La polémica entre el gobierno nacional y el bonaerense sumó un nuevo capítulo, luego de que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, asegurara públicamente que la Justicia "tiró abajo" la denuncia impulsada por Axel Kicillof contra 24 efectivos de la Policía Bonaerense. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por 0221.com.ar afirmaron que la causa "no fue desestimada" y que continúa abierta, en plena etapa de producción de pruebas.
Bullrich había publicado en sus redes sociales un mensaje en tono desafiante: "Denuncia trucha. El inútil de Kicillof inventó una conspiración para perseguir a 24 policías. Los suspendió, afectando su trabajo, sus vidas y las de sus familias por puro chiquitaje político. La Justicia la tiró abajo. Reincorpórelos y déjese de joder. La provincia de Buenos Aires necesita seguridad, policías y mucho laburo. ¡Basta de estar del lado de los delincuentes!".
Pero la versión de la funcionaria nacional fue desmentida por fuentes con acceso directo al expediente. Según indicaron, la investigación se encuentra bajo la órbita del fiscal Álvaro Garganta -quien reemplaza temporalmente a su colega Juan Cruz Condomí Alcorta, de licencia- y se prepara para retomar actividad tras la feria judicial, que finaliza este viernes 1° de agosto.
Bondarenko
La Justicia de La Plata sigue invstigando al relación entre Maximiliano Bondarenko y los policías desplazados.
Una investigación en La Plata que apunta a malversación de recursos
De acuerdo con la información judicial, el expediente analiza un presunto uso indebido de recursos del Estado -como computadoras, mobiliario e impresoras- para fines políticos, específicamente en la campaña de Maximiliano Bondarenko, excomisario y actual candidato libertario en la Tercera Sección Electoral bonaerense.
Esta línea de investigación encuadra, en principio, en el delito de malversación de recursos públicos, un tipo penal que castiga el desvío de bienes estatales para beneficios particulares o proselitistas. Según trascendió, la hipótesis de la conspiración que mencionó el gobernador Kicillof no ha sido descartada, sino que forma parte del análisis de pruebas y testimonios que se retomarán en los próximos días.
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Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, es uno de los voceros del gobierno provincial en este caso.
Foto: Ignacio Amiconi | AGLP
Choque político y batalla mediática
El cruce entre Bullrich y Kicillof no es nuevo. La Ministra, referente del ala dura del gobierno nacional, ha acusado en reiteradas oportunidades al mandatario bonaerense de "proteger delincuentes" y de "politizar" la seguridad pública. Esta vez, el eje de la disputa se centra en un grupo de policías que fueron desafectados preventivamente mientras se sustancia la investigación.
La posición de la administración provincial es que la medida preventiva es necesaria para evitar cualquier obstrucción o manipulación de pruebas mientras se investigan los hechos. Por el contrario, el discurso de Bullrich y de medios aliados al oficialismo nacional plantea que se trató de una maniobra política para perjudicar a efectivos que no comulgan con el kirchnerismo.
Lo que viene
La causa judicial retomará impulso a partir de la próxima semana, con la expectativa de que el fiscal Garganta ordene nuevas medidas de prueba que incluyen peritajes sobre equipos informáticos y la citación de testigos clave.
En ese marco, las fuentes consultadas remarcaron que "no hay ninguna resolución judicial que haya cerrado la causa" y que "toda comunicación que afirme lo contrario es falsa". De esta manera, el caso se convierte en un nuevo terreno de disputa política en medio de una tensión creciente entre la Casa Rosada y la gobernación bonaerense.
