares ampliaron los fundamentos del recurso, por lo que el 11 de agosto de 2026 se realizó una audiencia ante Casación. En la presentación que ahora llegó a la Corte Suprema nacional, los defensores aclararon que la queja no tiene por objeto directo revisar esa condena, sino cuestionar la denegación del recurso extraordinario federal en el marco de las discusiones sobre la libertad de Godoy.
Uno de los argumentos centrales del escrito es que, durante aproximadamente 7 meses, seis órganos judiciales intervinieron en los distintos planteos de la defensa sin que, según su interpretación, se realizara un examen sustancial de todos los agravios relacionados con la libertad personal. La presentación reconstruye una sucesión de decisiones que comenzó con la detención inmediata tras la condena y continuó con pedidos de excarcelación, hábeas corpus, apelaciones y recursos extraordinarios.
Los defensores cuestionan que las distintas instancias hayan cerrado o derivado los planteos por motivos formales, cuestiones de competencia o exigencias procesales, sin dar una respuesta integral a los argumentos que habían formulado.
En ese recorrido, el TOC N° 4 rechazó inicialmente la excarcelación, aunque luego concedió la morigeración de la prisión preventiva mediante arresto domiciliario con monitoreo electrónico. La Cámara de Apelación y Garantías rechazó el hábeas corpus por mayoría, con un voto en disidencia favorable a la defensa. Posteriormente, la Sala IV de Casación declaró inadmisible un hábeas corpus originario y luego la Suprema Corte bonaerense rechazó también el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra esa decisión. Ahora, los abogados pretenden que la Corte nacional revise el rechazo del recurso federal y habilite el tratamiento de los agravios constitucionales.
La defensa también denunció que las resoluciones anteriores no incorporaron una perspectiva de género adecuada para evaluar la situación de Godoy. Los abogados sostienen que el análisis de su situación personal y de la legalidad de su detención debía contemplar las circunstancias particulares de una mujer que permanece privada de la libertad en virtud de una condena todavía recurrida. En ese sentido, invocaron garantías de la Constitución Nacional y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular las vinculadas con la defensa en juicio, el debido proceso y la protección judicial efectiva: el escrito menciona los artículos N°18 y N°75, inciso 22, la carta magna argentina y los artículos N°8.2, inciso h, y N°25 de la citada Convención.
Los defensores también cuestionan que la discusión haya quedado atrapada en cuestiones procesales sin una respuesta suficiente sobre la afectación que, a su entender, esas decisiones producen en la libertad personal de su asistida. Se trata de argumentos formulados por la defensa que deberán ser evaluados por el tribunal competente si se habilita la instancia solicitada.
La discusión sobre la libertad de Godoy tuvo distintos capítulos desde la sentencia de diciembre de 2025. El 2 de enero de 2026, la defensa oficial solicitó la morigeración de la prisión preventiva mediante arresto domiciliario. El TOC N°4 concedió esa modalidad el 13 de marzo, con monitoreo electrónico; y rechazó el pedido de excarcelación. La decisión fue apelada por el fiscal Mariano Sibuet y por el particular damnificado Osvaldo "Alito" Martínez, patrocinado por los abogados Horacio Samamé, Sebastián Chouela y Belén Chapur.
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal confirmó la morigeración. Más tarde, en el marco de los planteos de hábeas corpus, la discusión volvió a escalar hacia Casación y la Suprema Corte provincial. La defensa sostiene que la sucesión de rechazos y decisiones de inadmisibilidad impidió que se examinara de manera suficiente el conjunto de los agravios sobre la libertad personal.
En el tramo final de la presentación, Fernández Camillo, Belastegui y Noetzly solicitan que el máximo tribunal nacional declare mal denegado el recurso extraordinario federal y habilite su tratamiento. El objetivo es que se examinen las cuestiones constitucionales planteadas, entre ellas la afectación del debido proceso, el acceso a la justicia, la libertad personal y la perspectiva de género.
La queja no implica que la Corte Suprema haya aceptado intervenir ni que haya ordenado la liberación de Godoy, sino que se trata de un pedido para que el tribunal revise la decisión que impidió la apertura de la instancia extraordinaria. Mientras tanto, la condena continúa bajo revisión en una sala del Tribunal de Casación Penal bonaerense y la disputa sobre las condiciones de detención sigue abierta.
La nueva presentación suma así otro capítulo a una causa que combina la gravedad de la condena por falso testimonio agravado con una prolongada controversia procesal sobre la libertad de Godoy y las vías judiciales disponibles para revisar las decisiones que la mantienen detenida.
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